Tras requerir información sobre los recientes aumentos salariales de empleados de confianza del gobierno central, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió este martes que esos ajustes de sueldo no se tomarán como punto de partida o referencia al establecer el plan de clasificación y retribución para este personal, un documento que aún sigue en desarrollo.

En entrevista con El Nuevo Día, el director de Investigación de Política Pública de la JSF, Arnaldo Cruz, adelantó, de paso, que el plan de clasificación y retribución para el personal de confianza se ejecutará el próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio.

“Nosotros no utilizamos los salarios de los incumbentes para trabajar el plan. Los salarios de los incumbentes son irrelevantes. Los salarios y las clases que fije el plan estarán basados en los salarios de mercado y la relación entre puesto de carrera y confianza”, enfatizó Cruz, un día después que el ente fiscal concedió al gobierno hasta este viernes, 12 de abril, para que presente todas las “transacciones de personal realizadas con empleados de confianza” en los últimos 180 días.

Cruz comentó que la JSF desconocía sobre los aumentos salariales concedidos a los empleados de confianza, reseñados la semana pasada por este medio. “No tenemos acceso a los sistemas de información del gobierno. No tenemos el detalle de las acciones de personal del gobierno”, dijo al exponer las razones.

Señaló, en tanto, que el plan de clasificación y retribución para el personal de confianza pretende abordar “disloques” que puedan existir entre supervisores y supervisados. Se refirió a la posibilidad de que un supervisor del gobierno gane menos que un empleado suyo.

“Hay situaciones que pueden ser muy legítimas en las agencias, que provoquen que se hagan ajustes para atenderlas. Pero nosotros (la JSF) no tenemos la información para poder validarlo. Por eso, se está pidiendo la información”, destacó.

“La idea es poder implementar el plan de clasificación para los (empleados) de confianza e incluirlo en el plan fiscal. No podemos decir que será el 1 de julio. Todo depende de cómo sigamos trabajando en el diseño, las guías, la implementación correcta. Nosotros entendemos que, si seguimos trabajando en conjunto, esto se va a poder implementar a principios del año fiscal”, agregó.

En una carta con fecha del 8 de abril y dirigida al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, la JSF advirtió que “cualquier aumento salarial para los empleados de confianza implantado fuera del proceso presupuestario y sin aprobación previa de la Junta de Supervisión sería contraria a los objetivos fiscales y a la autoridad presupuestaria establecida bajo la ley Promesa”.

La misiva está firmada por Robert F. Mujica, director ejecutivo de la JSF, y se remitió copia al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero, y a la directora ejecutiva de la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos, Zahira Maldonado, que está a cargo de elaborar el plan de clasificación y retribución.

La petición de información de la JSF surgió luego que El Nuevo Día reveló que el gobierno había concedido aumentos salariales a los empleados de confianza, pero la OGP no proveyó a este medio datos sobre el impacto fiscal o el desglose sobre la cantidad de funcionarios beneficiados por agencia.

Tanto Blanco como el gobernador Pedro Pierluisi defendieron los incrementos de sueldo. En específico, el titular de la OGP argumentó que se otorgaban porque se contaba con el presupuesto para ello y era meritorio tras la implantación, en 2023, del plan de clasificación y retribución para los empleados de carrera. El mandatario anticipó que habría más alzas.

Al omitir datos sobre la cantidad de funcionarios beneficiados, Blanco había dicho a El Nuevo Día que no tenían “visibilidad” sobre el número total de transacciones con los empleados de confianza y que el sistema de la OGP no les permitía segregarlos para saber cuánto era el impacto fiscal.

En la carta del pasado lunes, la JSF planteó que enviará al gobierno una “plantilla de Excel” con el fin de que provea la información requerida.

Tras la divulgación de la misiva, Pierluisi dijo este martes, a preguntas de periodistas sobre por qué la JSF no tenía la información sobre los ajustes salariales a los empleados de confianza, que “es imposible tú dar la información constantemente sobre todos los temas”. “Nosotros damos información en la medida en se requiere”, agregó.

El gobierno, por virtud de la ley Promesa, debe dar cuenta y requerir el aval de la JSF de toda movida que implique un impacto fiscal significativo.

Entretanto, Blanco dijo, en entrevista telefónica, que aguardan por la plantilla para identificar la información requerida. Además, expresó que, como el pedido no se limita a ajustes salariales, sino a toda transacción en los pasados 180 días con los empleados de confianza, “eso es más fácil de poder identificar dentro del sistema”.

“En la medida en que no haya algún tipo de inconveniente en cuanto a aspectos técnicos, pues nosotros cumplimos con los ‘deadlines’ (fechas de entrega), según nos lo presentan. Si hubiese algún tipo de inconveniente, entonces, como parte de ese diálogo con la Junta, (estaremos) revisando la fecha para proveer la información”, indicó.

“Yo no sé los campos de información que la Junta me va a estar pidiendo. Yo puedo trabajar con el sistema que tenemos, en estos momentos, con peticiones de distinción entre empleados de carrera y empleados de confianza. Pero ya, cuando entras en un nivel de transacción, tengo que ir transacción por transacción para poder hacer esa evaluación”, detalló.

Blanco no descartó que sea necesario que la JSF le asigne “gente” para proveer y revisar la información requerida. La JSF indicó, a través de su portavoz, Sylvette Santiago, que “trabajará con el gobierno para solucionar los problemas de datos que les impiden producir informes al momento”.

“Si yo me tengo que sentar y revisar miles de planteamientos para poder identificar cuáles son los que son responsivos a la solicitud, eso, siendo honesto, puede resultar en una carga onerosa para propósitos de nosotros continuar operando”, aclaró el jefe de la OGP.

Recalcó, sin embargo, que los ajustes salariales concedidos a los empleados de confianza “no han tenido ningún impacto incremental” sobre el presupuesto, porque se han hecho usando los $98.2 millones asignados para la nómina de empleados de confianza durante el año fiscal en curso.

“La proyección es que vamos a tener un gasto 20% por debajo de lo que es el presupuesto asignado”, anticipó Blanco.