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La Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una demanda en el Tribunal Federal en San Juan para solicitar que el cierre de inscripciones electorales sea el 6 de octubre.

El recurso presentado este domingo solicita la declaración de una orden de restricción temporera, así como interdictos preliminares y permanentes, y una sentencia declaratoria que permita a los votantes potenciales a que se puedan “registrar no más tarde del 6 de octubre”, 30 días antes de la elección general del 5 de noviembre de 2024″.

La demanda, radicada a nombre de los ciudadanos Marina Espíritu, Francisco Concepción, Dante Vélez e Iris Delia Torres López, surge dos días de que el juez del Tribunal Superior de San Juan, Raúl Candelario López, rechazó la demanda del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), dejando el cierre de inscripciones para el pasado sábado, 21 de septiembre.

MVC y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) habían solicitado que el cierre fuera el 6 de octubre, aludiendo a múltiples problemas con el Registro Electrónico de Electores (e-RE).

Mientras, la ACLU alegó en su demanda federal que “miles de electores elegibles quedarán privados de sus derechos civiles al quedar fuera de las listas oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones”.

La ACLU señaló que el Código Electoral establece que el registro pueden tener lugar hasta 30 días antes de las elecciones, lo que dejaría la fecha límite para el 6 de octubre.

Asimismo, señaló en la demanda que la plataforma electrónica “ha rechazado solicitudes y documentos, dejando a más de 81,000 solicitantes esperando la confirmación del sistema electrónico de que se han registrado exitosamente”.

“La situación se agrava por cortes de energía eléctrica en las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) —donde los votantes pueden inscribirse en persona— y demoras que afectaron las inscripciones de votantes en la Universidad de Puerto Rico”, agregó.

Apuntó que “estas restricciones son onerosas bajo cualquier circunstancia y han dejado dramáticamente a los votantes elegibles sin recursos para registrarse en el período previo a las elecciones generales de 2024″.

“Incluso durante la pandemia del coronavirus (’COVID-19′), los votantes registrados de Puerto Rico fueron más altos que los números de registro al sábado 21 de septiembre de 2024, último día de registro establecido por la CEE”, abundó.

Denunció que, “sin ninguna medida de protección, los demandantes y muchos en su misma posición se verán obligados a aceptar la privación del derecho al voto. El gobierno de Puerto Rico tiene la obligación de asignar el presupuesto y el personal necesario a la CEE para garantizar el derecho al voto”.

“El derecho constitucional a votar de los demandantes no puede condicionarse a la falta de organización o presupuesto de la CEE para administrar el proceso electoral”, afirmó.