A casi cuatro años de su acusación por un gran jurado, la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier Laureano fue sentenciada este viernes a 8 años en prisión.

Como parte de la condena, la jueza de distrito federal Silvia Carreño Coll le impuso dos años de libertad supervisada y servicio comunitario después de salir de prisión. Mientras, la Fiscalía federal solicitó una restitución de $136,000. Carreño Coll, además, permitió que se entregue voluntariamente en una fecha que se especificará más adelante. Charbonier Laureano solicitó cumplir la condena en el campamento correccional Bryan en Texas, donde vive su hija.

Mientras, Orlando Montes Rivera, esposo de Charbonier Laureano, fue sentenciado a 4 años y 9 meses de prisión por su participación en el esquema de sobornos y pagos de comisiones ilegales (kickbacks). Carreño Coll le impuso un año de libertad supervisada y tres meses para entregarse. Montes Rivera también solicitó cumplir el tiempo en una prisión en Texas.

Los dos convictos declinaron ejercer su derecho a expresarse en el tribunal antes de que se emitiera la sentencia para no afectar las posibles apelaciones que podrían radicar.

Durante la vista, Charbonier Laureano fue representada por el abogado Francisco Rebollo. Antes del veredicto, la defensa presentó objeciones al informe presentencia. Montes Rivera, en cambió, fue representado por la letrada Anita Hill Adames, quien radicó una “moción de emergencia” el jueves, por lo que se pautó otra audiencia para la tarde de este viernes. Al estar sellada la orden, se desconoce de qué se trata.

Charbonier Laureano se mantuvo de pie y estática, al lado de Rebollo, mientras escuchaba el dictamen de Carreño Coll. Aunque la sentencia fue mayor que el tiempo solicitado por su defensa, los 96 meses fueron menos que los 15 años que la Fiscalía federal recomendó.

Carreño Coll reconoció que el informe presentencia presentaba un cálculo correcto de las ofensas contenidas en el veredicto de culpabilidad de Charbonier Laureano, pero entendió que se requería una reducción para que fuera “justa y no mayor de lo necesario”.

Rebollo señaló, durante sus objecciones al informe presentencia, que no se le debía adjudicar el total del dinero que la Fiscalía alega que recibió Charbonier Laureano por entender que, en los primeros 31 meses del esquema, $68,345 fueron a parar a manos de Jonathan Alemán, quien fue empleado legislativo de la entonces representante. Al presentar copia de un cheque, Rebollo alegó que Alemán hizo un pago de una hipoteca por la cantidad de $68,454, unos 15 días después de uno de los retiros de dinero de la cuenta de la exayudante de Charbonier Laureano, Frances Acevedo Ceballos.

Rebollo sostuvo, además, que no se le debía atribuir múltiples extorsiones a su clienta, sino que fue una sola que consistió de múltiples pagos entre 2017 y 2020.

Asimismo, el abogado argumentó que no aplicaba en el cálculo de la sentencia el supuesto rol de liderazgo en el esquema y aludió casos de otros legisladores. Señaló que los convictos exrepresentantes Nelson del Valle y Néstor Alonso Vega tuvieron circunstancias similares al caso de Charbonier Laureano - según descrito por la misma Fiscalía federal en documentos judiciales - pero no enfrentaron peticiones de penalidad por papel de liderazgo.

En su cierre, Rebollo solicitó a Carreño Coll que tomara en cuenta que antes de ser acusada, Charbonier Laureano ofreció distintos tipos de servicios sociales y comunitarios, por lo que pidió una sentencia menor de 63 meses (cinco años y tres meses).

Por su parte, el fiscal Jonathan Jacobson contestó que la evidencia mostró ingresos no declarados en las cuentas de Charbonier Laureano que “razonablemente se pueden relacionar con los retiros (de dineros en efectivo) en la cuenta de Acevedo”.

“La corrupción de Charbonier Laureano no tenía límites. Robó sobre $100,000 de fondos que le correspondían al gobierno de Puerto Rico. Eso fue lo que determinó el jurado. Rebollo está pidiendo una absolución a través de la sentencia”, apuntó Jacobson.

“Decir que no era la líder es inconsistente con la evidencia presentada en el juicio. No solo defraudó y robó, sino que mintió a los agentes, falsificó documentos y ordenó a los demás que estaban en su entorno”, agregó el fiscal. “¿Era la persona humanitaria que Rebollo describe, o era la jefa que le dijo a Frances Acevedo que dijera a los agentes que podía hacer con su dinero lo que quisiera”.

Al argumentar sus objeciones al informe presentencia, la licenciada Hill Adames indicó que ningún testigo declaró que Montes Rivera conocía que los pagos pertenecían a un esquema ilegal de sobornos. También planteó que es injusto que le aplique un aumento en la sentencia por involucrar a un oficial electo, porque considera que Montes Rivera tuvo un papel “periférico” en las alegaciones de la acusación. Notablemente, Hill indicó que Charbonier Laureano fue la líder del esquema.

Igualmente solicitó que no se le considere responsable por la pérdida estimada de $136,000 señalada por la Fiscalía federal, si no por una cantidad menor a $65,000. Además, sostuvo que su cliente no se benefició económicamente de los pagos.

Por su parte, la fiscal federal María Montañez respondió que sí se costearon gastos personales con esos fondos y que la evidencia demostró que Montes Rivera sí tenía conocimiento, además de que mostró consciencia de culpa al esconder un envase con dinero en la maleza cerca de la casa de Sheila Mangual diciendo que pensaba que lo estaban siguiendo los agentes federales.

Charbonier Laureano, veterana figura del Partido Nuevo Progresista (PNP), era presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes cuando fue arrestada por agentes federales el 17 de agosto de 2020.

La acusación sostuvo que Charbonier Laureano infló el salario de Acevedo Ceballos quien, a su vez, le pasó pagos mensuales de $1,500 a la entonces legisladora, supuestamente, con la ayuda de Montes Rivera y otras personas, para recibir sobre $100,000 entre 2017 y 2020.

Para probar las alegaciones, el Ministerio Público presentó al jurado estados bancarios, mensajes de textos y un total de 15 testigos, incluyendo agentes federales y exempleados. Mientras, Acevedo, coacusada y exrecepcionista de Charbonier Laureano, se declaró culpable aceptando que hizo los pagos a la entonces legisladora.

Al terminar el desfile de prueba, el jurado solo deliberó cuatro horas para emitir un veredicto de culpabilidad contra Charbonier Laureano y Montes Rivera.

La defensa de Charbonier Laureano adelantó que buscará revertir el veredicto ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston.

Otros casos por corrupción contra funcionarios electos con penas de cárcel extensas han tenido lugar en la jurisdicción estatal, donde el exalcalde de Humacao, Juan Rodríguez Santana o “Juan Higgins” fue sentenciado a 22 años de prisión en 1993.

Asimismo, el exlegislador Fernando Tonos fue sentenciado a 17 años de cárcel en 1995, aunque después de un año salió en probatoria. Mientras, en el 2011, el exalclade de Vega Baja, Edgar Santana, fue condenado a 18 años de prisión.