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El gobernador Pedro Pierluisi se mostró firme en que el plebiscito “criollo” que convocó esta semana –para el mismo día de las elecciones del 5 de noviembre– se llevará a cabo a pesar de la oposición, posibles demandas en su contra y cuestionamientos por la falta de presupuesto para realizar la consulta.

“Mi decisión es final y firme. Yo utilicé una ley, la Ley 165 de 2020, que me faculta a convocar esta consulta”, señaló Pierluisi a preguntas de la prensa, durante un evento en el que anunció la rehabilitación del proyecto de vivienda multifamiliar Brisas de Arroyo.

El mandatario opinó que el rechazo a la consulta responde a “razones político partidistas”, al tiempo que manifestó que los opositores “no se han dado cuenta que esto no tiene que ver con sus aspiraciones personales, esto tiene que ver con el futuro de Puerto Rico desde el punto de vista de nuestro status, que el que tenemos es indigno, que el que tenemos nos limita y es vergonzoso”.

“Todos los estadistas están llamados a votar, todos los soberanistas están llamados a votar, y todos los independentistas están llamados a votar. Ya lo que hagan los partidos es otra cosa, pero esto no tiene que ver con partidos”, aseveró Pierluisi.

El lunes, el gobernador informó su decisión de convocar un séptimo plebiscito de status en Puerto Rico, respaldado por la Ley 165 de 2020, que le permite tomar esta determinación sin el aval de la Asamblea Legislativa. Las alternativas en la consulta serán la estadidad, la libre asociación e independencia.

El rechazo por parte del Partido Popular Democrático (PPD), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Proyecto Dignidad no se hizo esperar. Sin embargo, el gobernador fue enfático en que “el que manda es el pueblo y el pueblo es el que está llamado a votar”.

Por otro lado, aseguró que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no puede intervenir en su decisión.

“Aquí, no puede haber objeción desde el punto de vista presupuestario, tampoco puede haber objeción desde el punto de vista político porque es irrelevante, y en cuanto a los truenos estos de que quizás van a los tribunales, esa ley (165), que me la estudié minuciosamente, está muy bien redactada y fundamentada, así que auguro que cualquier pleito judicial es natimuerto, no va a rendir resultados”, enfatizó Pierluisi.

Cuestionado sobre por qué piensa que esta consulta de status rendirá frutos, a diferencia de las anteriores, comentó que esta es “la mejor manera de ejercer presión sobre el Congreso, de pedirle acción al Congreso, de dejarle saber al Congreso cuál es el sentir del pueblo de Puerto Rico”.

Mientras, sobre la disputa por la falta de fondos para atender el costo de la consulta, indicó que le corresponde a la Oficina de Gerencia y Presupuesto evaluar el plan de presupuesto que la Comisión Estatal de Elecciones presente e identificar la partida “que sea necesaria” para sufragar los costos.

“La última vez que tuvimos un plebiscito en Puerto Rico, se vio alto y claro que hay más estadistas que afiliados a partido alguno y que ningún candidato o candidata en Puerto Rico pudo obtener los votos que la estadidad recibió. Entonces, es bien importante para el Congreso que el pueblo de Puerto Rico se exprese, que el Congreso sepa cuál es el nivel de apoyo que tiene cada una de estas tres opciones no territoriales y no coloniales”, aseveró.

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REFERENCIAS:

Ley 165 de 2020