El juez superior Juan Adames Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de Utuado, desestimó este viernes el caso contra un agente del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), adscrito al Precinto de Utuado, por presunto acoso sexual a una joven universitaria.

La decisión se tomó, tras una petición de la defensa, luego que la Fiscalía informó la incomparecencia de la víctima y testigo principal, pese a las gestiones para que virtiera su testimonio en la vista de determinación de causa para arresto en alzada contra Daniel González Medina.

“A la luz de lo que se le ha informado al tribunal, se desestima el caso... Se acoge la solicitud de la defensa y se desestima el caso... Estaremos emitiendo la sentencia correspondiente por escrito, pero la estamos adelantando en el día de hoy”, dictó el juez.

Tan pronto se abrieron los trabajos en la sala 1, del mencionado Centro Judicial, la fiscal Loures López, en compañía del fiscal Juan Ayala, informó que la joven no compareció a pesar de las múltiples comunicaciones y la advertencia de que era el último día de términos para celebrar la vista.

“Hemos tenido múltiples comunicaciones con la misma, se le ha notificado de forma clara que hoy es el ultimo día de términos, que necesitábamos que la misma compareciera a sala, para que vertiera su testimonio y este tribunal tuviera la oportunidad de escuchar el mismo. Entendemos que la misma no va a comparecer en la tarde de hoy”, dijo López.

Asimismo, la fiscal indicó que tuvieron la oportunidad de dialogar con la técnica de asistencia de víctimas en este caso. “Ella ha manifestado que no está preparada. Así que, en cuanto a la testigo, el Ministerio Público no está preparado y no tenemos justa causa”, abundó.

Ante estos argumentos, el licenciado Carlos Caraballo Rivera, representante legal de González Medina, pidió que se desestimara el caso. Insistió en que era el último día de términos para celebrar la vista y recordó que su representado ha comparecido a todas las audiencias pautadas.

“Así las cosas, nosotros vamos a solicitar la desestimación de esta causa debido a que han transcurrido los 60 días que se dispone para que se celebre esta vista”, mencionó Caraballo Rivera.

Desde sus inicios, este caso ha tenido múltiples traspiés, que llevaron a la posposición de las vistas pautadas. A modo de resumen, el juez informó en sala que se había pautado una vista para el 29 de abril, pero “la defensa indicó que no estaba preparada para ver la vista” en alzada.

Añadió que, posteriormente, hubo otro señalamiento para el pasado 23 de mayo, pero “se informó al tribunal que la alegada perjudicada no estaba disponible”, por lo tanto, se suspendió nuevamente la audiencia.

“Hubo una tercera vista, el 18 de junio de 2024, y como ustedes saben, fue la vista anterior a la del día de hoy y también el Ministerio Público informó que, a pesar de que la dama se encontraba en el tribunal, ella prefería que se viera otro asunto primero y que no se encontraba disponible para declarar en este caso”, mencionó Adames Ramos.

El juez recordó que, desde la vista del 23 de mayo, el tribunal le había informado a las partes -y así obra de las minutas- que hoy era el último día de los términos para celebrar la vista de determinación de causa en alzada, según las Reglas de Procedimiento Criminal.

Empero, el fiscal Ayala indicó que “la dama ha exteriorizado en varias ocasiones que no se siente preparada para enfrentar este asunto y y trajo a la atención del Ministerio Público que le confligió con otro asunto que tiene en este tribunal corriendo y esto le había causado una situación”.

“Cabe destacar, que el Ministerio Público le ha ofrecido y le ha dicho que está disponible la ayuda que ella necesitara en aras de trabajar esa situación. Al día de hoy, ella entendía los ofrecimientos de los servicios, pero, no obstante, no solicitó alguno”, puntualizó el fiscal.

El Ministerio Público recurrió en alzada en este caso luego de que el 23 de abril el juez Rafael Pérez Medina, del Tribunal de Primera Instancia de Utuado, no encontrara causa para arresto contra el agente, aunque repudió las comunicaciones del sospechoso en su carácter personal.

Según conoció este medio, la perjudicada en este caso acudió a un cuartel de la Policía estatal en Utuado para radicar una querella y, como parte del proceso, tuvo que brindar sus datos personales. Luego, la querellante alegó que comenzó a recibir mensajes de parte del policía.

Tras darse a conocer el caso, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, ordenó dos investigaciones: una en el ámbito criminal y otra de carácter interna, a través de la Superintendencia de Responsabilidad Profesional, cuyos procesos son auditados por el monitor federal.