El gobernador Pedro Pierluisi justificó este jueves el ajuste salarial que tuvieron los empleados de confianza del gobierno central, al alegar que la remuneración económica a los supervisores debía aumentarse y que los sueldos tenían que ser competitivos con la empresa privada.

Recalcó, además, que el gobierno aguarda por el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a un plan de clasificación y retribución para estos trabajadores.

“Definitivamente que se justifica y falta. Faltan más ajustes, porque los supervisores tienen que ganar más que los supervisados. Ya nosotros hemos ajustado los salarios de la gran mayoría de los funcionarios de carrera del gobierno. Los funcionarios de carrera en el gobierno son más del 95% de los empleados públicos en Puerto Rico”, dijo, al concluir una actividad en Canóvanas para adultos mayores.

A pesar de que, en este caso, los incrementos de salario se hacen en año electoral, Pierluisi los defendió al amparo del Plan de Clasificación y Retribución puesto en vigor en 2023 para los empleados de carrera del gobierno central. Enfatizó que se trata de “un concepto básico de administración”, porque los supervisados no pueden ganar más que los supervisores.

“Hay un personal gerencial, supervisor, que es un concepto básico de administración, que debe ganar más, tener una compensación mayor que el personal que está siendo supervisado por ellos y ellas. Hemos estado en el proceso de hacer eso dentro del presupuesto que tiene el gobierno”, afirmó.

El director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, confirmó a El Nuevo Día que se concedió un ajuste salarial a los empleados de confianza, pero no pudo precisar cuántos trabajadores se beneficiaron con el alza. Tampoco proveyó un listado completo de la cantidad de empleados de confianza beneficiados con los ajustes de salario, por agencia, y el total de gasto que representa para el erario. Alegó que no tenía datos sobre el impacto fiscal de los ajustes, pero que se concedieron sobre la base del presupuesto aprobado para nómina de confianza en cada agencia.

Tras la información divulgada por este medio, el representante del distrito 25, Domingo Torres García, exigió que, en un término de 10 días laborables, el gobierno entregue información sobre empleados de confianza y aumentos salariales concedidos, por agencia y cantidad, a la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara. El pedido fue dirigido, específicamente, a la OGP y la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos.

Por su parte, Pierluisi recalcó que la JSF tiene bajo su “revisión” un plan de clasificación y retribución para empleados de confíanza.

“Ahí, lo que sucederá es lo mismo que sucederá con el plan de clasificación y retribución para el personal de carrera, que es que si cualquier personal de confianza, gerencial, su paga es menor a la que tendría en el sector privado o es menor que la de sus supervisados, va a tener un alza salarial”, explicó.

Detalló que, bajo cualquiera de esos dos parámetros, se le concedería un alza de sueldo al empleado ubicado en un cargo de confianza, que Pierluisi ha repetido debe estar afín con su administración.

Dijo, de paso, que se hicieron reclutamientos de este tipo de personal “por necesidad”. Mencionó, por ejemplo, que se requerían ingenieros para proyectos de gerencia y que también algunas agencias, como la OGP, necesitan “puestos importantes gerenciales”.

“Lo importante es que no nos excedamos en el gasto a base del presupuesto que tenemos”, puntualizó Pierluisi, quien previamente defendió la nómina de confianza del Departamento de Educación, que tiene un costo para el erario de $8.4 millones al año.

En 2021, la nómina para puestos de carrera ascendía a $2,136.5 millones, la de confianza era de $62.5 millones y la de los cargos transitorios fue de $94.8 millones. Ahora, en 2024, la nómina de puestos de carrera es de $2,343.9 millones, para los de confianza se destinan $98.2 millones y hay $141.7 millones dispuestos para los cargos transitorios, de acuerdo con la información provista por la OGP.

La secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez Vega, confirmó que devenga mensualmente $8,888.88, una cantidad inferior a la que ganan dos empleadas de confianza: una que se desempeña como secretaria auxiliar, quien gana $8,903 al mes, y la otra, una secretaria asociada, que cobra $10,464.