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PNP radica querella en la Oficina del Contralor Electoral por anuncios en billboards pagados por Bad Bunny en contra de la colectividad

El artista urbano publicó en su cuenta de X una serie de fotos de los mensajes indicando que fueron pagados por él, mientras que la agencia alega que sí cumple con la reglamentación aplicable

24 de septiembre de 2024 - 4:05 PM

Updated At

Actualizado el 24 de septiembre de 2024 - 6:34 PM

El Partido Nuevo Progresista (PNP) radicó el martes una querella contra la empresa publicitaria bMedia Group en la Oficina del Contralor Electoral por, presuntamente, publicar anuncios con comunicaciones electorales en contra del partido sin indicar quién los pagó.

De acuerdo con la querella, los anuncios muestran un fondo negro con letras blancas que dicen “QUIEN VOTA PNP NO AMA A PUERTO RICO”; “VOTAR PNP ES VOTAR POR LA CORRUPCIÓN” y “VOTAR PNP ES VOTAR POR LUMA”, entre otros.

“Dichos anuncios no establecen quien los promueve, quien los paga, quien quiere influenciar a los votantes en este proceso electoral, en clara violación a las leyes aplicables”, continúa el documento legal.

La querella resalta que, como medio de comunicación, bMedia Group debe radicar informes periódicos ante la Oficina del Contralor Electoral que establezcan quién paga estas publicaciones.

El documento menciona que todas las agencias o medios de comunicación que presten servicios a partidos políticos, estarán obligados a rendir informes en la Oficina del Contralor Electoral “con expresión de los costos de los servicios prestados por ellos para anuncios con fines electorales”.

“Además, las agencias de publicidad, los productores independientes y medios de comunicación... vendrán obligados a incluir en dichos informes el nombre, dirección postal y algún número de identificación de toda persona que sufrague los costos de producción de la publicidad de los partidos políticos, aspirantes, candidatos, comité de acción política, personas y grupos independientes”, afirma la querella.

De acuerdo a lo redactado en el documento, la persona que pautó los anuncios pudo cometer violaciones de ley al no identificarse ni presentar informes que la vincularan directamente a la publicación de estos anuncios.

“Del mismo modo, puede interpretarse que la agencia de publicidad violó las disposiciones de la Ley 222-2011 al haber publicado los anuncios sin los medios requeridos”, exponen.

“Todo esto fundamentado en la democracia y el derecho de los electores de conocer quien o quienes tratan de influir en el proceso electoral”, establece la querella.

Por su parte, en un comunicado de prensa, Hiram Torres Montalvo, secretario general del PNP expresó que “aquellos que nos acusan de corrupción son los verdaderos corruptos. Estas pautas son contrarias a la Ley y, tan culpable es quien los paga, como la entidad que los publica en sus pantallas. La querella exige que los identifiquen y que el pueblo sepa quienes o las entidades que pagan por esto”.

Bad Bunny se atribuye la compra de anuncios

Aunque su nombre no figura en la querella, poco después de que esta se hiciera pública, el artista Benito Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, publicó en su cuenta de X que los anuncios fueron pagados por él, “un puertorriqueño que sí ama a Puerto Rico”.

Un tuit publicado en la cuenta oficial de Bad Bunny donde dijo que pagó los anuncios.
Un tuit publicado en la cuenta oficial de Bad Bunny donde dijo que pagó los anuncios. (Captura)

En otra publicación previo a esta, Martínez Ocasio dijo que el PNP utilizaba su poder para intentar callarlo. También cuestionó la democracia en Puerto Rico.

bMedia Group alega que consultó al Contralor Electoral

De otro lado, la empresa publicitaria bMedia Group alegó, en declaraciones escritas, que los espacios contratados por el exponente urbano fueron publicados “bajo el entendimiento de consultas previas con la Oficina del Contralor Electoral, por estos no estar sufragados con fondos públicos ni por una colectividad política”.

“En bMedia cumplimos con la reglamentación aplicable y en este caso efectuamos notificaciones por escrito y consultas pertinentes a la Oficina del Contralor Electoral, a tono con los requisitos de la ley”, sostuvo la compañía.

En su comunicado, la empresa, además, indicó que presentará ante la entidad la documentación que les sea requerida.

“bMedia es una empresa de medios de comunicación y no está afiliada a ningún partido político, comité o aspirante, ni suscribe el contenido ni los mensajes de los anuncios de sus clientes”, agregó la agencia publicitaria.

El contralor electoral Walter Vélez sostuvo, en una entrevista televisiva del programa “Primera Pregunta”, de Telemundo, que no fue hasta ayer que recibió, cerca de las 6:30 p.m., una llamada de bMedia sobre la reglamentación aplicable.

“Yo personalmente hablé con una persona y le dije que los anuncios publicados son una comunicación electoral de acuerdo a la definición de la Ley 222 cuando se menciona a un aspirante, candidato, partido político e impacta a más de 500 personas. Es una comunicación electoral”, señaló Vélez.

“Se le orienta y se le dice que el anuncio no tenía la coletilla que dispone que este anuncio fue pagado. Si fuera pagado por un partido, tiene que decir: ‘pagado por el partido tal’. Si fue pagado por un tercero o un ciudadano, también tiene que ser identificado según estipula la ley”, explicó el contralor.

Al ser cuestionado en la entevista sobre si bMedia pudiera enfrentarse a una penalidad, Vélez sostuvo que “no me voy a adelantar. Hay una querella radicada. Tengo que darle el debido proceso de ley para que ambas partes se expresen. Pero tenía que estar identificado (el anuncio)“.

De acuerdo con el contralor, la reglamentación dispone que, si una persona jurídica incumple con el requisito de la coletilla en una comunicación electoral, puede exponerse a una multa de $5,000 a $10,000 por infracción.

“La responsabilidad es dual. El medio y la persona se exponen a multa (...) Una vez emite el pago para la pauta, la ley requiere que toda tercera persona que no está envuelta en asuntos políticos o no tiene un comité registrado tiene 48 horas para radicar un informe ante la Oficina del Controlar Electoral porque pasa de la cantidad de $5,000 en un gasto y la ley requiere que la ciudadanía conozca quien está pagando esa campaña, si el dinero es legítimo”, indicó.

“Tienes todo el derecho de libre expresión para hacerlo, pero lo que establece la ley es que tienes que presentar un informe de los gastos”, precisó Vélez.

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