En momentos en que continúa vigente la declaración de estado de emergencia por violencia de género, Puerto Rico registra un aumento en los casos de feminicidios durante los primeros cuatro meses del 2024, un panorama que, según entrevistados, genera gran preocupación.

El feminicidio más reciente se reportó a las 4:29 a.m., del domingo, en la carretera PR-686, cerca de la playa Los Tubos en Manatí, donde fue encontrado el cuerpo de Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años, que estaba semidesnudo y presentaba heridas en el cuello y la cabeza.

El imputado del feminicidio, Hermes Ávila Vázquez, de 52 años, fue sentenciado en el 2005 a cumplir 122 años de prisión por otro crimen atroz, pero quedó en libertad en el 2023 tras invocar la Ley 25-1992 para el egreso de pacientes con enfermedades en su etapa terminal.

“La realidad es que sí, que hemos visto (un aumento). Estamos claros que el feminicidio es una muerte violenta de una mujer. Así se de dentro del contexto de relación de pareja o fuera del contexto de la relación de pareja, Puerto Rico está presentando un cuadro, lamentablemente”, dijo la procuradora interina de Mujeres, Madeline Bermúdez Sanabria.

La licenciada destacó que, “en efecto, sí hay más feminicidios fuera del contexto de relación de pareja porque estamos viendo mujeres que están siendo víctimas del crimen como víctimas colaterales. Eso me preocupa y me ocupa porque las mujeres nos estamos viendo afectadas por la criminalidad... (y) por lo que se está viviendo como sociedad”.

Referente al caso de Ávila Vázquez, precisó que “ha sido un crimen atroz. Nosotros repudiamos totalmente esta acción. Estamos llevando a cabo una investigación en ese aspecto. Hemos estado en conjunto con la Policía, el Departamento de Justicia, en comunicación con Corrección”.

Sobre el imputado, la funcionaria agregó que “fue convicto, precisamente, de un feminicidio en el año 2005 donde él no solamente asesinó esta mujer, sino que también la agredió sexualmente post-mortem. Así que sabemos que esta persona es un psicópata social”.

Y es que Ávila Vázquez ya contaba con un amplio expediente criminal. Según datos del Departamento de Justicia, además de los cargos que le fueron imputados en 2005 y el lunes, en 2004 Ávila Vázquez enfrentó cargos por robo, agresión agravada, actos lascivos, y portación y uso de arma blanca. Diez años antes, en 1994, también fue imputado de robo, posesión ilegal de armas, portación ilegal de armas, apuntar intencionalmente con un arma de fuego, tentativa de agresión sexual, tentativa de robo, apropiación ilegal agravada de un vehículo, daños agravados, tentativa de sodomía, posesión y portación ilegal de armas de fuego y restricción a la libertad. Por todos los cargos resultó culpable.

“¿Qué hace esta persona en la libre comunidad? Es una de las incógnitas que estamos en el proceso de aclarar porque nos preocupa y nos ocupa que no estemos tomando esto en consideración a la hora de otorgarle privilegios en ley a estos asesinos. Esto no debió haber ocurrido”, dijo.

En una conferencia de prensa, el martes, el gobernador Pedro Pierluisi indicó, a preguntas de periodistas, que el caso tiene que ser investigado a saciedad y que las autoridades deben tomar cartas en este asunto para que Ávila Vázquez sea reingresado de inmediato en el sistema correccional.

“Ahí definitivamente que algo falló en el sistema. Estamos claros. Por lo que veo en los propios reportajes, aparentemente esta persona hasta engañó a los propios médicos que lo estaban evaluando. Así que, ciertamente, esa persona hay que reingresarla de inmediato en el sistema correccional de Puerto Rico porque salió bajo el diagnóstico de que era parapléjico, que no podía moverse, cuando vemos que no tenía tal limitación. Así que aquí ha habido un gran engaño”, sostuvo.

Según la Policía, hasta el pasado 22 de abril, 21 feminicidios se habían reportado, de los cuales siete habían sido catalogados como íntimos, dos familiares y hay uno bajo investigación. Para el mismo período en el 2023, se habían reportado siete feminicidios, de los cuales seis fueron catalogados como íntimos y uno no íntimo.

Con relación a las estadísticas de este año, de los 21 feminicidios, 11 han sido catalogados como no feminicidios, lo que significa “asesinatos por otros móviles, que la investigación no muestra razones de género”. De esos 11, cinco son por drogas, uno por robo y tres por venganza/rencilla.

“Las únicas estadísticas oficiales de feminicidio en Puerto Rico son emitidas por la Policía de Puerto Rico con la fiscalización del Tribunal federal conforma a la reforma y por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico”, indicó el Negociado de la Policía, en declaraciones a El Nuevo Día.

Referente a la disparidad con las cifras del Observatorio de Equidad de Género, que reporta 32 casos de feminicidios en lo que va de 2024 en Puerto Rico, la Uniformada indicó que dicha organización no gubernamental “recopila sus datos de forma informal, utilizando publicaciones de los diarios y de acuerdo al protocolo latinoamericano, cuyo contenido no aplica a las leyes estatales ni federales, por las que se rige nuestro ordenamiento jurídico”.

La agencia agregó que basa sus estadísticas en la recopilación de evidencia científica, conforme a las reglas de procedimiento criminal, las leyes federales y estatales y las guías de investigación criminal. “Además, clasifica de acuerdo al Protocolo de muertes violentas de mujeres y personas trans por razón de género”, sostuvo.

Ante las cifras de feminicidios, la procuradora interina de las Mujeres destacó que hay ayudas disponibles para las víctimas de violencia. En ese contexto, enfatizó que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres cuenta con la línea confidencial 787-722-2977, que brinda asistencia a víctimas y opera las 24 horas y los siete días de la semana.

