Washington D.C. – Los jueces del Tribunal Supremo estadounidense debatieron hoy, miércoles, el reclamo de documentos del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en contra de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) bajo el complicado escenario de si el ente fiscal está inmune a las solicitudes judiciales de información pública que aplican al gobierno electo de Puerto Rico.

Los jueces barajaron durante una hora sus mismas dudas sobre cómo enfrentarse a los argumentos de la JSF, que controla las finanzas públicas, que insiste en que el derecho común otorga inmunidad a una entidad “territorial” como la Junta, y del CPI, que afirma principalmente que la Ley Promesa abrió la puerta a que cualquier acción en contra del ente fiscal puede llevarse ante el Tribunal Federal en el distrito del territorio cubierto por el estatuto.

Ante el Tribunal Supremo estadounidense está el pedido de la JSF para que revoque la determinación del Primer Circuito que validó el reclamo del CPI de que por medio de la misma Ley Promesa que creó el ente fiscal y un tribunal territorial para reestructurar la deuda pública de Puerto Rico, el Congreso le quitó a la Junta cualquier aspiración de ser inmune a reclamos judiciales.

“La Junta no es inmune porque el texto de Promesa dice claramente que la Junta será parte demandada en todo tipo de acciones, especialmente constitucionales”, indicó Sarah Harris, la abogada que argumentó a nombre del CPI y quien pertenece al bufete Williams & Connolly.

A nombre de la JSF, Mark Harris -del bufete Proskauer Rose-, sostuvo que para poder decir que el Congreso le quitó inmunidad a la JSF debió ser una acción “clara e inequívoca”, como la jurisprudencia dice que ocurre en el caso de los estados. “No hay nada (en esa sección de la ley) que se le acerque (a una acción clara e inequívoca)”, sostuvo Mark Harris.

El gobierno de Joe Biden le dio la razón a la JSF en torno a que no hay una renuncia de inmunidad en la ley Promesa. “Al igual que con la inmunidad federal, estatal y tribal, cualquier renuncia o derogación de la inmunidad soberana de Puerto Rico requiere una declaración clara. La Sección 106(a) de PROMESA no incluye esa declaración”, indicó la procuradora general adjunta, Aimee Brown.

Pero, la procuradora general adjunta recomendó al Tribunal Supremo de Estados Unidos que devuelva el caso a una corte inferior para determinar el tipo de inmunidad soberana que aplica a los territorios como Puerto Rico o si la renuncia que hiciera el gobierno de Puerto Rico a su inmunidad en reclamos de información pública – por medio de su Constitución, leyes y jurisprudencia-, entra en conflicto con la ley PROMESA. “La Corte debe devolver el caso para permitir que los tribunales inferiores aborden esa cuestión”, sostuvo Brown.

En un momento dado, la jueza asociada puertorriqueña Sonia Sotomayor contempló si lo más conveniente es dejar que un tribunal inferior pueda desarrollar la idea de la inmunidad soberana de los territorios.

“El propio gobierno está diciendo que no es la inmunidad de la Undécima Enmienda (que aplica a los estados), que es en lo que se ha basado el Primer Circuito, sino que es soberanía de derecho consuetudinario. ¿No es esa una razón para la devolver el caso (al Primer Circuito) y dejar que analicen este problema más de cerca?”, preguntó Sotomayor al abogado de la JSF, quien respondió que no cree que sea necesario.

Luego, Sotomayor, una de tres juezas liberales en un tribunal dominado 6-3 por los conservadores, pareció echar hacia atrás la idea de devolver el caso a un foro judicial inferior.

“Mi preferencia es no asumir inmunidad”, sostuvo, por su parte, el juez conservador Clarence Thomas, quien inició hoy el interrogatorio.

La jueza Elena Kagan, por su parte, cuestionó al abogado de la JSF, por entender que buscan que “asumamos” que el ente fiscal tiene inmunidad para este tipo de reclamos judiciales. Sostuvo que quieren inmunidad, “solo porque asumimos que deberían obtener inmunidad”.

En sus preguntas, la jueza liberal Ketanji Brown Jakckson también expresó dudas de si se argumentó antes con fuerza el origen de la inmunidad soberana para los territorios y si debe ser parte importante de la decisión. Y el juez conservador Neil Gorsuch preguntó si no es “particularmente extraño” decidir si el Congreso le quitó la inmunidad a la JSF, solo asumiendo que, por lo menos, había existido bajo el derecho común.

