Tras una auditoría externa, el Departamento de Corrección y Rehabilitación refirió el jueves al Departamento de Justicia los hallazgos preliminares de la evaluación hecha a expedientes médicos de Hermes Ávila Vázquez, imputado del asesinato de una mujer en Manatí, quien fue convicto de asesinato en primer grado y puesto en libertad en 2023 al amparo de la Ley 25 de 1992.

Corrección indicó en un comunicado que la auditoría a cargo de la empresa UTI Corp pudo constatar inconsistencias en la documentación, discrepancias en los diagnósticos y la ausencia de evidencia que confirme los diagnósticos hechos a Ávila Vázquez y que dieron paso a su excarcelación.

La agencia no entró en detalle sobre otros asuntos revelados que forman parte de un expediente médico y, por ende, son confidenciales.

“Ayer en la tarde, UTI Corp, empresa con la pericia para evaluar expedientes médicos, entregó los resultados de la auditoría preliminar de los últimos seis tomos del expediente médico de Ávila, así que de inmediato referí el caso al Departamento de Justicia para que inicie su investigación. De este modo, se garantiza la pureza de la investigación”, expresó Ana Escobar Pabón, secretaria del Departamento de Corrección.

Por otro lado, la agencia confirmó que entregó copia certificada del expediente completo del Programa de Comunidad de Ávila Vázquez, la lista certificada de todos los funcionarios del Programa que estuvieron a cargo de la supervisión de este confinado y su información de contacto.

“En cumplimiento de un subpoena emitido por el Departamento de Justicia el pasado 29 de abril, se entregaron todos los documentos solicitados”, agregó Escobar Pabón.

“Soy consciente de la necesidad apremiante que tiene la familia de la víctima, el pueblo y el Gobierno de Puerto Rico de conocer el resultado de esta investigación. Por esta razón he agilizado la entrega de expedientes al Departamento de Justicia para que inicie su investigación. El Departamento de Corrección y Rehabilitación continuará paralelamente su investigación.”, afirmó.

En tanto, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, confirmó mediante declaraciones escritas que recibió una serie de documentos recopilados por el Departamento de Corrección y el inicio de una investigación por parte de la agencia para examinar si se configuró algún delito en el proceso de excarcelación del convicto.

“Desde la semana pasada, en el Departamento de Justicia nos estuvimos preparando y sostuvimos varias reuniones internas para delinear la estrategia de investigación más efectiva. Igualmente, adelantamos varios requerimientos de información”, indicó el secretario.

De acuerdo al comunicado de Justicia, la agencia expidió alrededor de siete subpoenas dirigidos a obtener información y documentos de distintas agencias y corporaciones públicas y privadas vinculadas a este caso.

“Requeriremos toda la información que sea necesaria de cualquier entidad pública o privada que pueda aportar al proceso investigativo. Actuaremos con la responsabilidad que nos caracteriza, sin ceder a presiones ni agendas de ninguna índole. La investigación se realizará con prioridad y agilidad, pero tomará el tiempo necesario para descubrir la verdad y determinar si se cometió algún delito”, sostuvo Emanuelli, quien aseguró que la investigación “será abarcadora y meticulosa, para que se conozca la verdad y quien haya fallado asuma las consecuencias”.