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Mientras, por un lado, justificó una denuncia de líderes penepés contra el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, el gobernador Pedro Pierluisi calificó este lunes como parte de “un patrón de ataques” la acusación del precandidato de la Pava al Senado Carlos Díaz Sánzhez en torno a un supuesto esquema de uso ilegal de fondos públicos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para beneficiar a 21 funcionarios que son parte de la campaña del mandatario.

“Estamos en época electoral, y la persona que está haciendo los señalamientos es el mismo... Un precandidato que yo no voy a abundar porque no tengo que estar yo llamando la atención, que es lo que busca el precandidato, pero sí te puedo decir que son falsos los señalamientos”, expresó Pierluisi, a preguntas de la prensa, sobre Díaz Sánchez, un exlegislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Para el también precandidato a la gobernación del PNP, la denuncia de Díaz Sánchez “es un patrón de ataques injusto, falso, en medio de un año electoral”.

Díaz Sánchez señaló el domingo que, en agosto de 2023, la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, anunció el ascenso de rango de 139 oficiales de custodia, entre ellos, 21 trabajadores promovidos a teniente primero y que supuestamente están activos en la campaña del primer ejecutivo.

Además, alegó que, entre esos 21 servidores públicos ascendidos, hay algunos que fueron promovidos a pesar de no haber pasado el examen, y, otros que pasaron el examen, pero no se les concedió el aumento por estar identificados con el PPD o con la campaña de la también aspirante a la gobernación novoprogresista, Jenniffer González.

“Vivimos en una democracia. Aquí no se puede estar criminalizando a las personas que sean militantes, activistas del partido que sea. Las agencias son reflejo de nuestra sociedad. En las agencias, hay personal de los dos partidos principales y, posiblemente, también de los dos partidos emergentes”, subrayó Pierluisi.

Al mandatario, también se le cuestionó si había alguna diferencia respecto a la denuncia que hicieron, también el domingo, el secretario general del PNP, Hiram Torres Montalvo; y el representante José “Pichi” Torres Zamora, quienes alegan que el secretario general del PPD intervino en gestiones de una firma de consultoría con contratos con entidades públicas, en violación a lo que establece el Código Electoral, porque, como comisionado electoral alterno, no puede tener contratos en el gobierno, incluidos los municipios y corporaciones públicas.

“Ahí, fue muy puntual. Él (Torres Zamora) dijo hasta la empresa, la identificó, explicó cuál es el esquema que está imputando, y ahora veremos cuál es la contestación, porque sí hay una restricción para la posición de comisionado electoral alterno de que no puedes tener contrato con entidades gubernamentales”, sostuvo Pierluisi.

“La diferencia es ahí, que yo no veo el patrón”, aseguró.

Insistió en que Díaz Sánchez aparentemente “tiene una agenda para llamar la atención, para hacer ataques falsos, injustos”, y dijo que no dedicará “más tiempo al asunto, porque realmente eso es lo que precisamente busca ese precandidato”.

El gobernador refirió a Escobar Pabón cualquier pregunta específica sobre el proceso de los ascensos y cuántos empleados se beneficiaron a base de un examen o por “mérito”.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, la secretaria precisó que hubo 138 personas ascendidas y, de esa cifra, 20 fueron por mérito “y el resto, por examen”. Destacó que “todos cumplían con los requisitos para poder ser ascendidos”.

“Las personas que se atendieron por mérito fue porque, de todos los puestos solicitados para ascensos, no pudieron ser cubiertos en el área o renglón de sargentos, que eran 90 los que estaban disponibles para las personas ser ascendidas. Dentro de ese grupo, 64 cumplieron con todos los requisitos, pues no puedo utilizar con ascensos de ese mismo rango a otros compañeros porque realmente no había nadie más dentro del registro de elegibles para que eso fuera así”, explicó la funcionaria.

“Lo que hicimos fue que, como parte de las opciones que se tienen dentro de recursos humanos y las leyes vigentes y aplicables en el área de recursos humanos, trabajamos con la conversión de los puestos sobrantes no ocupados para el área de sargentos, para trabajarlo con atender necesidades adicionales que surgieron bajo el proceso”, abundó.

Escobar Pabón rechazó que el aspecto político haya incidido en los ascensos. Respecto al alegato de que hubo trabajadores que no fueron ascendidos, pese a que pasaron los exámenes, mencionó que “dependía de la cantidad de puestos que se tenía disponible en ese momento”.

“Si lo que tengo son, por ejemplo, en el área de capitanes, 10 puestos, pues no puedo atender 12 o 13″, planteó Escobar Pabón.