Tras no llegar a un acuerdo entre las partes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó una orden de protección para el acceso a documentos “clasificados” en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez, el banquero Julio Herrera Velutini y el asesor financiero Mark Rossini.

En una moción presentada ante la jueza Silvia Carreño Coll en el Tribunal Federal en San Juan, el fiscal Ryan Crosswell explicó que se trata de material de “seguridad nacional” protegido por la Ley de “Procedimientos de Información Clasificada” (CIPA, por sus siglas en inglés).

Señaló que la orden responde al estatuto que establece un protocolo de supervisión del tribunal para proteger “la seguridad nacional”. Crosswell indicó que “durante el litigio de este caso y en preparación para el juicio”, la Fiscalía se enteró que “uno o más de los acusados puede buscar levantar defensas para implicar información clasificada de seguridad nacional”.

Para esa eventualidad, Justicia federal solicitó la orden para establecer “un Área Segura / Instalación de Información Sensible Compartimentada” en la que la defensa de los acusados pueden revisar los documentos para preparar su radicación de mociones para el tribunal.

“Esta ‘Área Segura’ también sería utilizada, si fuera necesario, por el Tribunal y los acusados en el período previo al juicio, en la medida en que se determine que la información clasificada de seguridad nacional es relevante y admisible para el mismo”, apuntó Crosswell.

El fiscal señaló que “las partes se reunieron y consultaron sobre esta moción, pero no pudieron llegar a un acuerdo sobre el alcance de la orden de protección”.

“El Ministerio Público entiende que, debido a un número limitado de desacuerdos pendientes, algunos o todos los acusados pueden oponerse a esta moción”, apuntó.

“En la medida en que los acusados planteen objeciones a la orden de protección propuesta, el Ministerio Público solicita la oportunidad de responder”, afirmó. “A pesar de estas disputas, el Ministerio Público solicita que el Tribunal emita la Orden de Protección propuesta”.

Además de describir el protocolo para tener acceso a esos documentos, la orden propuesta por Justicia federal también incluye limitaciones con el manejo de la información, tales como la posibilidad de que los abogados no podrán comunicar a sus representados algunos asuntos a menos que sea autorizado previamente por el Ministerio Público.

El material que no podrán conocer ni si quiera los acusados estará marcado con la etiqueta “Para los ojos de los abogados solamente”.

“La defensa no puede confirmar ni negar a los acusados las afirmaciones hechas por los acusados basándose en el conocimiento que la defensa pudo haber obtenido de información clasificada, excepto cuando esa información clasificada haya sido proporcionada a los Demandados de conformidad con esta Orden”, indica la orden propuesta por Justicia federal.

“La defensa y los acusados no divulgarán información clasificada a ninguna persona, excepto al Tribunal, al personal gubernamental que tenga las autorizaciones de seguridad adecuadas y se haya determinado que necesita conocer esa información, y aquellos específicamente autorizados para acceder a esa información de conformidad con a esta Orden”, agrega.

Asimismo, señala que las restricciones aplican también a información que clasificada que ya haya trascendido públicamente.

Según la orden propuesta, Crosswell y Nicholas Cannon, de la División de Integridad Pública de Justicia federal; el fiscal Seth Erbe, el fiscal Menno Goedman, de la División de Seguridad Nacional de Justicia federal; así como sus supervisores, cuentan con los permisos para permitirles acceso a la información clasificada que la defensa pretende “usar, revisar o divulgar en este caso”.

La defensa tendrá acceso a documentos, así como grabaciones de audio y vídeo, pero no podrá sacar nada del lugar y todo apunte o notas tendrán que mantenerse guardado en el salón designado como “Área Segura”.

“Ningún representante de la defensa (incluidos, entre otros, abogados, investigadores, asistentes legales, traductores, peritos y testigos) copiará o reproducirá ninguna información clasificada de ninguna manera o forma, excepto con la aprobación del CISO (Oficial de Seguridad de Información Clasificada) y de conformidad con los procedimientos establecidos por el CISO para el funcionamiento del Área Segura”, dispone la orden propuesta.

“Cualquier divulgación no autorizada o mal manejo de información clasificada puede constituir violaciones de la ley penal federal”, advierte.

Hasta el momento, los abogados de la defensa no han reaccionado a esta moción de Crosswell.

El juicio contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini está pautado para comenzar el 21 de enero de 2025.

Un gran jurado federal los acusó por un presunto esquema de soborno para detener una pesquisa de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras contra Bancrédito International mediante la destitución del funcionario a cargo de la agencia en ese momento, George Joyner.

A cambio, Vázquez Garced, supuestamente, recibió una contribución para su campaña primarista de 2020. Los tres acusados hicieron alegación de no culpabilidad.

Posteriormente, Herrera Velutini enfrentará un segundo juicio por cargos de que, presuntamente, intentó sobornar al gobernador Pedro Pierluisi para también detener la investigación de OCIF.