Washington D.C.- El ahora subsecretario de Seguridad Pública de Puerto Rico, Rafael Riviere, afirmó que en la isla la corrupción “es una especie de cultura” y “forma de hacer negocios”.

“Creo que no lo vemos como corrupción, sino como la forma de hacer negocios y eso, honestamente, es parte del problema”, indicó Riviere, quien hizo sus comentarios al programa “Full Measure”, poco antes de jubilarse el verano pasado del FBI, cuya oficina de Puerto Rico dirigía en ese momento.

El programa, de tendencia conservadora, publicó hoy un reportaje sobre la corrupción en Puerto Rico, en el que su presentadora, Sharyl Attkisson, describe a la isla como “uno de los lugares más corruptos del planeta”.

Atkisson alude a varias denuncias de corrupción en Puerto Rico, entre ellos el arresto de 89 funcionarios de ley y orden en 2010 por apoyar a lo que creyeron ser narcotraficantes; el caso de la exsecretaria de Educación Julia Keleher bajo el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares; los cargos contra el exalcalde de Yauco Abel Nazario; y las denuncias en contra de los legisladores María Milagros “Tata” Charbonier y Nelson del Valle, electos por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

También mencionó la denuncia, ya desestimada, en contra de la gobernadora Wanda Vázquez, por el manejo de la distribución de alimentos para los damnificados por los terremotos de 2020.

Incluye como otro ejemplo el caso de corrupción de dos funcionarias estadounidenses de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), Asha Nateef Tribble y Jovanda Patternson, quienes fueron asignadas a Puerto Rico durante la administración de Donald Trump, y fueron acusadas de fraude y soborno en relación al proceso de contratación de Cobra Acquisition, tras la emergencia causada por el huracán María.

De esos Nazario, electo por el PNP, Keleher, quien llegó a Puerto Rico después de ser funcionaria del Departamento de Educación de Estados Unidos, y Patterson se declararon culpables.

Riviere sostuvo que los casos de corrupción, como el de las funcionarias de FEMA, no solo tienen que ver con los fondos de emergencia para atender el desastre causado por el huracán María, sino también con la respuesta a la pandemia del COVID-19.

“Cada vez que el gobierno quiere llevarle el dinero con rapidez a la gente como que el proceso no está en pie. No tomamos el tiempo para establecer el proceso. Eso crea oportunidades”, indicó Riviere.

En departamentos del gobierno de Puerto Rico, según el exdirector del FBI y oficial de la administración de Pedro Pierluisi, se ha visto como algo normal que al momento de otorgar permisos, si una persona le trae flores y regalos a funcionarios, se le coloca “al frente de la fila”.

Unos 89 agentes de la ley y el orden fueron arrestados en Puerto Rico en 2010 por asistir a organizaciones de narcotráfico. El programa resaltó que se trata del caso de corrupción policial más grande en la historia de Estados Unidos.

Riviere sostuvo que pese a los arrestos de policías, la corrupción no es necesariamente “un problema” en la Policía de Puerto Rico.

Bajo la administración del presidente Trump, la Casa Blanca no cesó a aludir a “un extenso historial de mala administración y corrupción” en la isla, como una forma de distinguir a Puerto Rico de los problemas de corrupción en otras jurisdicciones federales.

Esa fue además la justificación que dio el entonces secretario de la Vivienda federal (HUD) Ben Carson, para imponer un monitor financiero federal que supervisara la distribución de los $20,000 millones en fondos de emergencia asignados por esa oficina y el Congreso a Puerto Rico.

“Dada la alegada corrupción, irregularidades fiscales y la mala administración del gobierno de Puerto Rico, designaremos un monitor financiero federal para supervisar el desembolso de todos los fondos de recuperación de desastres de HUD”, indicó Carson el 2 de agosto, justo cuando se hacía efectiva la renuncia de Rosselló Nevares a la gobernación de Puerto Rico.

La administración de Joe Biden eliminó el puesto de monitor financiero federal y restricciones impuestas por HUD durante el pasado gobierno de Trump.

El programa fue editado antes de los recientes casos de corrupción de alcaldes y funcionarios municipales, como los de Cataño, Guaynabo, Trujillo Alto y Aguas Buenas.