Abrir un alquiler a corto plazo (STR, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico, actualmente, es una tarea relativamente sencilla, pero este escenario podría cambiar si prospera un proyecto de ley en la Cámara de Representantes, que persigue limitar dichos alojamientos en las zonas residenciales.

Hasta ahora, los STR solo están regulados por el Reglamento de Hospederías de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), que fue aprobado en 2016.

El documento dispone una serie de requisitos físicos para este tipo de alojamientos, al tiempo que solo los obliga a registrarse como hosteleros en la CTPR y cobrar un 7% de impuesto de ocupación, mejor conocido como “room tax”.

Para recibir el endoso del gobierno, el dueño de un STR debe presentar los siguientes documentos: evidencia de titularidad de la propiedad, permiso de uso residencial, seguro de responsabilidad pública y una identificación con foto oficial del dueño.

Además, debe mostrar evidencia de su registro en la División de Impuesto por Ocupación y de su número de hostelero, así como un certificado de buena conducta de la Policía de Puerto Rico, entre otros.

Respecto a los STR que están localizados en una urbanización o complejo de vivienda, el reglamento vigente dispone que el operador necesitará una aprobación mediante carta de la asociación de residentes o condómines del lugar donde está localizada la propiedad.

¿Qué cambiaría?

Si la medida de la autoría del representa José “Cheíto” Rivera Madera se aprueba en Cámara y Senado, y el gobernador Pedro Pierluisi la firma, los STR sí tendrán que solicitar un permiso de uso comercial, en caso de que más del 30% de la propiedad esté destinada a esta actividad.

También los obligaría a tener una póliza de seguro de responsabilidad civil, prestar una fianza de $5,000, instalar detectores de humo y extintores, así como presentar una certificación de cumplimiento.

Algunos de estos requisitos están contenidos en el Reglamento de Hospederías, pero su lenguaje no es claro en cuanto a su obligatoriedad.

La medida, no obstante, conserva la obligación de registrarse como hostelero ante la CTPR y retener, remitir y declarar el pago del “room tax” mensualmente.

En caso de que el STR opere bajo una plataforma de alquiler a corto plazo cualificada, como Airbnb, Join a Join y VRO, el operador no tendrá que retener el “room tax” por su cuenta, obtener una póliza de seguro ni prestar la fianza antes mencionada.

Contrario al reglamento vigente, la medida bajo evaluación de la Comisión de Turismo de la Cámara también establece una serie de multas contra quienes incumplan los requisitos dispuestos.

Por ejemplo, autoriza a la CTPR a emitir multas entre $250 y $25,000 por no estar registrado como hostelero y no remitir el pago del “room tax” a tiempo, entre otros conceptos.

Con este proyecto, los municipios también tendrían más garras para fiscalizar los STR, un aspecto que, actualmente, está en manos de la CTPR de forma exclusiva.

La medida autoriza acuerdos de colaboración con los ayuntamientos para cobrar las multas administrativas correspondientes y hasta investigar o intervenir con aquellos STR que estén ubicados en su territorio.

Estado del proyecto

Se espera que las vistas públicas del Proyecto de la Cámara 1557 inicien el 20 de febrero, con la participación de diferentes oficinas gubernamentales, plataformas de STR y participantes de esta industria.

Hasta el momento, el proyecto cuenta con la objeción de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y la Alianza Viva Puerto Rico, que agrupa a dueños y administradores de STR.

Igualmente, el director ejecutivo de la CTPR, Carlos Mercado Santiago, anticipó que la entidad presentará reparos con el lenguaje de la medida, particularmente por la restricción propuesta en zonas residenciales.

Subrayó que, aunque es necesaria una legislación uniforme, hay sectores que necesitan un tratamiento diferente, como las zonas turísticas.

“La responsabilidad de la Compañía de Turismo es garantizar la calidad del producto y salvaguardar la seguridad de las personas”, dijo.

Un análisis realizado por la firma Abexus Analytics encontró que, hasta julio de 2022, la isla contaba con 17,000 propiedades que se alquilaban a corto plazo.

De acuerdo con datos de Discover Puerto Rico, la organización de mercadeo del destino (DMO, por sus siglas en inglés), los STR generaron 36% de los $1,600 millones en ingresos por alojamiento que se registraron el año pasado. Un 64% correspondió a los hoteles.