A horas de que culmine la séptima y última sesión ordinaria del cuatrienio, la Asamblea Legislativa dio paso a una serie de medidas, incluido el proyecto para elevar el pago de las pensiones de los policías, un paquete de medidas que enmienda los procesos de permisos en la isla y el presupuesto del gobierno con cargos al fondo general para el año fiscal 2024-2025, ascendente a $13,062 millones.

Mientras, al momento de esta publicación continuaban esfuerzos dirigidos a incluir algunos elementos “críticos” que estaban contemplados en el Proyecto de la Cámara 1908 –derrotado por el Senado– en otras medidas pendientes a aprobación final, confirmó el representante por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Santa. “Hay varios proyectos que más o menos buscan eso mismo, pero con enmiendas técnicas que no tienen impacto fiscal”, sostuvo el legislador.

Ambas cámaras tienen hasta este domingo, a las 11:59 p.m., para llevar a votación final medidas ya aprobadas por ambos cuerpos.

El Proyecto de la Cámara 1908, entre otras cosas, implementaría un Impuesto Mínimo Global (IMG) de 15% sobre el ingreso industrial, similar a la política que han adoptado las principales economías del mundo para evitar la competencia contributiva a nivel internacional que se produce cuando los países adoptan bajas tasas impositivas para atraer inversión.

Otra medida que está en el tintero es una resolución senatorial para distribuir $20 millones en donativos legislativos a 644 entidades sin fines de lucro. En total, las solicitudes de estas organizaciones para este nuevo año fiscal ascendieron a $97 millones. “Eso crea una presión bien fuerte, además de que cada año son más las que cualifican y tienes el mismo dinero”, reconoció Santa, al indicar que el año pasado las entidades peticionarias fueron 598.

Adicional a los $20 millones, dijo, hay $1 millón en sobrantes correspondientes a este año fiscal que también serán distribuidos. A esto se suma que la Junta de Supervision Fiscal (JSF) acogió un reclamo de la Legislatura para que parte del dinero que se le otorgaba anualmente a SER de Puerto Rico, a través de la resolución de donativos legislativos, salga directamente del fondo general.

Aunque el reclamo inicial era que se le asignara $1 millón a través del fondo general, el ente fiscal acogió la suma de $750 mil. “El donativo legislativo busca que, como organización, puedas implementar cosas nuevas, pero en el caso de SER es un servicio constante y que, si no lo da, lo tiene que dar el gobierno. Así que, siempre hemos pensado que se le debe dar este dinero por presupuesto, como si fuese un contrato que tuviese el gobierno con ellos”, planteó Santa.

También pasó el cedazo de ambas cámaras un paquete de cinco medidas que reformulan el proceso de evaluación y concesión de permisos, en ocasiones permitiendo su otorgación por la vía rápida. Entre ellos, está el Proyecto de la Cámara 2058, que dispone que, en los proyectos subvencionados con fondos federales, las dependencias públicas o municipales tendrán 20 días laborables para emitir comentarios.

Parte del paquete es también el Proyecto de la Cámara 2061, que “clarifica” el alcance del “permiso de uso domiciliario”, mecanismo que permite que se utilice hasta el 25% del espacio del hogar residencial para operar un negocio sin la necesidad de ubicar rotulación. Este permiso tendría que ser concedido en 24 horas.

“Estos proyectos van en contra del mejor interés público y ubica, por encima del bien común, los intereses particulares del sector privado sin considerar las consecuencias socioeconómicas o los impactos medioambientales. Repudiamos la limitación de tiempo para evaluar las propuestas de permisos y los obstáculos para una amplia participación ciudadana, en aras de acelerar la otorgación de permisos que evidentemente son contrarios a la planificación urbana y el acceso a la justicia”, expuso el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en la Cámara, Denis Márquez.

Abordado sobre los cambios al presupuesto para el próximo año fiscal, Santa explicó que como parte de las negociaciones se logró incrementar el presupuesto que tienen disponible los municipios para reforzar el programa de Ama de Llaves y mantener una partida de $102 millones para uso de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

En ambas instancias, estos fondos estarán bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y su uso tendrá que ser justificado y aprobado por la JSF. “En términos generales te diría que no hubo mayores variaciones en el presupuesto. El ‘issue’ (asunto) mayor fue la dinámica del lenguaje que inicialmente era hasta cierto punto ofensivo”, señaló Santa.

La versión original incluía lenguaje que exigía que toda legislación que modifique los fondos consignados en el nuevo presupuesto contará con una certificación del ente fiscal previo a su consideración, lo que –a juicio de los legisladores– menoscababa sus prerrogativas. “Se logró manejar un lenguaje razonable de cómo se puede manejar el presupuesto una vez se apruebe”, comentó.

En general, expuso, se duplicó a $15 millones el fondo disponible para los municipios para reforzar el programa de Ama de Llaves. En el caso de la UPR, además de la partida de $102 millones y de los $500 millones que recibe del Fondo General, la JSF favoreció la asignación de $18.8 millones para la reconstrucción de la Torre Norte, uno de los dos principales centros de vivienda para estudiantes del recinto de Río Piedras. No obstante, dispuso de ciertos requisitos para acceder a este dinero que permanecería bajo la custodia de la OGP.

También se logró llevar de $3 millones a $7 millones el presupuesto que anualmente se distribuye entre los seis Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual (Cimvas). Una vez más, sin embargo, la JSF condicionó su uso. “La Junta, en un origen iba a decir que no y ahora dice: ‘lo voy a poner aquí y cuando tengas la propuesta definida de cómo lo vas a utilizar, vienes acá'”, detalló Santa.

No se logró, sin embargo, una asignación de $25 millones dirigidos a los municipios para la reparación de carreteras y escuelas. En su lugar, la Junta ordenó a la Legislatura considerar fondos en reserva no utilizados este año fiscal. Para acceder a ese dinero, sin embargo, se tiene que presentar una solicitud de reprogramación ante el organismo que controla las finanzas del gobierno.

A nivel de recortes, Santa rechazó que hubiera ajustes significativos en comparación con el presupuesto vigente. “La realidad es que decirte que están desmantelando una agencia, no lo veo”, expuso el también presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Miembros de las minorías legislativas, no obstante, se expresaron en contra del presupuesto acordado. “No importa lo que digamos aquí, ellos tienen la última palabra. Este Senado no debe aceptar las condiciones de la Junta y debe darse a respetar y tener dignidad”, manifestó la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Rivera Lassén.