Como parte de la segunda fase de la reforma del servicio público, 13,147 empleados del gobierno central –de carrera, transitorios y en probatoria– recibirán, a partir de este viernes, un ajuste salarial, a un costo de $47.3 millones para el erario, anunció la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Zahira A. Maldonado.

“Reciben el ajuste salarial ahora, en el último pago de junio, el 28 de junio. Es bien importante. Lo reciben el (empleado) permanente y el transitorio. Y el probatorio también, que tiene su proceso para continuar con su evaluación en el servicio de carrera”, precisó este jueves Maldonado, en entrevista con El Nuevo Día.

El ajuste salarial, detalló, impactará a 10,147 empleados públicos que ya recibieron un ajuste salarial el año pasado, cuando comenzó la reforma con un plan de clasificación y retribución que impactó a un universo de aproximadamente 22,000 funcionarios.

Ahora, el gobierno –en coordinación con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)– busca atender a aquellos empleados públicos que, con el ajuste salarial que recibieron en 2023, quedaron en un 80% por debajo de la mediana que se fijó como salario promedio. Es decir, que los 13,147 empleados del gobierno que se beneficiarán del ajuste salarial serán llevados al 90% de esa mediana fijada a base de los parámetros salariales del mercado.

“Esto no es un aumento (de sueldo). Es un ajuste salarial. Es ver si estaban por debajo de ese 90%. Entre la mediana, que era lo que se había establecido, que es el punto de partida hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, que fue que se estableció el mínimo del 80%, como en un sistema de bandas, pues, se creó, entre el 100% y el 80%, el 90%. Los empleados que estaban por debajo fueron llevados a ese 90%”, explicó Maldonado, quien estuvo acompañada por el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, y Arnaldo Cruz, director de investigación de política pública de la JSF.

Cruz indicó que la JSF acordó con el gobierno asignar $25 millones anuales para conceder ajustes salariales a los empleados públicos, siempre y cuando fuesen justificados.

La reforma del servicio público, contemplada en el plan fiscal aprobado, dio paso a 25 nuevas escalas salariales para empleados del gobierno central cobijados bajo la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno (Ley 8 de 2017). El estatuto incluye a todas las agencias del gobierno central, excepto el Departamento de Educación, el Instituto de Ciencias Forenses y las agencias fiscalizadoras, como la Oficina del Contralor o la Oficina del Contralor Electoral.

Una de las agencias más impactadas con el ajuste salarial es el Departamento de Hacienda, donde un 75% de sus empleados verán cambios en sus cheques, informaron los entrevistados. En el Departamento de Salud, aplica a un 62% de la nómina, pero, en términos de cifras, es la agencia más beneficiada porque 2,206 trabajadores verán cambios en sus sueldos. En el Departamento de Justicia, suman 947 y en Hacienda, 1,094.

En cuanto a los puestos más impactados, el 98% (177) son abogados, el 96% (211), abogados sénior, el 92% (645), técnicos de asistencia social y familiar, un 94% (378) son técnicos de programas de salud y un 66% (401) son oficinistas. El 100% de los consejeros en rehabilitación vocacional –o 103 de estos funcionarios– recibirá un ajuste salarial en esta fase, se informó.

A modo de ejemplo, Maldonado dijo que un abogado sénior devenga un salario anual de $64,900 y, con el ajuste, recibirá $72,990. Un oficinista recibe un sueldo anual de $22,900 y ahora serán $24,750, mientras que un técnico de programas de salud pasará de los $30,600 anuales a $33,120.

Aunque no precisó cuánto dinero más, en promedio, recibirá un empleado público en su cheque quincenal durante la segunda fase de la reforma, Maldonado comentó que “el ajuste anual aproximado es de $3,240 dólares”.

“El mínimo (que recibirán) es $500 anuales. Nadie va a recibir un ajuste de menos de $500 porque así es que se estableció”, agregó.

Un ajuste salarial de $500 anuales representa aproximadamente $22 más por quincena, indicaron los entrevistados, al reconocer que podría haber críticas por los pactos concedidos que correspondan a esa escala mínima.

“Hace tres años, estábamos en quiebra, ¿verdad? Nosotros tenemos una responsabilidad con todos los empleados del gobierno de Puerto Rico. La mejor manera que tenemos para cumplir con esa responsabilidad es creando un sistema justo, un sistema estructurado, con reglas claras y con oportunidades”, sostuvo Blanco.

“No podemos, el primer día, abrir la pluma y empezar a repartir el dinero a todo el mundo porque vamos a caer en el mismo sitio. Aquí, estamos alcanzando el 70% de los empleados elegibles. Un número alto, y entiendo la posición de esos empleados que están en el 30%”, agregó.

Cuestionado sobre las disparidades que exhibe el gobierno cuando han trascendido nóminas de empleados de confianza que cuestan millones de dólares al erario, Blanco manifestó: “Mientras haya sistemas jerárquicos, va a haber disparidad. Eso es inevitable. No todo el mundo está en la misma escala, no todo el mundo tiene las mismas responsabilidades, no todo el mundo tiene las mismas funciones”.

Pero el titular de la OGP y Maldonado aseguraron que, cuando la JSF termine de analizar el plan de clasificación y retribución para empleados de confianza sometido por el gobierno, debe atenderse esa disparidad salarial.

Cruz indicó, por su parte, que la JSF aún evalúa la información que la OGP sometió relacionada con un aumento de sueldo concedido a empleados de confianza en el gobierno central, incremento revelado por El Nuevo Día recientemente. “Tuvimos que hacer un pedido de información (adicional) al Departamento de Hacienda. Parte del problema es que los sistemas (de recursos humanos) no se hablan”, explicó.

A juicio de Cruz, la reforma en el servicio público promueve un cambio en la mentalidad del funcionario para que busque el mejoramiento laboral en el aparato gubernamental lo que, dijo, le permitirá ascender en puestos o escalas y obtener mejor paga.

Entretanto, Blanco recalcó que, aunque esta reingeniería del recurso humano comenzó bajo la administración de Pedro Pierluisi, quien no logró su objetivo de permanecer en el cargo al ser derrotado en primarias por Jenniffer González, corresponde a venideros gobiernos mantenerla.

“Nosotros hemos trabajado este proyecto desde el primer día bien conscientes de la continuidad que tiene que tener. Esto no es un proyecto de esta administración. Si es un proyecto de una administración, no hicimos nuestro trabajo. Esto cambia el sistema”, puntualizó.