La defensa de Wanda Vázquez Garced confirmó que cooperó con las autoridades federales en una pesquisa por alegado soborno con relación al puesto de la gobernación en el 2019.

El planteamiento surgió en la noche del lunes en una moción radicada por su abogado, Ignacio Fernández, como parte del caso federal contra federal Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el asesor financiero Mark Rossini, quien, en el pasado, fue agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

En la tarde del pasado jueves, la defensa de Rossini reveló en una moción que Vázquez Garced había grabado para el FBI conversaciones que tuvo con dos oficiales electos del gobierno de Puerto Rico, identificados por Noticel como la comisionada residente Jenniffer González y el senador Thomas Rivera Schatz.

Señaló que, entonces, Vázquez Garced acudió al FBI –el 3 de agosto de 2019– para denunciar un “intento de soborno”, dando paso a una pesquisa en la que participó la funcionaria como informante, hasta que, posteriormente, fue cerrada por la agencia federal sin acusación alguna.

“Vázquez Garced es fiscal de toda la vida y exfiscal general. Y cuando se enfrentó a lo que percibió como una posible actividad ilegal, hizo exactamente lo que un fiscal debe hacer: alertó a las autoridades y cooperó con la investigación”, contestó Fernández en su moción de este lunes.

Después de que el asunto saliera a la luz pública, González y Rivera Schatz se desligaron de las alegaciones de soborno sin negar los intercambios mencionados en la moción de Rossini.

Ambos indicaron que el cierre de la pesquisa sin acusación significa que no cometieron delitos.

“No hubo delito ni actuación impropia ninguna, al punto que a mí nadie me entrevistó ni me investigó y, como han visto, no se continuó con un caso por parte del FBI. Estas acusaciones son de parte de un acusado federal por corrupción trayendo nombres de grabaciones para tratar de desviar la atención pública”, dijo González, quien indicó que las discusiones tras la salida de Rosselló Nevares tenían el fin legítimo de garantizar una sucesión ordenada.

En tanto, Rivera Schatz rechazó, en una entrevista con la emisora radial Notiuno, que hubiera tenido interés en ser nombrado a la secretaría de Estado –lo que lo hubiera colocado primero en línea para ocupar la gobernación tras una potencial renuncia de Vázquez Garced– y, en su lugar, afirmó que apoyó abiertamente la designación de González al cargo.

Por su parte, el abogado de Vázquez Garced cuestionó que Rossini haya divulgado públicamente el tema de la cooperación de la exfuncionaria con el FBI. Sostuvo que esa información había estaba sujeta a una orden de protección del Tribunal Federal en San Juan y denunció que dicha publicación “ha generado publicidad no deseada” para Vázquez Garced.

Detalló también que Rossini y Herrera Velutini se enteraron durante el proceso de descubrimiento de prueba entregada por la Fiscalía federal “hace más de un año”.

Con respecto a los abogados de la exgobernadora, indicó que “en ese momento, revisamos los elementos proporcionados por el Ministerio Público y determinamos que no estaban relacionados con el caso en cuestión”, así que “no se utilizarían en defensa de Vázquez Garced y debían mantenerse privados”.

Fernández expuso que, en julio pasado, Rossini incluyó por primera vez la información en un borrador de una moción de desestimación, pero el equipo legal de Vázquez Garced lo objetó y solicitó que fuera removido.

“Después de todo, el FBI cerró la investigación sin encontrar alguna evidencia”, planteó Fernández.

El abogado argumentó que el momento en que se hace “esta revelación, sin ninguna aclaración por parte de la gobernadora Vázquez Garced, podría tener un impacto en las próximas elecciones y es un asunto de gran preocupación”.

“La versión techada presentada públicamente no incluye los documentos originales proporcionados en el descubrimiento. Es injusto para los dos funcionarios del gobierno enfrentar preguntas cuando los documentos originales no están disponibles para la prensa y el público, especialmente porque los documentos mismos muestran que los dos funcionarios no cometieron algún delito”, agregó.

La moción que el equipo legal de Rossini, un exagente del FBI, presentó señala que, el 30 de julio de 2019, a través de terceros, el “oficial electo 1″ (Rivera Schatz, según Noticel) le hizo saber a Vázquez Garced que quería “negociar” en torno al cargo de gobernador. “Pocos días después”, alega la moción, el esposo de Vázquez Garced, el exjuez superior Jorge Díaz Reverón, recibió otra llamada de un allegado de Rivera Schatz confirmando la intención del líder senatorial de ser nombrado secretario de Estado.

“La propuesta era clara: si la señora Vázquez (Garced) designaba al oficial electo 1 como secretario de Estado y luego renunciaba, él le garantizaría a Díaz Reverón una silla en el Tribunal de Apelaciones y ofrecería a Vázquez un rol en su administración”, sostiene el escrito, que señala que, el 3 de agosto, Vázquez Garced reportó el “intento de soborno” al FBI, “dando paso a una investigación dirigida por el agente especial a cargo Doug Leff”.

“Vázquez acordó asistir al FBI comenzando con grabar una conversación con (nombre tachado), un contratista del Departamento de Justicia, que había sido contactado por (nombre tachado), primo del oficial electo 1 y convicto por delito grave, para coordinar una reunión entre Vázquez y el oficial electo 1 sobre la gobernación”, abunda la moción.

En las semanas siguientes, prosigue el alegato, la exgobernadora grabó múltiples conversaciones, entre ellas, una con el oficial electo 1 y “otro oficial electo”, cuyo nombre también fue tachado.

“La situación escaló” cuando el oficial electo 2 (González, de acuerdo con Noticel) “se reunió con Vázquez y sugirió que considerara una posición de alto nivel diferente en el gobierno, insinuando su propio interés en la gobernación. Cuando Vázquez reiteró su intención de aceptar la gobernación, el oficial electo 2 afirmó, ‘¿no has hablado con (el oficial electo 1)?”, indica la moción, que agrega que esta conversación grabada llevó al FBI a creer que existía una conspiración entre los oficiales electos 1 y 2 para “remover” a Vázquez Garced de la gobernación, de forma que alguno de ellos “pudiera convertirse en gobernador”.

“A pesar de ello, el FBI cerró la investigación en noviembre de 2019, citando dificultades en coordinar reuniones con Vázquez luego que se convirtió en gobernadora”, agrega el recurso de 41 páginas.

Un año después, ya estaba en curso la pesquisa que resultó en las acusaciones contra Rossini, Vázquez Garced, Herrera Velutini. El 20 de noviembre de 2020, cuando Vázquez Garced agotaba las últimas semanas como gobernadora, surgieron las primeras órdenes de allanamiento diligenciadas por el FBI.

Un gran jurado federal eventualmente los acusó de conspirar para que Vázquez Garced recibiera aportaciones a su campaña para las primarias de 2020 a cambio de que removiera a George Joyner de la jefatura de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), con la intención de detener una pesquisa contra Bancrédito International.

La moción de desestimación de Rossini, en síntesis, argumentó que Rossini y Herrera Velutini, no actuaron ilegalmente al “cabildear” a favor de un cambio en la jefatura de OCIF, y que evidencia de ello fueron las múltiples comunicaciones que Rossini dirigió a Leff, quien era en ese entonces el jefe del FBI en Puerto Rico, expresando sus preocupaciones por el manejo de esa dependencia gubernamental.

“El reversazo, en el que aquellos que inicialmente buscaron la asistencia del FBI terminaron bajo su escrutinio levanta serios cuestionamientos sobre el proceso y las motivaciones detrás de estas acciones, especialmente dado que el oficial electo 1 y el oficial electo 2, implicados en la alegada conspiración, no solo no enfrentaron consecuencias, sino que continúan sirviendo al pueblo de Puerto Rico”, afirmó Rossini.

Por su parte, Fernández indicó que están de acuerdo con “que las comunicaciones de Rossini con el FBI muestran una preocupación legítima por el manejo de la auditoría de Bancrédito por parte de la OCIF y son relevantes para la falta de intención criminal de los coacusados”.

“Sin embargo, la divulgación de la participación de Vázquez Garced en una investigación no relacionada del FBI no contribuye a ese propósito y se hizo en contra de sus deseos expresos”, acotó.