“Es una situación bien extraña, que nos toma de sorpresa”.

Así reaccionó la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar, al ordenar una investigación después de que viera en televisión a Hermes Ávila Vázquez caminando esposado y escoltado por policías, tras su arresto como sospechoso de un feminicidio el domingo, en Manatí.

Según la funcionaria, el convicto por asesinato en primer grado fue sentenciado en el 2005 a 122 años de cárcel, pero en abril de 2023 se le permitió salir porque supuestamente sufría de varias condiciones de salud que no le permitían “desplazarse” ni “hacer unas funciones fisiológicas que cualquier persona, sin sus condiciones, podía hacer de forma normal”.

Sin embargo, un año después de salir a la libre comunidad, Ávila Vázquez fue detenido y habría hecho algún tipo de admisión por el asesinato de Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años y residente de Vega Baja. En las imágenes de televisión se le veía caminar al paso acelerado con que usualmente llevan a los arrestados esposados.

“Todas las áreas que trabajan con estos casos, que intervienen en el área de Programas y Servicios, incluyendo los que supervisan en comunidad, están consternados... si es que finalmente se concluye que nos estaba engañando”, manifestó Escobar.

“Está todo el mundo incómodo con la situación”, añadió la titular de Corrección, quien explicó que su condición era de “parapléjico progresivo”, que era “una de las condiciones que se mencionaba” para dejarlo salir.

Asimismo, señaló que se trata de un beneficio bajo la Ley 27 de 1989 y Ley 25 de 1992, enmendadas en el 2014, para confinados con enfermedades terminales o con dificultades de desplazamiento.

Ávila Vázquez, quien está en el Registro de Ofensores Sexuales, se había declarado culpable por asesinato en el 2005, pero también contaba con un extenso expediente criminal, con algunos delitos que se remontan a 1991, incluyendo violación sexual, secuestro y violaciones a la ley de armas.

Sin embargo, su salida de prisión fue autorizada luego de que un panel de médicos lo evaluara y el personal del DCR hiciera una evaluación en la comunidad donde iba a residir. “Evaluaron y encontraron que están todos los criterios para concederlo. Se hace comunicación a las víctimas de delito y en adición se procede a excarcelarlo”, dijo Escobar.

A partir de ese momento, era supervisado por personal del DCR que lo veía mensualmente, alternando entre la oficina de la agencia y visitas a su casa.

Escobar destacó que, incluso, se le brindó una cama de posición, silla eléctrica y una silla de ruedas regular para poderse desplazar, así como pañales desechables.

“Se visitaba la comunidad. No hay alguna información que nos diga esta persona la vieron por los vecinos o empleados de la agencia que se desplazaba, caminaba y funcionaba normalmente, sin ninguna dificultad, como cualquier individuo que no tenga condiciones médicas”, expuso Escobar.

“Nos resulta insólito, lo tengo que decir así, por el hecho de que pudiera haberse dado el caso de que esta persona pudiera estar caminando con anterioridad, y no nos percatamos de esa situación”, agregó.

Ante la pregunta directa de si Ávila Vázquez engañó al DCR, Escobar manifestó que “No lo quiero concluir, pero si fuera así, engañó a los médicos primero, porque los médicos son los que están certificando”.

“Conforme a esta ley, tiene que haber un análisis de profesionales de salud, en este caso los médicos, que son los que hacen una recomendación a través del panel de médicos que se conforma”, abundó. “Son médicos del DCR a través de (la empresa) Physician Correctional, que ofrece servicios a la comunidad penal”.

Aunque el lunes todavía se determinaba si se radicaban cargos o no, Escobar adelantó que Ávila Vázquez será reingresado a prisión mientras se dilucida qué ocurrió con su alegada condición de salud.

“Todos los médicos que lo atendieron dieron sus prognosis. Establecieron su cuadro médico, y no había alguna bandera para levantar de que algo incorrecto con relación a su salud estaba ocurriendo”, comentó.

“Ya ordené e impartí instrucciones a los compañeros del programa de Comunidad para que iniciaran un informe correspondiente para inicio de revocación del privilegio, de manera que sea o no una persona finalmente imputada del delito (en Manatí), entre en un proceso de regresarlo a prisión, e iniciar ese proceso investigativo de por qué esto está ocurriendo”, afirmó.