El juez presidente del Tribunal Federal en San Juan, Raúl Arias Marxuach, denegó el miércoles la petición de fianza para la maestra acusada de abusar sexualmente de un adolescente en Mayagüez.

Tras un análisis contenido en una opinión de 22 páginas, el juez ordenó que Kiara Ramos Meléndez, de 29 años, permanezca ingresada en prisión hasta que enfrente juicio por cargos de forzar y/o incitar a un menor y por recibir material de explotación infantil.

“No hay condiciones o combinación de condiciones que puedan garantizar la seguridad del menor víctima si la acusada es liberada”, resolvió el juez, quien se había reservado el fallo luego de una vista el pasado 19 de marzo.

Durante la audiencia, la fiscal Daynelle Álvarez presentó evidencia documental, incluyendo fotografías y llamadas telefónicas, para describir cómo la acusada había mantenido una contacto de índole sexual con el menor, que habría comenzado con un beso en un salón de clases de la escuela en la que ella era maestra de kínder o primer grado y la víctima era un estudiante de octavo grado.

Asimismo, mostró prueba de que la mujer quedó embarazada del menor y que los padres del menor han apoyado la relación ilegal, incluyendo estadías de toda la familia en un hotel, así como permitir que el adolescente pernoctara en la casa de la acusada. Indicó, además, que coordinaron qué decir y qué no decir en una entrevista con la Policía.

En la vista también declaró el agente Xavier Martínez, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), quien participó en la entrevista de Ramos Meléndez el día en que fue arrestada y aseguró que la acusada confesó los hechos.

Arias Marxuach señaló que, al tomar en consideración los planteamientos de la defensa y las cartas de familiares y allegados, entiende que Ramos Meléndez no representa un riesgo de fuga.

En cambio, dedicó varias páginas para exponer las razones por las que sí entiende que representa un riesgo para la seguridad del menor.

Apuntó que Ramos Meléndez abusó de la posición de confianza como maestra y que la evidencia sugiere que luego insistió en repetidos contactos con el menor y su familia, pese a que llegó a tener una orden de protección en su contra y después de que las autoridades le ocuparan su teléfono.

“En otras palabras, la evidencia presentada indica que la Sra. Ramos continuó buscando contacto ilegal e inapropiado con la víctima menor a pesar de ser consciente de las posibles consecuencias legales y el fuerte oprobio social”, manifestó Arias Marxuach.

Asimismo, el juez señaló que “la acusada y los padres del menor víctima parecen incapaces o no dispuestos a reconocer que las acciones de ella son ilegales y perjudiciales para el niño involucrado”. Al respecto, indicó que la aceptación de los padres a la “relación ilegal” de este tipo no “disminuye el daño grave e irreparable del abuso sexual por parte de un adulto”.

También observó que las “páginas y páginas de registros de llamadas” de la acusada al menor “sugiere fuertemente que sufrirá aún más daño si a Ramos se le permite la libertad previa al juicio”.

Ante estos factores, el juez indicó que la combinación de un custodio y grillete “no es suficiente”. Aunque reconoce que Ramos tiene apoyo de su comunidad, Arias Marxuach expuso que en las cartas recibidas no encontró un reflejo del entendimiento de la acusación.

De igual forma, Arias Marxuach resaltó que Ramos Meléndez estaba en la casa de su madre y allí recibió la visita del menor víctima con sus padres el día antes de que fuera arrestada.

Según Arias Marxuach, si permitiera que salga bajo fianza, Ramos Meléndez quedaría con un grillete que “revela donde está un acusado, pero no con quién está”.

“Dado que los padres del menor víctima parecen dispuestos a facilitar el contacto entre él y la acusada, el tribunal cree que el monitoreo electrónico no sería suficiente para evitar el contacto entre el acusado y la víctima menor. El monitoreo electrónico tampoco impediría que el acusado acceda a un teléfono u otro medio de comunicación para continuar llamando a la víctima menor, como lo ha hecho en el pasado”, indicó el juez.

“Las condiciones de liberación propuestas (por la Oficina de Probatoria) dependen demasiado de la autovigilancia y la presentación de informes por parte de Ramos, su tercer custodio o la familia de la víctima menor, nada de lo cual genera confianza dada la información presentada en la audiencia”, afirmó.