Nota del editor: esta historia forma parte de nuestro especial Resumen de Noticias 2021, con el que repasamos los eventos y personalidades que ocuparon titulares en el año que está por concluir. Accede al resto de las historias aquí.

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Es una imagen que estará incrustada en la conciencia puertorriqueña por mucho tiempo: en un carro estacionado en una concurrida calle del casco urbano de Guaynabo, un hombre en elegante camisa de cuadritos, el rostro protegido por la ubicua mascarilla contra el COVID-19, agarra con muchas ganas un sobre de papel, con algo grueso y cuadrado como un ladrillo adentro.

La fiscalía de Estados Unidos en San Juan dice que ese hombre es Ángel Pérez Otero, quien entonces llevaba cinco años como alcalde de Guaynabo y que el sobre contiene los cuantiosos sobornos que recibía del contratista corrupto Oscar Santamaría a cambio de otorgarle contratos municipales. La foto fue parte de la evidencia que la fiscalía presentó contra Pérez Otero al acusarlo de corrupción el pasado 9 de diciembre.

Los puertorriqueños llevamos décadas siendo golpeados por casos de corrupción que surgen con una frecuencia que aturde. Hemos visto jefes de agencia, directores de campañas políticas, secretarios de gabinete y alcaldes y legisladores sin fin, incluyendo a un expresidente cameral que estuvo más de 10 años preso por delitos cometidos mientras era el líder de una de las ramas constitucionales del Estado Libre Asociado (ELA).

El cuatrienio pasado nada más, hubo cerca de 25 arrestos federales por corrupción, incluyendo dos jefas de agencia -Julia Keleher, exsecretaria de Educación, y Ángela Ávila, exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), y tres legisladores: los representantes María Milagros Charbonier y Nelson del Valle y el senador Abel Nazario, quien tuvo la muy dudosa distinción de haber sido arrestado dos veces el mismo cuatrienio.

Pero, pocas veces habíamos visto lo que nos trajo este conmocionado 2021: la imagen de un político “con las manos en la masa”. Más asombroso todavía, nos trajo las acusaciones contra tres alcaldes en tres semanas, todas en diciembre: Félix “el Cano” Delgado, quien renunció a la alcaldía de Cataño unos días antes de que se supiera que se declaró culpable de corrupción; Luis Arroyo Chiqués, quien dirigió Aguas Buenas por 16 años; y Pérez Otero.

Además, cayó el segundo en mando en el municipio de Trujillo Alto, Radamés Benítez Cardona, mano derecha del alcalde José Luis Cruz. Todos recibían miles de dólares en sobornos de Santamaría, quien alzó vuelo como asesor legislativo de prominentes figuras del Partido Nuevo Progresista (PNP). Pero para que nadie se sienta mal, la fiscalía federal repartió penas a partes iguales, con acusaciones contra funcionarios PNP en Cataño y Guaynabo, y populares en Trujillo Alto y Aguas Buenas.

Fueron todos –más Keleher, quien se declaró culpable y fue sentenciada a seis meses de cárcel por los hechos antes mencionados del cuatrienio pasado– los exponentes este año de la caravana de crimen contra las finanzas y la confianza pública que hace años se perpetra contra Puerto Rico.

“Esto es un problema de las instituciones. La corrupción se ha institucionalizado. Llevamos mucho tiempo viendo el mismo tipo de corrupción y no se ve ningún tipo de cambio”, dijo Mayra Vélez Serrano, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Vélez Serrano sostiene que la corrupción atenta contra cuatro pilares necesarios para el avance de cualquier sociedad: la confianza en las instituciones democráticas, la percepción de la gente sobre el futuro del país (que aquí tiene como consecuencia el alto nivel de emigración), la calidad de los servicios públicos y el crecimiento económico, pues ahuyenta inversionistas y empresarios que no quieran pagar sobornos a cambio de operar aquí.

“La gente tiene que entender que la corrupción nos cuesta. Nos cuesta en educación, nos cuesta en hospitales, nos cuesta en la Universidad de Puerto Rico. Puerto Rico no es un país pobre. Aquí, sí hay dinero. Pero no lo repartimos bien, porque no hemos tomado control. Nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, no hemos tomado control de la fiscalización de nuestro gobierno y tenemos que participar. No podemos dejar ese espacio a los bandidos”, dice Cecille Blondet, quien dirige la organización Espacios Abiertos, que promueve la transparencia en todas las operaciones del gobierno.

En Puerto Rico, la corrupción tiene, además, otro efecto: llama la atención en Washington, de donde se asigna mucho del dinero que el gobierno local usa para operar.

“No es que haya la percepción de que Puerto Rico es más corrupto que otros sitios. Es que se siente que Puerto Rico está en un estado de indefensión y de dependencia tan grande que hace que el efecto sea mayor por la cantidad de dinero federal que recibe sin pagar contribuciones sobre ingresos”, señaló Federico de Jesús, un consultor de comunicaciones puertorriqueño que trabaja hace años en Washington.

Los casos del último mes tienen que ver todos con Santamaría, quien amasó -al menos- $143 millones en contratos, lo cual hace suponer que no se ha visto aún el final de esta saga.