Jueces también argumentaron la ironía de que el gobierno de Puerto Rico no estuviera realmente en el caso, pues la jurisprudencia del Tribunal Supremo estadounidense convirtió a la JSF en un ente del gobierno territorial, cuando fue creado por el Congreso como una capa adicional de supervisión y control por encima de las autoridades electas de la Isla.

Preguntada por el juez Gorsuch, la procuradora Brown reconoció que la decisión en este caso aplicará también a los demás territorios, tampoco representados en el proceso.

El CPI ha batallado administrativa y judicialmente porque la JSF cumpla con una serie de pedidos en torno a sus comunicaciones con los gobiernos de Estados Unidos – incluido el Congreso-, y Puerto Rico. Tras unos primeros forcejeos, la JSF entregó unos 18,000 documentos. Pero, ha retenido un estimado de 20,000 documentos adicionales, bajo el argumento ahora de que tiene derecho a reclamar que está inmune a demandas judiciales de información.

Más de 30 organizaciones periodísticas – incluido GFR Media-, grupos no gubernamentales y los presidentes de las cámaras legislativas se han unido al caso como amigos de la corte, ante las preocupaciones que levanta el que los tribunales puedan determinar que, contrario al gobierno de la Isla, la JSF es un ente “territorial” que puede funcionar en la oscuridad.

En la sesión estuvieron representantes de varios de esos grupos, así como los directivos del CPI y el presidente de la JSF, David Skeel, entre otros.

“Esta Junta opera contrario a las intenciones del Congreso de Estados Unidos, de la práctica, y la Constitución de Puerto Rico. Están buscando establecer una posición bien autoritaria, absolutista, en la que entienden que nadie le puede solicitar información”, indicó Lía Fiol Matta, consejera legal de Latino Justice, y quien sometió un argumento a nombre de su organización, la Federación Hispana y la Asociación de Abogados de Long Island.

En un editorial publicado esta semana, GFR Media subrayó que debido a que el Tribunal Supremo estadounidense determinó, en el caso en el que se impugnó la constitucionalidad de los nombramientos de la JSF, que el ente fiscal es una ‘entidad dentro del gobierno territorial de Puerto Rico’, “le debe aplicar la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico en lo que concierne al acceso a la información pública”.

Jueces del Supremo, como la misma Sotomayor, expresaron preocupación con el argumento del CPI de que la inmunidad que pueda tener el gobierno de Puerto Rico en los tribunales, no aplica a las cortes federales.

“La jueza Sotomayor puede estar pensando que está protegiendo al territorio, pero se le olvida que eso implica mantener la oscuridad de la JSF”, indicó, por su parte, el profesor Carlos Ramos González, de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana.

En un análisis el profesor Steven Scwhinn, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Illinois, dijo que hay indicios de que el Tribunal Supremo quiera dejar en manos de los estados y territorios, no sn el Congreso, temas de derechos civiles.

“Hay algún indicio de que la Corte puede usar este caso exactamente para este propósito. Eso es porque el caso no es un vehículo ideal para un fallo de derogación, sin embargo, la Corte acordó escucharlo de todos modos. Cualquier fallo (basado en la renuncia de inmunidad) devolvería la pelota al Congreso. En otras palabras, cualquiera que sea el estándar que el tribunal establezca para esa renuncia, incluso (aludir a) ‘palabras mágicas’, el Congreso puede, en teoría, satisfacerlo modificando la legislación (incluso si en la práctica es poco probable que lo haga). Como resultado, el fallo del Tribunal sobre (lo que constituye una renuncia de inmunidad) no es necesariamente la última palabra”, indicó el profesor Schwinn.

Pero, además, sostuvo que el gobierno de Estados Unidos “ofreció a la Corte, una forma de mantener vivo el reclamo del CPI incluso si la Corte dictamina a favor de la Junta en torno a la ‘renuncia’ (de inmunidad): devolver el caso para determinar si Puerto Rico renunció a la inmunidad”.

Al salir de la sesión, el abogado Mark Harris, el representante de la JSF, consideró que los jueces “fueron receptivos”. Aunque devolver el caso a un tribunal inferior es posible para elaborar el debate sobre la inmunidad soberana, Harris quedó con la percepción de que los jueces no quieren ese resultado. “No creo que vaya a pasar”, dijo.

¿Están listos para entregar los documentos si el tribunal decide en su contra o tendrán que revisar esos documentos nuevamente y decidir cuales quieren liberar?, preguntó El Nuevo Día. “No lo sé. Depende del alcance de la decisión. Se cumplirá, obviamente, con lo que diga el tribunal”, respondió Harris.