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La precandidata a la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, presentó este miércoles un paquete de propuestas para atender la crisis en los servicios de salud que atraviesa el país, entre ellas el fortalecimiento de la operación del Hospital de Trauma, en el Centro Médico de Río Piedras, y la creación de una unidad de fiscales especializada en defender los derechos de los pacientes.

En esta primera entrega de sus propuestas en el tema de salud, González hizo pública también su intención de ampliar los servicios de salud mental, retener la nueva generación de médicos y fomentar la preparación profesional en la atención clínica y médica de la población de adultos mayores. “Salud mental va a ser uno de los temas principales en mi administración”, agregó González.

Al hacer referencia a datos de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (Assmca), González dijo que durante la pandemia de COVID-19 la Línea PAS recibió 3,719 llamadas por intentos suicidas. En 2023, las llamadas por este tipo de emergencias se elevaron a 6,787. “La realidad es que Puerto Rico no tiene suficiente personal especializado, ni las facilidades y los programas adecuados para atender la cantidad de pacientes que necesitan ayuda”, expuso.

Indicó, además, que en el país ha habido un alza en la medicación con benzodiacepinas (Klonopin, Xanaz) para atender la ansiedad. Según datos de Assmca, publicados el año pasado, más de un millón de personas en Puerto Rico entregaron casi tres millones de recetas de benzodiacepinas, dijo. “El 75% de estas recetas son de personas entre 45 y 79 años”, expresó. “Estos medicamentos se suponen que se utilicen a corto plazo”, detalló.

Durante la conferencia de prensa, González estuvo acompañada por varios candidatos, entre ellos su compañero de papeleta y aspirante a comisionado residente en Washington, Elmer Román, así como por el expresidente del Colegio de Médicos, Víctor Ramos.

Según la precandidata, en el proceso de elaborar sus propuestas de Salud ha contado con la asesoría de diversos profesionales, como el exsecretario de Salud, Lorenzo González, y el cirujano vascular Jorge Martínez Trabal.

Otro de los temas en los que enfatizó González fue en lograr las condiciones para que el Hospital de Trauma, en el Centro Médico, sea certificado como una institución Nivel 1 por el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos. Para ello, tiene que existir la disponibilidad de recursos –humanos y materiales– para atender con rapidez al paciente, explicó la aspirante.

“La principal causa de muerte entre niños y jóvenes es un trauma. La principal causa de incapacidad es un trauma. El 80% de las personas que sufren un trauma mueren dentro de la primera hora, así que si no se trabaja en una hora, esa persona puede quedar afectada de por vida o morir”, aseveró González. Actualmente, el Hospital de Trauma es Nivel 3.

El primer paso para lograr esta recertificación, dijo, será eliminar los requisitos “burocráticos” que imponen ciertas instrumentalidades públicas a la institución y que “impiden” dar este paso. También habría que, por ejemplo, construir una nueva sala de operaciones adicional. “Este es el Centro de Traumas de Puerto Rico. No puede atenderse como un parchito este año y como un parchito el otro año”, señaló.

González no descartó la construcción de un Hospital de Trauma en Mayagüez, pero dijo que “en este momento” está enfocada en reforzar los servicios que ya se ofrecen en el Centro Médico de Río Piedras. “Pero mantengo reuniones para viabilizar cómo atendemos la situación de trauma en el oeste. Y no lo descarto, pero hoy no estoy lista para hacer una presentación sobre eso”, expuso a preguntas de El Nuevo Día.

Respecto a la creación de una unidad especializada dentro del Departamento de Justicia, González destacó que este equipo se dedicaría “exclusivamente” a hacer valer las leyes que cobijan a los pacientes de prácticas cuestionables por parte de los planes médicos e instituciones hospitalarias. Actualmente, esta responsabilidad recae principalmente en la Oficina del Procurador del Paciente (OPP), pero este organismo –aunque con el andamiaje legal necesario– tiene un presupuesto de $1.8 millones, reconoció.

“Cinco abogados, 120 horas para dos abogados es lo que hay hoy allí. No hay manera de que se puedan defender los derechos de los pacientes con esa asignación de recursos”, expuso.

En 2022, según datos provistos por González, se registraron 2,409 querellas ante la OPP. De estas, 1,212 estaban relacionadas con servicios ofrecidos por médicos y 888 con las aseguradoras. “El 80% de estas querellas fueron por pobre calidad en el servicio”, reveló. “Yo no me voy a hacer de la vista larga cuando cualquiera de estos profesionales pongan en tela de juicio o en situaciones difíciles a los pacientes”, afirmó.

Otras propuestas de la comisionada residente son equipar a la Assmca con ambulancias especializadas para atender pacientes con crisis emocionales, erradicar la Hepatitis C entre la población del sistema correccional e integrar los servicios de la Administración de Compensaciones por Accidente de Automóviles, la Administración de Rehabilitación Vocacional y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

Asimismo, anticipó la revisión de las leyes aprobadas localmente dirigidas a promover a Puerto Rico como sede del turismo médico para el Caribe. Consignó que los únicos acuerdos logrados en esta dirección son con las Islas Vírgenes Americanas.

Sobre el asunto, comentó que “no hemos hecho nada para ampliar eso a las Islas Vírgenes Británicas y el resto de los países del Caribe”.

Para hacer realidad algunas de estas propuestas, anticipó que habrá que buscar fondos adicionales, pero para otras aclaró que será necesario enmendar o desarrollar nueva legislación. Mientras, consideró que otras áreas, como el desarrollo del turismo médico, podría generarle dinero al gobierno.