Alex Burgos Amaro, el último convicto en el caso federal por el asesinato del banquero Maurice Spagnoletti, fue sentenciado este lunes a 15 años de prisión y ocho años de libertad supervisada.

En diciembre pasado, Burgos Amaro llegó a un acuerdo con la Fiscalía federal para declararse culpable por dos cargos de narcotráfico y violación a la ley de armas. De esa forma se libró del cargo por el asesinato de Spagnoletti y evitó exponerse a una cadena perpetua, sentencia que sí recibieron los coacusados Yadiel Serrano Canales y Rolando Rivera Solis el pasado 5 de junio.

Ese mismo día, Luis Carmona Bernacet también fue sentenciado a vida en prisión, pero por el asesinato de otra persona, supuestamente, como parte de la misma conspiración de narcotráfico por la que todos fueron acusados.

Durante el juicio, en 2023, la testigo estrella del caso declaró que Burgos Amaro le confesó la conspiración para asesinar a Spagnoletti, incluyendo el detalle de que vigiló al banquero cuando salía del banco e hizo la llamada para avisar que estaba en la calle en su carro, para que luego Serrano Canales pudiera interceptarlo y matarlo.

Serrano Canales y Rivera Solís han negado su participación, por lo que ya comenzaron el proceso para acudir al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston.

Burgos Amaro no formó parte del juicio debido a situaciones personales de su abogada, quien no pudo contrainterrogar a la testigo estrella. Posteriormente determinó no ir a juicio por separado e hizo la alegación de culpabilidad.

En el caso, además fue encontrado culpable Alan Lugo Montalvo, a quien se le sentenció con 30 años en prisión por conspirar para poseer y distribuir sustancias controladas y a Fabiany Almestica Monge, quien se le impuso una sentencia de 45 años por el mismo cargo y por poseer un arma de fuego para fines del tráfico de drogas.

Según la Fiscalía Federal, desde el año 2000 hasta el 2014, los acusados eran miembros de una organización criminal dedicada al asesinato y el tráfico de drogas en los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Guaynabo y Bayamón.

El argumento de los fiscales fue que la organización criminal utilizaba un contrato que mantenían con Doral Bank como parte de su operación de narcotráfico y que Spagnoletti, contrato por el mismo banco, ordenó a eliminarlo.

También alegaron que Rivera Solís usó su posición de jerarquía dentro de la religión yoruba para dar instrucciones a los coacusados, tema que la defensa cuestionó como recurso para parcializar al jurado.

Durante el juicio se reveló que fue Rivera Solis quien presuntamente ordenó el asesinato de Spagnoletti pero que fue Serrano Canales quien haló el gatillo cuando el banquero conducía por el expreso De Diego PR-22, en dirección hacia el Túnel Minillas, poco antes de llegar a la salida hacia el Viejo San Juan.

Durante 18 días de desfile de prueba, el jurado escuchó a 48 testigos de la fiscalía federal y uno de la defensa, seguidos por dos días de informes de cierre de las partes.