El juez federal Francisco Besosa denegó el miércoles la petición del exproductor televisivo Sixto “George” Díaz Colón para salir bajo fianza mientras dure la apelación a su veredicto de culpabilidad y sentencia de cárcel en su contra.

Inmediatamente después de la orden, la defensa de Díaz Colón informó que ahora pedirá la libertad condicionada en el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston.

Tras ser encontrado culpable por un jurado, Díaz Colón fue sentenciado a cuatro años y tres meses de prisión.

En agosto pasado, el licenciado Rafael Castro Lang, abogado de Díaz Colón, radicó la apelación del veredicto y sentencia en Boston, y, el mes pasado, solicitó la libertad bajo fianza en lo que el Apelativo resuelve.

Pero, en una orden y opinión de 20 páginas, el juez Besosa determinó que Díaz Colón debía continuar tras las rejas por el caso de intento de extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia.

El juez señaló que la petición de Díaz se basa en que Boston podría ordenar una absolución o un nuevo juicio alegando seis supuestos errores de derecho.

Sin embargo, Besosa apuntó que “los argumentos de Díaz (en su petición de fianza) no constituyen un asunto de ley, y no merecen conceder fianza durante la apelación”.

Según la orden, en relación a uno de los alegados errores, Díaz sostiene que “[es] imposible determinar en qué pruebas se basó el jurado para condenarlo, pero recibieron pruebas variantes de delitos/hechos que no formaban parte de la acusación, que razonablemente podrían haber conducido a ella (sentencia)”.

No obstante, Besosa apuntó que las pruebas en las que se basó el jurado son “fácilmente comprobables”.

Asimismo, resaltó que la Fiscalía federal presentó la declaración de Anthony Maceira y otros testigos “que demuestran que Díaz exigió $300,000 dólares para suprimir la publicación de los chats de Telegram, incluidos los adicionales a los ya filtrados, que eran perjudiciales a la administración del entonces gobernador Ricardo Rosselló”.

Díaz Colón fue encontrado culpable en febrero de 2023, y luego sentenciado a cuatro años y tres meses de prisión el 4 de agosto de 2023, por cargos de extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia. La acusación alegó que en el 2019 pidió $300,000 y contratos en el gobierno al entonces secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira, a cambio de que parte del contenido del llamado “Chat de Telegram” no fuera divulgado públicamente por Raúl “Raulie” Maldonado, hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier.