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Debido a los múltiples problemas con el Registro Electrónico de Electores (e-RE), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) insistieron este jueves, ante al Tribunal de San Juan, en aplazar hasta el 6 de octubre el cierre de las inscripciones, un pedido al que el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) se opusieron argumentando que extender la fecha afectaría otros procesos en ruta a las elecciones generales del 5 de noviembre.

La controversia, sin embargo, quedó sin resolverse, ya que el juez superior Raúl Candelario López se reservó su fallo. Las partes esperan que el togado emita una determinación antes de este sábado, 21 de septiembre, cuando cierra el registro electoral, según el calendario aprobado.

“Todos sabemos las dificultades en el proceso de inscripción de nuevos votantes y las barreras. Ha sido totalmente atropellado. El error de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no puede pesar más que el derecho al voto. Los retos no son fuente de derecho. Los errores se corrigen y para eso está usted aquí”, planteó el abogado Frank Torres Viada, en representación del MVC, al juez, en la vista argumentativa de hoy.

Por su parte, el abogado del PPD, Gerardo de Jesús, argumentó, ante el juez, que la comisionada electoral de su partido, Karla Angleró, está de acuerdo en extender la fecha, “al menos, tres días”. No obstante, esta propuesta fue rechazada ayer, miércoles, por la comisionada del MVC, Lilian Aponte, pues suponía acortar el tiempo del cierre de operaciones y “afectaría las 76,000 transacciones que están pendiente por revisar”.

Al salir de la vista, Aponte opinó que esos tres días “son buenos porque expande la oportunidad de los electores”, pero se expresó confiada en que Candelario López comprenderá los retos que la ciudadanía ha enfrentado y, por lo tanto, acogerá la petición de extender el cierre del registro hasta el 6 de octubre, o sea, 30 días antes de las elecciones.

En tanto, el comisionado del PNP, Aníbal Vega Borges, insistió en oponerse a la petición del MVC y PIP, al argumentar que los procesos, como las 178,000 solicitudes de voto adelantado ya recibidas, se verían afectadas. “La persona que llegue (a inscribirse) el 21 (de septiembre), antes de las 8:00 p.m., si no se pueda atender ese día, se va a atender el día 22, 23 y 24. Se van a atender con sus turnos”, afirmó a la prensa en un aparte.

En la vista, una de las controversias principales fue un calendario de la CEE, actualizado hasta el miércoles, que no había sido visto por los comisionados del MVC, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Proyecto Dignidad. Según Torres Viada, el calendario contiene “seis días en que la CEE no va a trabajar”, que podrían ser utilizados para ejercer funciones electorales en caso de que el tribunal extienda la fecha de cierre del registro.

“¿Hay o no espacio para extender la fecha o lo que no hay es voluntad? Esa es la pregunta que tiene que contestarse el tribunal. Si la comodidad de los funcionarios de la CEE pesa más que el derecho al voto”, argumentó, en su turno de réplica.

Por su parte, De Jesús explicó al juez que el calendario establece que las listas de electores deben entregarse al 30 de septiembre “Se verá totalmente afectado (de extenderse). Esos nueve días (21 al 30 de septiembre) son significativos para producir la lista de los electores con fotos”, insistió, al solicitar al tribunal que no se convierta en una “supracomisión”.

Asimismo, Félix Passalacqua, representante legal de la CEE, aseguró que “extender el calendario implicaría que no se lleve a cabo la elección”, ante las interrogantes del juez sobre cómo se afectaría el proceso electoral de otorgar más tiempo. Al final del registro, “sabremos cuántos colegios van a ser y cuántas papeletas hay que preparar para cada precinto”, puntualizó.

Passalacqua también comparó las filas de electores con los procesos en “los centros de inspección para sacar el marbete, si esperas al último día”. “No se puede cuartar el derecho de los otros electores inscritos para que se pueda celebrar la elección, como manda la Constitución”, respondió al juez.

Del mismo modo, el abogado Ramón Rosario, del PNP, insistió en la “falta de legitimación activa” para que el tribunal intervenga, al señalar que “no se ha presentado una prueba de un elector que no pueda inscribirse, ya que todavía puede ir, hoy mismo (jueves), a la Junta de Inscripción Permanente”.

Mientras, la abogada del PIP, Wilda Nin, cuestionó: “¿Qué es lo importante? ¿Un calendario que se ha enmendado o el derecho fundamental que tiene todo ciudadano y en lo que se basa la democracia?”. Además, comentó que los funcionarios electorales deben doblar turnos, de ser necesario.

La representante de Proyecto Dignidad, Chery Negrón Rosario, compartió, en sala, que “no hay ninguna razón por la cual no se pueda llegar a un acuerdo para añadir una semana adicional”. A su vez, recordó que el e-Re debía iniciar en julio de 2021, pero no fue hasta finales de 2023 que se comenzó a implantar, “en violación a la propia ley”.

Al pleito, se unió, como parte interventora, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), representando a dos electores que han enfrentado problemas con el registro digital. El abogado Fermín Arraiza Navas exhortó al juez a extender el cierre hasta el 5 de octubre.