El Nuevo Día

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La baja en la mortalidad de pacientes afectados por el VIH/Sida en Puerto Rico es un logro de la ciencia médica que, con mejores medicamentos y tratamientos, atenuó las complicaciones que, hasta hace unas décadas, equivalían a una sentencia de muerte. Desde que se declararon los primeros casos, 78 millones de personas han contraído el VIH y 35 millones han fallecido por complicaciones relacionadas con el Sida en el mundo.

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En un 2022 que ya ha sido histórico de por sí, la Selección Nacional de baloncesto femenino volvió a escribir otro capítulo dorado tras conquistar el pasado domingo la medalla de oro en el torneo Centrobasket que se celebró en Chihuahua, México.

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El asesinato particularmente vicioso de un joven teniente, a manos de desalmados que han secuestrado vías públicas y un vecindario en Ponce, revela el control desmesurado del crimen organizado en Puerto Rico y el deber imperativo de las autoridades de detenerlo.

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El contrato suplementario entre el gobierno de Puerto Rico y LUMA Energy, que mantiene al consorcio a cargo de la operación y del mantenimiento del sistema de transmisión y distribución eléctrica mientras se resuelve el endeudamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica, es un paso en la dirección correcta que brinda estabilidad a Puerto Rico. Esta acción permite que la tan necesaria transformación energética siga su curso.

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Puerto Rico tiene logros que celebrar que no siempre se resaltan a nivel público. Uno reciente es la acreditación, por primera vez en la isla, de una institución de educación alternativa por parte de la Middle States Association of Colleges and Schools.

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La falta de protocolos para detectar y atender a las mujeres con trastornos de salud mental en el periodo perinatal, pese a la alta incidencia que expertos estiman existe en Puerto Rico, es otra instancia que permite entender las dimensiones de la desigualdad en que vive la mitad de nuestra población.

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La cancelación, por incumplimientos, de un contrato de $5 millones para administrar 34 residenciales públicos en Puerto Rico constituye un paso importante hacia la transparencia y la rendición de cuentas por parte de la Administración de Vivienda Pública (AVP).

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La alta incidencia de trastornos de salud mental en Puerto Rico, evidente en muchas instancias de nuestra sociedad, se refleja con particular agudeza en la actividad de las salas especializadas del Poder Judicial que intervienen en situaciones en las que la vida de una o más personas y/o alguna propiedad están en riesgo.

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Los datos revelados por una investigación de El Nuevo Día en torno al uso que la Junta de Planificación les dio a fondos federales del Programa de Subvención para Mitigación de Riesgos (HMGP), levantan suspicacias sobre el uso sabio del dinero, y obligan a esa agencia a informar a quién y con qué frecuencia rinde cuentas sobre sus asignaciones a contrataciones.

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