El gobierno de Puerto Rico informó que sometió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) los datos relacionados con la nómina del personal de confianza que el organismo había requerido más temprano esta semana, tras advenir en conocimiento de aumentos salariales concedidos sin que mediara una autorización.

El director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, quien previamente había indicado que el gobierno no tenía “visibilidad” sobre el total de transacciones relacionadas con los empleados de confianza, señaló el viernes en la noche que se había cumplido con la solicitud de información.

“La OGP compartió la información fiscal que obra en nuestros sistemas en cuanto a las transacciones del personal de confianza. Continuaremos colaborando con la Junta en el análisis de esta información y cualquier otra que se requiera en el proceso”, expresó por escrito.

El Nuevo Día solicitó este sábado a la OGP una entrevista con Blanco para abundar sobre el detalle de la información remitida, pero la oficial de prensa Wilmelis Márquez indicó que, por el momento, no se emitirían expresiones adicionales ni se divulgaría la documentación entregada a la JSF. La portavoz agregó que, tras someter la información el viernes, la JSF requirió datos adicionales, sobre los que no abundó.

El pasado martes, el director de Investigación de Política Pública de la JSF, Arnaldo Cruz, advirtió que los aumentos otorgados sin aval no se utilizarían como referencia para el plan de clasificación y retribución del personal de confianza que se encuentra en proceso de confección entre la administración de Pedro Pierluisi y el organismo fiscal.

“Nosotros no utilizamos los salarios de los incumbentes para trabajar el plan. Los salarios de los incumbentes son irrelevantes. Los salarios y las clases que fije el plan estarán basados en los salarios de mercado y la relación entre puesto de carrera y confianza”, dijo Cruz entonces.

El requerimiento de la JSF al gobierno –al que le concedió un plazo que vencía el viernes– abarcaba las transacciones en la nómina de confianza realizadas a lo largo de los pasados seis meses.

En su entrevista con este diario, Cruz afirmó que la JSF desconocía los aumentos otorgados al personal de confianza, que Blanco había confirmado a El Nuevo Día más temprano este mes y que Pierluisi defendió días después.

“Definitivamente que se justifica y falta. Faltan más ajustes, porque los supervisores tienen que ganar más que los supervisados. Ya nosotros hemos ajustado los salarios de la gran mayoría de los funcionarios de carrera del gobierno”, expresó el primer ejecutivo el 4 de abril.

Pese a la supuesta falta de visibilidad en torno a los ajustes de sueldo, Blanco ha estimado que el año fiscal concluirá con una nómina de confianza 20% por debajo de los $98.2 millones asignados en el presupuesto para ese gasto.