“Las ayudas están disponibles. Se ha hecho un trabajo nunca antes visto en Puerto Rico, reforzando los servicios directos a la mujer, en lo que son los presupuestos a las organizaciones. Puerto Rico tiene más de cinco albergues para víctimas de violencia de género”, precisó.

Al momento, y adicional al feminicidio de Meléndez Vega, la Policía también investiga, conforme al protocolo de feminicidio, la muerte de una mujer de 72 años, que llegó a una institución hospitalaria con abrasiones en el cuello y falleció a las 4:26 p.m., del pasado sábado en el pueblo de Toa Baja.

En declaraciones a El Nuevo Día, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, dijo que dicha agencia estatal está cumpliendo con su función de procesar los casos de feminicidio y otros delitos relacionados con la violencia doméstica.

“Estamos actuando para frenar los feminicidios desde nuestra función en el sistema de justicia. Entendemos que se está transformando el sistema y veremos los resultados. Pero para erradicar este mal, que tanto daño está provocando a nivel mundial, es necesario aunar esfuerzos entre todos los componentes de la sociedad y el gobierno”, dijo el funcionario.

Emanuelli Hernández explicó que, de ordinario, la agencia interviene cuando ya ha ocurrido un delito, pero que, en atención a la política pública y la declaración de emergencia emitida por el gobernador, se amplió las unidades especializadas de violencia doméstica y se reclutó más de 50 fiscales especiales para atender estos delitos con un enfoque centrado en la víctima y sus necesidades, incluyendo aspectos de salud y seguridad.

Asimismo, destacó que la agencia incorporó una evaluación de riesgo de fatalidades que permite determinar, con valor científico, el nivel de peligro de muerte en que se encuentra una víctima a manos de su agresor.

“Logramos que Puerto Rico se convirtiera en la única jurisdicción donde todos los fiscales que atienden casos de violencia doméstica están certificados para utilizar este instrumento que fue creado por la Dra. Jaqueline Campbell, profesora de la Universidad de John Hopkins”, dijo.

Del mismo modo, planteó que la agencia integró a sus protocolos una herramienta de investigación en todos los casos de estrangulamiento no fatal para identificar potenciales feminicidas y mejorar la documentación de estos delitos, toda vez que las mujeres que experimentan estrangulamiento no fatal por parte de una pareja íntima tienen 754% más probabilidades de ser víctimas de feminicidio.

“Invertimos en una nueva programación para mejorar la recopilación de datos estadísticos sobre feminicidios íntimos y otros delitos de violencia doméstica tipificados en estatutos fuera de la Ley 54-1989, lo que nos brinda un panorama más amplio sobre la incidencia de la comisión de estos crímenes en la isla”, mencionó el funcionario.

En ese contexto, dijo que se ha brindado adiestramientos innovadores y especializados para todos los componentes del sistema de justicia y las entidades no gubernamentales dirigidos a fortalecer las investigaciones y el procesamiento efectivo de estos casos.

“Igualmente, nuestra Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delito orienta y brinda a las víctimas ayuda económica, servicios sicológicos, acompañamiento al tribunal, albergue, elaboración de planes de seguridad conforme al riesgo que enfrenta la víctima de violencia doméstica, entre otros”, puntualizó.

Por su parte, la Policía dijo que, desde la declaración de emergencia por violencia de género, en dicha agencia se ha demarcado el cambio más significativo, y que la prioridad y la política pública gira en torno a la protección de las víctimas de violencia doméstica, una atención enmarcada en la empatía, libre de prejuicios y enfocada en evitar la revictimización.

“Se han revisado y actualizado las políticas, protocolos y reglamentos conforme a las nuevas disposiciones, órdenes generales internas y leyes. Se han actualizado los adiestramientos en toda la cadena de oficiales, desde los cadetes hasta las unidades especializadas”, expresó.

De igual manera, planteó que se cambió la manera en que se recopilan las estadísticas de feminicidios y se creó el Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección (COPOP) para monitorear el diligenciamiento de las órdenes emitidas por los Tribunales y proveer una serie de servicios, tales como patrullaje preventivo a las partes, peticionarias, de órdenes o víctimas de violencia, doméstica, entre otros.

“Por primera vez, también se estableció el protocolo de investigación de muertes violentas de mujeres y personas trans. Con este protocolo, se establece que todas las muertes violentas o sospechosas de mujeres y personas trans, se investigan partiendo de que puedan ser feminicidios o transfeminicidios”, mencionó la agencia.

En ese contexto, agregó que estas y muchas otras iniciativas se han establecido en menos de tres años. “Sin embargo, tenemos que tener presente que cuando la Policía entra en el proceso de la violencia doméstica, ya existe un agresor y una víctima”, acotó.

“Debemos aspirar, como sociedad, a prevenir la formación de agresores o agresoras y de víctimas, a todos los niveles. Esta es una tarea de todos los componentes, desde las familias, comunidad, los organismos cívicos, de educación, de base de fe, sin fines de lucro y hasta de las industrias de tecnología, de la música y el entretenimiento y otros sectores privados”, puntualizó la agencia, en declaraciones escritas.

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Tanto la Policía como la Oficina de la Procuradora de las Mujeres tienen herramientas para atender, confidencialmente, cualquier señalamiento o querella sobre un patrón de abuso, maltrato o situación por violencia de género. Si atraviesas por una emergencia o incidente que requiere la intervención inmediata de las autoridades, llama al Sistema de Emergencias 9-1-1. Si eres o conoces de una persona que atraviesa un patrón similar, puedes comunicarte con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, así como con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977.