La jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Ana Cruz Vélez, sentenció este jueves a tres años de probatoria a Mayra Pérez Oyola, la dueña del hogar La Nueva Familia San Judas Tadeo, en Río Piedras, en relación a la muerte de la paciente, Jaydie Nicole Álvarez.

Adicional a la sentencia suspendida, Pérez Oyola debe cumplir con una pena especial de $100 y tendrá que participar a corto plazo de terapias psicológicas individuales, informó la jueza. La convicta enfrentaba un cargo de homicidio negligente, tipificado en el Artículo 96 del Código Penal.

La joven, de 20 años, falleció el 5 de agosto de 2018 en el mencionado hogar. Según el Departamento de Justicia, Pérez Oyola “mantenía restringida a la paciente y retiró abruptamente los medicamentos recetados que esta requería para tratar su condición de salud mental”.

Durante la vista para dictar sentencia en la sala 1107, que se efectuó a eso de las 11:32 a.m., el licenciado Michael Corona Muñoz, representante legal de Pérez Oyola, indicó que estaba de acuerdo con el informe presentencia, el cual era “completamente positivo” para su representada.

El informe presentencia contenía las opiniones de decenas de personas, incluyendo allegados y vecinos de la comunidad, quienes se expresaron a favor de la acusada, según trascendió en la vista.

Sin embargo, la fiscal Brenda Rosado Aponte precisó que no estaba de acuerdo con el informe presentencia e intentó sin éxito en sala que se aumentara la pena tomando como agravantes varios elementos, entre ellos que Álvarez era menor de edad y era una paciente de salud mental.

De igual manera, Rosado Aponte intentó que la jueza dictara que Pérez Oyola no puede trabajar en ningún hogar de salud mental. Empero, la jueza no acogió ninguna de las dos peticiones y planteó que “no puedo añadir condiciones a menos que estén impugnando el informe”.

Tras culminar la vista de sentencia, Corona Muñoz dijo a preguntas de periodistas que el proceso judicial en contra de su representada estuvo desde el inicio plagado de múltiples irregularidades. De igual manera, indicó que no estaba satisfecho con la sentencia, la cual apelarán.

“De ninguna manera (estoy satisfecho). Fue condenada por un delito menos grave, se le dio probatoria y no estoy satisfecho. La joven estuvo nueve días (en el hogar de mi representada). Estuvo cuatro años bajo el Departamento de la Familia. De emergencia, como no encontraban en qué sitio ponerla porque se había fugado de la institución, la ponen de emergencia en el hogar de mi representada”, comentó.

El licenciado añadió que el informe de autopsia de Álvarez fue “alterado” y acusó a la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU, en inglés) del Departamento de Justicia de “empecinarse” con su representada para imponer una responsabilidad “que le toca al Departamento de la Familia”.

“Este caso lo vamos a apelar, aunque tiene una probatoria. Las irregularidades aquí están a dos manos. Este es un caso que indigna independientemente de que sea una probatoria. Ella no se merecía la convicción. Este es un caso repleto de escándalos”, comentó.

Por su parte, Alejandro Oyola, hijo de Pérez Oyola, indicó que el caso contra su madre fue fabricado. “Se alteró el informe forense, se pidieron testimonios que fueron completamente desacreditado y con la propia prueba de la Fiscalía se desmintió“, dijo Oyola a la prensa.

Empero, la fiscal Rosado Aponte se expresó satisfecha con la sentencia y negó que informe forense no fue alterado. A preguntas de El Nuevo Día, precisó que el informe fue enmendado con prueba que la patóloga recibió, por lo que entiende “que se hizo conforme a derecho”.

“Estamos más que satisfechos de la sentencia porque en diciembre un jurado encontró culpable a la señora Oyola por el delito de homicidio negligente. Así que estamos más que complacidos”, mencionó Rosado Aponte, quien indicó que se presentó prueba suficiente en el caso.

El juicio contra Pérez Oyola culminó la noche del 5 de diciembre de 2023 con el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado que evaluó el caso en el Tribunal de San Juan. En los 18 días de juicio, la Fiscalía presentó 31 testigos y 46 piezas de evidencia, según el Departamento de Justicia.

En diciembre pasado cuando dio a conocer la noticia del veredicto de culpabilidad, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, mencionó en el parte de prensa que “este caso dramatiza los resultados extremos e irreversibles del maltrato y la negligencia institucional sobre un paciente”.

“La decisión del jurado le hace justicia a una joven de 20 años, fallecida a causa de la actuación criminal de su cuidadora. Confiamos que el veredicto de culpabilidad sirva de advertencia a todas las personas e instituciones que brindan servicios de salud, en este caso de salud mental, sobre las consecuencias legales de faltar a sus deberes con los pacientes”, dijo.

Asimismo, la jefa de los fiscales, Jessika Correa, comentó también en el parte de prensa que “la paciente fue objeto de maltrato y negligencia por parte de la persona que recibió la encomienda de asistir en su tratamiento con miras a lograr su recuperación y rehabilitación”.

La investigación referente a este caso fue iniciada por el sargento Alexander Carrasquillo y el agente Michael Figueroa del Negociado de la Policía y fue conducida por la agente investigadora de la MFCU, Tania Mora Pagán y las fiscales Rosado Aponte y Janice M. Maymí.