A petición del Departamento de Justicia de Puerto Rico, la jueza federal Camile Vélez Rivé paralizó este viernes la demanda civil contra agentes de la Policía por la muerte del adolescente Javier Antonio Cordero Nevárez, de 16 años, durante una intervención en agosto de 2022.

En una moción, Justicia explicó que la solicitud para detener el caso se debe a que inició un proceso de revisión para determinar si mantiene o revoca la representación legal de los oficiales ante la demanda federal.

La solicitud surge un día antes de la fecha límite establecida por la jueza federal Camille Vélez Rivé para contestar la demanda, presentada por Sheila Nevárez Chiclana, madre del menor baleado.

“Este caso se paraliza hasta que lo ordene el tribunal”, resolvió la jueza, según consta en el expediente electrónico del caso en el Tribunal Federal en San Juan. Asimismo, dispuso que para el 18 de junio Justicia informe en qué estado se encuentra la revisión.

La Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó, a nombre de Nevárez Chiclana, una reclamación de daños contra oficiales del alto mando de la Uniformada, así como contra el sargento Ángel Alicea y los agentes Giovanny Santiago Avilés, Luis Vélez Mari, Carmen Cacho, Félix de Jesús Flores, Roseanne Ruiz Cisneros, Kevin Meléndez Monsegur y Paola Farría Santiago.

Justicia asumió la representación de los demandados federales, según un beneficio que provee la Ley 9 de 1977 a los funcionarios del gobierno.

Sin embargo, esta semana, en el tribunal estatal de San Juan, Justicia presentó cargos criminales contra seis de esos ocho oficiales.

Contra Ruiz Cisneros se radicaron tres cargos por asesinato en primer grado, por disparar en una vía pública y por apuntar y disparar un arma de fuego. Santiago Avilés, De Jesús Abreu y Vélez Mari también enfrentaban tres cargos cada uno, en su caso por tentativa de asesinato, disparar en una vía pública y por apuntar y disparar un arma de fuego. Mientras, Meléndez Monsegur y Farías Santiago enfrentaban dos cargos cada uno por disparar en una vía pública y por apuntar y disparar un arma de fuego.

Tras una investigación del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Justicia no presentó cargos contra Alicea y Cacho.

Aunque el tribunal estatal de San Juan no encontró causa para el arresto de los seis agentes, Justicia informó que irá en alzada y la vista fue pautada para el 30 de abril.

Ante esa situación, según la moción federal, Justicia “comenzó el proceso de revaluar el beneficio concedido de la representación legal a los demandados (en el Tribunal Federal), para determinar si ellos cumplen con los requisitos establecidos por ley para este beneficio, a la luz de los hallazgos de la investigación (criminal), y si dicha representación levanta posibles conflictos de interés”.

“Esa evaluación conlleva un proceso administrativo en el que los demandados pueden solicitar una vista administrativa y pueden buscar una revisión apelativa a la decisión eventual del Departamento (de Justicia) en el asunto del beneficio de la representación legal”, apuntó la moción del abogado de Justicia José Cintrón Rodríguez.

“En vista de estos eventos, y durante el proceso de revaluación, este servidor no puede presentar una alegación responsiva a la fecha límite establecida por este tribunal”, agregó.

En consecuencia, solicitó “una paralización de los procedimientos en este caso mientras el asunto de la representación legal es revisada por el Departamento de Justicia de Puerto Rico”.

Como alternativa, Justicia llegó a plantear que la posibilidad de una “extensión de 60 días para contestar la demanda para poder concluir este proceso de revisión y llegar a una determinación final sobre si estos demandados, que enfrentan cargos criminales en la jurisdicción local, continuarán siendo representados por el Departamento de Justicia a través de este abogado”.

Cintrón reconoció que “están muy conscientes” de que se trata de una “solicitud inusual y extraordinaria, pero las circunstancias descritas” en la moción “son sin precedentes y justifican por completo pasos únicos para salvaguardar apropiadamente los derechos de todas las partes involucradas”.

