Editorial

El Negociado de la Policía de Puerto Rico debe intensificar sus gestiones para lograr el cumplimiento de la abarcadora reforma esbozada desde 2008 con un plan preciso de mejoramiento que incluye desarrollar un programa de reclutamiento dirigido a reforzar y profesionalizar las operaciones de esta importante agencia estatal.

Datos divulgados por primera vez en días pasados confirman que el fentanilo, un opioide sintético entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, se ha convertido en el principal producto en el mercado de drogas ilegales en Puerto Rico. Es un asunto que merece la atención urgente de las autoridades, pero ojalá que no en los estrechos términos en que, por lo general, se mira desde los ámbitos oficiales el serio problema de la dependencia de narcóticos en la isla.

En ruta hacia la aprobación de un Plan de Ajuste de la Deuda, que le permitirá a Puerto Rico dejar atrás la incertidumbre del proceso de quiebra y enfrentar con madurez sus compromisos, esperamos que prevalezca la responsabilidad y el sentido del deber entre los hombres y mujeres de la Asamblea Legislativa, que consideran hoy la pieza crucial a esos fines.

El proyecto para evitar que una fértil zona de cultivo en la región sur quede abandonada debido a los escollos que pusieron en riesgo su abundante producción de tomates, es una iniciativa prometedora que se suma a otros valiosos esfuerzos para fortalecer la gestión agrícola en Puerto Rico.

Los avatares de la literatura puertorriqueña de buena parte del siglo pasado, y hasta el pasado lunes, no pueden explicarse sin la dedicación y el desprendimiento de Norberto González, librero y editor fallecido en San Juan, cuya vida sirvió para demostrar que, detrás de una obra, siempre tiene que haber un gestor comprometido.

Una mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dado un paso firme y necesario a favor de la democracia puertorriqueña, al anular la pretensión, tan burda como peligrosa, de los poderes políticos de quebrantar la separación que, como sabiamente dispone la Constitución, debe existir entre las ramas de gobierno.

La distribución de más de $1,000 millones, por parte del Departamento de la Vivienda, para la reparación o reconstrucción de hogares dañados por el huracán María debe abrir la puerta a que se haga justicia a miles de familias damnificadas, sumando un potencial de impacto inmenso sobre la economía de Puerto Rico.

El Departamento de Justicia de Puerto Rico camina en la dirección correcta al reconocer el alarmante deterioro del Albergue de Víctimas y Testigos de Delitos que administra desde hace tres décadas. El paso obvio e inaplazable es agilizar los trámites conducentes a la rehabilitación de la estructura que debería ser un refugio seguro para quienes necesitan justicia y protección.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: