Dos convictos federales serán sentenciados este miércoles en relación al asesinato del banquero Maurice Spangoletti, en medio de una controversia por la petición de que paguen $6 millones en restitución a las víctimas.

Yadier Serrano y Roberto Rivera Solís fueron encontrados culpables por un jurado federal por cargos relacionados al asesinato de Spagnoletti, en junio de 2011 en San Juan, con el alegado propósito de preservar un contrato con Doral Bank, que supuestamente usaban para cubrir sus actividades de narcotráfico.

En una orden y opinión, el juez federal Francisco Besosa indicó que la Fiscalía federal solicitó $6,177,284 de restitución a nombre de la viuda e hija del banquero.

Besosa explicó que inicialmente la viuda solicitó $15,794,497, “basado en las preguntas contenidas en la Declaración de Impacto de Víctima” en el Tribunal Federal.

Posteriormente, la Fiscalía federal ajustó la cantidad, precisando cantidades de forma específica: $34,124 por el vehículo de Spagnoletti; $106,010 por el tratamiento sicológico de las sobrevivientes; $6,000,000 por la pérdida de ingreso del banquero; $31,350 por los gastos fúnebres; y $5,850 por gastos asociados a la comparecencia a los procedimientos judiciales.

Por su parte, el licenciado Leonardo Aldridge, abogado de Rivera Solís, cuestionó las cantidades, indicando que “ninguna información se provee” sobre cómo el Ministerio Público obtuvo “el monto total de las pérdidas”.

Tras un análisis judicial, Besosa resolvió que la hija y viuda de Spagnoletti sí cualifican para ser consideradas como víctimas bajo los estatutos federales.

Al evaluar la documentación presentada por la fiscalía federal, el juez aprobó la restitución por la pérdida del vehículo, mientras que denegó las peticiones de restitución por los gastos asociados a comparecer al tribunal y el tratamiento sicológico.

El juez explicó que basó su determinación en precedentes judiciales de tribunales de mayor jerarquía que han encontrado que la “restitución por servicios sicológicos está confinada a cuando una víctima ha sufrido ‘lesiones corporales’”.

Besosa reconoció que la viuda e hija del banquero “han sufrido tremendamente. La abrupta y desgarradora pérdida de Spagnoletti” les privó de su “marido y padre. Sin embargo, la indemnización debe ajustarse a la ley vigente”.

Mientras, dejó en suspenso el reclamo de indemnización por los gastos fúnebres y los $6 millones por pérdidas de ingresos del banquero, ordenando al Ministerio Público a que provea prueba con “base fáctica” para alegar que Spagnoletti tenía un salario anual de $400,000 y de que la viuda pagó $31,350 en gastos fúnebres.

Varios días después, la Fiscalía federal respondió con una moción que incluía varios documentos de evidencia, pero no se pueden ver por que fueron radicados de forma sellada para el público.

Luego, una moción del licenciado Peter Díaz, abogado de Serrano, indicó que esa prueba consistió en un documento con el acuerdo de empleo entre Doral y Spagnoletti, un artículo de la agencia de noticias Bloomberg y un contrato con un cementerio.

En la moción, Díaz respondió oponiéndose a la orden de restitución sobre la alegación de la pérdida de ingresos por entender que la Fiscalía “falló en proveer evidencia confiable”.

Expuso que los “tres documentos ofrecidos como prueba son rumores (o prueba de referencia) inadmisibles según las Reglas 801 y 802 de las Reglas Federales de Prueba. El supuesto contrato de trabajo ni siquiera está firmado por los funcionarios de Doral, ni por Maurice Spagnoletti. En el documento sólo aparecen firmas electrónicas no confirmadas por testigos confiables”.

“Permitir estos documentos como evidencia de un supuesto salario anual de $400,000 con Doral Bank constituirá un abuso de discreción y una violación directa de los derechos al Debido Proceso del acusado”, agregó.

Por su parte, la Fiscalía federal contestó explicando que “en la fase de restitución no se aplican las reglas de la prueba, siempre que la información tenga suficientes indicios de confiabilidad para respaldar su probable exactitud”.

Asimismo, señaló que la defensa de Serrano “no puede reclamar violación del debido proceso cuando tuvo seis meses para evaluar la evidencia presentada por el Ministerio Público, expresar su posición sobre la restitución y proveer evidencia al tribunal para refutar el cálculo del Ministerio Público provisto al tribunal y escogió no hacerlo”.

“El Ministerio Público solicita respetuosamente que el tribunal determine que las alegaciones del acusado Serrano Canales de violación del debido proceso y rumores son desestimadas a los efectos de la determinación del monto de la restitución, a la luz de su falta de refutar oportunamente los indicios de confiabilidad de las pruebas ante el tribunal”, acotó.

Además de la restitución, Serrano y Rivera Solís se exponen a sentencias de cadena perpetua tras la convicción por los cargos relacionados al asesinato.

Por su parte, Luis Camona Bernacet también se enfrenta a cadena perpetua, pero por el asesinato de otra persona incluido en la acusación, ya que el jurado no lo encontró culpable por el crimen de Spangoletti.

En cambio, Alex Burgos Amaro, quien también estaba acusado en relación al asesinato del banquero, llegó a un acuerdo con la Fiscalía federal para declararse culpable solamente por cargos de narcotráfico y violación a la ley de armas.

De acuerdo con la prueba desfilada durante el juicio, Spagnoletti se aprestaba a cortar el contrato de la compañía de mantenimiento que tenía Doral Bank con Rivera Solís, quien supuestamente lo usaba para cubrir sus operaciones de narcotráfico, por lo que ordenó el asesinato del ejecutivo bancario. La Fiscalía federal argumentó que Burgos Amaro vio cuando Spagnoletti salió del banco e hizo la llamada que resultó en que Serrano lo siguiera por el expreso De Diego y le disparara antes del Túnel Minillas en San Juan.