A través de la Ley 25 de 1992, se conceden permisos extendidos a convictos que hayan sido diagnosticados con sida o alguna enfermedad terminal
Tras la liberación de Hermes Ávila Vázquez en medio de un proceso plagado de cuestionamientos por supuestos malos manejos, la Asamblea Legislativa tiene ante su consideración diversas medidas –recién radicadas– que trastocan, de una forma u otra, la Ley 25 de 1992, el estatuto bajo el cual el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) excarceló al convicto por asesinato.
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