El juez federal Francisco Besosa Stubbe emitió una orden y opinión en la que ordena celebrar un nuevo juicio a nivel estatal contra Antonio Ramos Cruz, convicto por la llamada masacre de Trujillo Alto, ocurrida en el 1989 y donde fueron asesinados una madre y sus dos hijos.

Así lo anunció Julio Fontanet Maldonado, el fundador y director del Proyecto Inocencia, adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, quien añadió que en la orden, de 80 páginas, el juez concedió una solicitud de libertad (habeas corpus).

El licenciado instó al Departamento de Justicia y al gobernador Pedro Pierluisi a que no apelen la decisión en Boston y que se proceda a celebrar un nuevo juicio en el que Ramos Cruz -quien se encuentra libre- pueda presentar toda la evidencia exculpatoria.

Los hechos en este caso se remontan a junio de 1989, cuando Haydée Teresa Maymí Rodríguez y sus dos hijos, Eduardo Enrique y Melissa, de 5 y 3 años, respectivamente, fueron asesinados en la residencia de la mujer en Trujillo Alto.

Por este crimen, las autoridades acusaron a Ramos Cruz y Juan Carlos Meléndez Serrano, quienes, el 24 de febrero de 1992, fueron encontrados culpables por un jurado. Sin embargo, ambos convictos aseguran que son inocentes del atroz crimen.

“Hemos identificado a nuevos testigos que han salido de ese anonimato o de ese miedo que tenían para asumir un rol de mayor responsabilidad ciudadana y aportar información que tenían sobre este caso y que no habían divulgado”, dijo Fontanet Maldonado.

En conferencia de prensa junto a la licenciada Vanessa M. Mullet Sánchez, colaboradora de Proyecto Inocencia, indicó que uno de los nuevos testigos reside en los Estados Unidos y ha sido entrevistado recientemente.

“No puedo divulgar las interioridades de ese testimonio, pero sí debo advertirles que es un testimonio muy contundente y que tiene mucho que aportar con la conducta de uno de los sospechosos durante el período en que los niños fueron asesinados”, mencionó.

Dijo también que el testigo les expresó que no habló antes por temor y porque en nuestra sociedad “el venir y denunciar a alguien, y aportar a que se acuse, no es bien visto”. “Pero, es una persona que se fue de Puerto Rico, que ha escuchado las cosas que han pasado en este caso y se siente indignado”, enfatizó Fontanet Maldonado.

Aunque reconoció que el testimonio debe ser corroborado, indicó que es una pieza importante, pues el testigo asegura que se trató de comunicar sin éxito con los fiscales en el caso. “Va a aportar evidencia hacia otra persona que siempre fue sospechosa”, aseguró.

En cuanto a otros nuevos posibles testigos en el caso, adelantó que hay un funcionario de un tribunal “que vio algo inapropiado en el manejo del jurado” y que será entrevistado, al igual que otra persona relacionada por “afinidad” con otro de los sospechosos.

“Mi recomendación (al gobierno) es que no recurran a la determinación emitida por el juez Besosa y que inclusive consideren sobreseer el proceso. De lo contrario, vamos a ver el juicio. El Proyecto Inocencia va a presentar toda la evidencia. No tengo duda de que, si un nuevo jurado escucha la nueva evidencia, la determinación va a ser de no culpable por unanimidad”, mencionó.

Al ser cuestionado sobre cuán difícil podría ser llevar un juicio sobre un asesinato que ocurrió hace más de 30 años, Fontanet Maldonado indicó que “es difícil tanto para el fiscal como para la defensa porque hay testigos no disponibles, porque fallecieron”, pero explicó que el estado de derecho vigente en Puerto Rico permite que se puedan utilizar los testimonios vertidos en el primer juicio.

“Pero dos testigos principales, que fueron impugnados por los abogados de defensa, están disponibles. Espero que quieran declarar y quizás rectifican y dicen por qué declararon lo que declararon después de tantos años, que sabemos que es falso”, sostuvo.

Tanto Ramos Cruz como Meléndez Serrano cualificarían para la Junta de Libertad Bajo Palabra, indicó.

