El juez de distrito sénior Francisco A. Besosa, quien supervisa el acuerdo entre el gobierno de Puerto Rico y Estados Unidos para reformar el Negociado de la Policía, encontró en desacato civil al gobierno en el caso de 12 tenientes que apelaron al no pasar el examen de promoción a capitán.

En la orden de 11 páginas emitida este viernes, Besosa estableció que el gobierno de Puerto Rico violentó los apartados 16 y 17 de la sentencia acordada (decreto de consentimiento) del 15 de noviembre de 2016, por lo que estableció medidas correctivas alternativas propuestas por los Estados Unidos, por el Monitor de la Policía y por el Comisionado Especial, Alejandro del Carmen, para atender la controversia.

La Reforma de la Policía surgió luego de que, en julio de 2008, el Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó a la Uniformada y al gobierno per se el inicio de una investigación sobre presuntos patrones o prácticas de violaciones de derechos civiles.

“Se declara al gobierno de Puerto Rico y a los demandados en desacato civil por violar los apartados 16 y 17 del decreto de consentimiento al otorgar puntos de manera arbitraria a los 12 tenientes que no aprobaron, en el 2015, el examen de promoción a capitán″, lee la orden analizada por El Nuevo Día.

La orden responde a una ronda de apelaciones ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) radicadas por los tenientes Olvin Aulet Maldonado, Héctor Natal Santiago, Edgardo González Feliciano, Mary Bell Maldonado Ortiz, Luis López López, Luis A. García Castro, Miguel González Rodríguez, Joaquín De la Cruz Santiago, Rosa M. Sánchez Ortiz, Javier Requena Mercado, Blanca Pérez Colón y Edgar Sánchez Caro.

Según el documento, el gobierno buscó negociar acuerdos de conciliación con los 12 recurrentes para otorgar la puntuación necesaria para aprobar el examen en cuestión, pero a cambio, los tenientes renunciarían a continuar con sus reclamaciones por compensación salarial.

“Ello permitiría a la Policía ascender a los recurrentes al grado de capitán y evitar nuevos litigios. Sin embargo, estas promociones irían en contra de los apartados 16 y 17 del decreto de consentimiento”, resaltó Besosa en el escrito.

De acuerdo al documento, los apartados en cuestión disponen que “los exámenes se ajustarán a las normas profesionales generalmente aceptadas para la validez de las pruebas”, prohíben la otorgación arbitraria de puntuaciones y establecen que se debe garantizar que el proceso de selección sea legal, justo y coherente.

“Al otorgar puntos a 12 tenientes para ascender al rango de capitán de manera arbitraria, caprichosa o discriminatoria, los demandados violaron el decreto por consentimiento, obstaculizaron la selección de candidatos calificados y socavaron la confianza en los ascensos actuales y futuros en todos los niveles”, establece la orden judicial.

En consecuencia, Besosa ordenó una serie de medidas correctivas alternativas. El gobierno podrá ejecutar los acuerdos presentados como resoluciones finales por la CASP, incluyendo el ascenso de los 12 tenientes, pero estableció controles mucho más estrictos para garantizar que los nuevos capitanes cumplan con los requisitos del cargo.

En esa línea, los tenientes tomarán un adiestramiento amplio de 80 horas sobre las obligaciones, responsabilidades y expectativas de los capitanes antes de asumir tales funciones, según el documento judicial. El curso normal para una persona que asciende al rango de capitán es de 40 horas.

Además, el gobierno presentará ante el tribunal el plan de capacitación para la debida revisión y aprobación antes de comenzar a brindar el adiestramiento a los tenientes. Del mismo modo, los oficiales tomarán y deberán aprobar un examen sobre las obligaciones de los capitanes.

Besosa añadió que se llevarán a cabo evaluaciones de desempeño anuales de los 12 oficiales, y los hallazgos se entregarán al Monitor federal de la Reforma de la Policía, John J. Romero.

El gobierno también presentará informes trimestrales que incluyan todos los nuevos recursos relacionados con los ascensos de la Policía hasta el grado de capitán, incluyendo el nombre del oficial y la fecha en que se presentó el recurso.

El estado también informará sobre todos los recursos pendientes ante la CASP u otro organismo de apelación que se relacionen a los ascensos. A tenor con lo anterior, el tribunal confirió al Monitor federal y al auxiliar judicial las facultades suplementarias en base a la nueva orden.

En ese contexto, deben supervisar las medidas adoptadas para resolver las impugnaciones a las preguntas de los exámenes de ascenso por parte de los comités que se establezcan, exigir que se presenten para evaluación todos los documentos que se usan para adjudicar las impugnaciones que hacen los candidatos y que se sometan informes donde se expliquen detalladamente las acciones que se tomaron.

De igual manera, se debe, entre otras cosas, “revisar todas las decisiones del gobierno de modificar la puntuación establecida en las políticas o protocolos aprobados para cualquier examen de ascenso a cualquier rango hasta el rango de capitán, para determinar si se aprueban, rechazan o modifican las decisiones”.

No obstante, si una parte no está de acuerdo con un requerimiento o determinación que se haya hecho, la orden dispone que puede solicitar la intervención del tribunal, siempre y cuando se le notifique por escrito a las partes.

“Nada de lo dispuesto en la presente orden tiene por objeto alterar o modificar el decreto de consentimiento”, añadió Besosa.