Además de la reclamación de una compensación de daños, la demanda también buscaba la declaración de un interdicto que prohibiera a la Policía incurrir nuevamente en el tipo de conducta que terminó con la vida de Cordero Nevárez, al tiempo que pidió la creación de un grupo de monitoreo civil que fiscalice las acciones de la Policía y de las agencias de ley y orden del estado.

En una orden reciente, la jueza federal Vélez Rivé mantuvo en curso la reclamación de daños, pero desestimó la parte de la demanda en cuanto al interdicto, pues no tiene jurisdicción para enmendar la Reforma de la Policía, que responde a una decisión judicial de otro juez de igual jerarquía.

“Ese reclamo ha estado presente desde hace 15 años y es lamentable que el tribunal no lo haya querido considerar porque, ciertamente no es un reclamo dentro de la Reforma de la Policía”, expresó el abogado de la ACLU, Fermín Arraiza. “Es un reclamo y es una medida cautelar que queremos que se implemente adicional a la Reforma y los propios abogados del Departamento de Justicia federal han expresado que un cuerpo de monitoreo civil no es incompatible con la Reforma”.

“El cuerpo de monitoreo civil ha sido probado en otras jurisdicciones de Estados Unidos y ha sido muy efectivo”, agregó.

A preguntas de este medio, Arraiza no planteó que vaya a solicitar un remedio dentro del caso civil de la Reforma de la Policía, sino que se inclinan por otra solución.

“Estamos buscando una alternativa legislativa. A ver si a través de legislación se puede crear ese mecanismo”, indicó Arraiza, quien declinó comentar sobre cuán avanzado esté ese trámite.

Los hechos se remontan al 1 de agosto de 2022. Según el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, la secuencia de eventos comenzó en horas de la madrugada de ese día, cuando un ciudadano reportó que su auto Hyundai Tucson había sido robado en la urbanización Villa Fontana, lo que fue captado en vídeo y divulgado por la Uniformada.

El querellante proveyó información de la localización del vehículo a través de un GPS, por lo que no se registró la notificación del hurto en el sistema de la Policía. La División de Vehículos Hurtados comenzó a darle seguimiento y solicitó asistencia de oficiales de otros cuarteles.

“Por el GPS, se sabe que el vehículo está en Vista Hermosa, luego pasa al residencial Luis Lloréns Torres y regresa a Vista Hermosa, y es intervenido en la calle 40 de la urbanización La Rivera”, dijo el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, a El Nuevo Día en agosto de 2022. “Tan pronto se le da el alto, los policías se bajan (de las patrullas) y este (el conductor) alegadamente dirige el vehículo y alegadamente intenta atropellar a los agentes, y ahí es que comienzan los disparos”, agregó el funcionario, basándose en las versiones que recibió de la escena.

Al hacerse cargo de la pesquisa, el NIE ocupó las armas de siete de los agentes que dispararon en el incidente.

El día de la radicación de cargos, abogados de la defensa presentaron mociones para la entrega de lo que consideraban prueba exculpatoria.

Por su parte, la fiscal, sin entrar en detalles de la prueba, sostuvo que los cargos se basan evidencia científica y en testimonios de personas que estuvieron presentes en la escena.

“Los policías acribillaron a mi hijo. Ellos no lo detuvieron. Ellos no le leyeron sus derechos. Ellos fueron directamente a disparar. Fueron 64 impactos y 15 que le ocasionaron la muerte”, expresó Nevárez Chiclana, en una entrevista con El Nuevo Día en Santurce.

Asimismo, Nevárez Chiclana hizo un llamado al próximo juez que atienda el caso para que “observe bien las pruebas, que vea bien la investigación, que hubo una recreación de escena, más las fiscales tienen evidencia de que sí, ellos son responsables de la muerte de mi hijo, que por favor que hagan justicia”.