En cuanto al fallo de Besosa Stubbe, Fontanet Maldonado indicó que es una “reivindicación” y calificó el tracto del caso como “atropellado e injusto”. “Es evidente que la condena fue errónea y que Antonio es inocente”, dijo.

Agregó que la determinación de Besosa Stubbe es un reconocimiento al fallo emitido hace años por la jueza del Tribunal de Carolina, Berthaida Seijo Ortiz, “que concedió un nuevo juicio a Ramos Cruz, una petición que estuvo basada, entre varios fundamentos, en un informe de ADN que se hizo a uno de uno de los cabellos ocupados en la ropa interior de la dama víctima, que excluía totalmente a Antonio y al otro coacusado (Juan Carlos Meléndez Serrano) de ser el donante de ese cabello”.

“En este caso el Ministerio Público siempre estuvo insinuando que el móvil que tuvo Antonio y el otro acusado fue uno de naturaleza sexual y por eso pretendía y le decía al jurado que aquí había un elemento de tentativa de agresión sexual y que ello fue parte del móvil para supuestamente ocasionarle la muerte a la dama víctima”, agregó Fontanet Maldonado.

Asimismo, mencionó que Besosa Stubbe, al emitir la orden judicial, enfatizó “la manera tan contraria de derecho que dos jueces del Tribunal de Apelaciones valoraron dicho informe y como dichos jueces no aplicaron el derecho aplicable cuando decidieron revocar la concesión de un nuevo juicio emitida por la juez Seijo Ortiz”.

Por otro lado, Fontanet Maldonado mencionó que “el juez señaló de manera repetida en muchas de esas 80 páginas el manejo inadecuado por parte de la Policía y los fiscales que intervinieron en el caso y que de alguna manera pudo afectar la evidencia que se pudo haber recogido y la poca confiabilidad de la que se recogió”.

Enfatizó que, además, el juez federal destacó el “tracto misterioso” del cuchillo que supuestamente se utilizó para asesinar a esos niños, “un cuchillo que en la escena fue levantado inadecuadamente, por un policía, del piso donde estaba (y) que estaba debajo de una ropa de los niños manchada de sangre”.

“Posteriormente, señala el juez, que ese cuchillo aparece en la casa de los padres de esos niños, que lo entrega porque, supuestamente, aparece en una caja”, que contenía objetos que no fueron levantados en la escena del crimen “y como se iba a vaciar el apartamento, se introdujo en esa caja”, añadió.

De igual manera, Fontanet Maldonado indicó que, a su vez, el juez federal planteó que “aquí hubo varios sospechosos”, por lo que entiende que “debió haber mediado una investigación más rigurosa en cuanto a estas personas para haberlos excluido y centrar la investigación en dos personas que eran totalmente inocentes”.

“Particularmente, en el caso de Antonio, no hay una sola pieza evidenciaria, ni una sola que lo vincule directamente con los hechos imputados en este caso y por eso es que el juez Hiram Sánchez, que lo sentenció, ha dicho que el caso se ventiló por jurado y que no tenía otra opción más que sentenciarlo”, dijo el fundador de Proyecto Inocencia.

De otro lado, Fontanet ‚Maldonado recordó que en la Asamblea Legislativa hay una legislación pendiente para crear la Junta Revisora de Condenas Erróneas. Se trata del Proyecto del Senado 56.

“Nada impide que en una próxima sesión extraordinaria se incluya este proyecto porque el caso de Antonio refleja la necesidad de aprobar ese proyecto creando la Junta Revisora de Condenas Erróneas que existe en Estados Unidos”, añadió.

Aseguró que casi el 70% de las personas exoneradas en Estados Unidos el año pasado fueron fruto de ese proceso de revisión de la Junta Revisora de Condenas Erróneas.

“Hay muchos Antonio en las cárceles de Puerto Rico. No son miles, pero son decenas y pueden ser cientos”, concluyó Fontanet Maldonado.

En tanto, el Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que “se encuentra evaluando la decisión para determinar el curso de acción correspondiente. Se acaba de recibir el documento ayer, que es voluminoso, y se examinará responsablemente”.