En el marco de la reciente Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), celebrada en Egipto, el presidente Joe Biden apuntó nuevamente hacia dónde deben dirigirse las acciones por parte de municipios y gobiernos centrales para proteger vidas y propiedades y gestionar de forma sostenible el desarrollo: las soluciones basadas en la naturaleza.

A esta declaración de utilizar la infraestructura natural le asignó más de $25,000 millones, parte de los cuales llegarán a Puerto Rico. El propio Biden lo reconoció en la conferencia internacional: la vida del planeta está en peligro por la crisis climática. No exagera.

La crisis se genera al no poder sacar los pies del plato. Temporada tras temporada de huracanes, palpamos la fragilidad de nuestra sociedad e infraestructura. Sufrimos pérdida de vidas, colapsa todo tipo de infraestructura, aumentan las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias y gastrointestinales, incrementan las enfermedades mentales, transitamos temiendo a que ocurran deslizamientos de terrenos y perdemos el litoral costero. La recurrencia de estos impactos requiere de acción urgente. Es momento de reconocer esta crisis, generar una dirección por parte del gobierno central para una construcción resiliente y dar cátedra de lo que una isla puede lograr con vastos recursos económicos y voluntad política.

La infraestructura resiliente -la que contempla mejores prácticas, incorpora los servicios ecosistémicos en su operación y adapta la existente para manejar riesgos presentes y proyectados- esperaba por el impulso que ahora el gobierno federal le ha dado a través de la asignación de miles de millones de dólares. Las guías de uso de algunos de estos fondos federales, particularmente los que llegan por el desastre asociado al huracán Fiona, promueven que gobiernos locales requieran a sus licitadores construir de manera resiliente. Otros fondos, en específico, los asignados para atender los desastres causados por el huracán María, no priorizan de manera explícita la construcción resiliente. Es aquí donde el gobernador de Puerto Rico debe articular una dirección cónsona con las mejores prácticas y proyecciones climáticas.

La dirección con una visión hacia un Puerto Rico que atiende las amenazas recurrentes podría ser clave para lograr que cada una de las obras de control de inundaciones, desarrollo de carreteras y reconstrucción de infraestructura eléctrica ofrezcan, a su vez, el servicio de propiciar una población segura y futuro próspero.

Por otro lado, los ciudadanos debemos insertarnos en los procesos de evaluación de proyectos. A pesar de que puedan tener un ángulo técnico por ser obras de construcción, atienden vulnerabilidades y necesidades de nuestros entornos. Vulnerabilidades y necesidades definidas por situaciones desafortunadas que nos ocurren a nosotros, no a los gobiernos. Por lo tanto, la validación de suposiciones en los documentos sobre impactos ambientales puede llevarse a cabo solo a través de nuestra participación. Cada uno de nosotros somos parte instrumental de estos procesos. Es el momento de incorporar en nuestras agendas diarias reuniones comunitarias para discutir proyectos propuestos y elaborar respuestas para las agencias proponentes.

No podemos reaccionar solo al final de todo el proceso. Tenemos un deber cívico de acoger el reto de reconstruir responsablemente, de fiscalizar procesos y de asegurar un desarrollo sustentable para esta y futuras generaciones.

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