En ruta a las elecciones generales del 5 de noviembre, el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González, presentó, este martes, su plan anticorrupción junto al representante Héctor Ferrer Santiago.

“Hoy presentamos nuestro plan de cero tolerancia a la corrupción. Con este plan, queremos combatir la corrupción mediante un sistema unificado y eficiente que ejecute una fiscalización y un encausamiento efectivo”, dijo Ortiz González en una rueda de prensa.

Según el presidente del PPD, su propuesta dejará atrás “el sistema ineficiente que promueve la impunidad debido a dilación de investigaciones, la burocracia excesiva y la duplicidad de esfuerzos en unas áreas y la carencia de esos mismos esfuerzos en otras”.

Ortiz González indicó que es una prioridad “impostergable” reestructurar el sistema judicial para encausar la corrupción sin importar de donde venga y sin descansar en la intervención de las autoridades federales, que radican más del 80% de los casos.

Detalló que la propuesta, que está contenida dentro del plan de gobierno del PPD denominado “Fuerza de Futuro”, busca que la gente vuelva a confiar en las instituciones públicas y contiene 18 iniciativas específicas, incluyendo crear el Código de Ética y Anticorrupción.

“El sistema que tenemos hoy para combatir la corrupción no funciona. Es obsoleto, ineficiente y burocrático. Yo haré frente a la corrupción, sea en mi partido o en cualquier otro”, dijo el también representante por la acumulación.

“Hoy impera la impunidad para la corrupción en contra de los mejores intereses de nuestra gente y en contra de los mismos objetivos para los que estas instituciones fueron concebidas. Con esta reforma, vamos a sacar de raíz la corrupción y encausar a los corruptos”, agregó.

Una de las propuestas del PPD busca crear la Oficina Anticorrupción e Integridad Pública, adscrita al Departamento de Justicia, que sustituirá la Oficina para el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), la Oficina del Inspector General, la División de Integridad Pública y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Esta iniciativa fue presentada durante este cuatrienio en la Asamblea Legislativa dentro del Proyecto de la Cámara 1701. No obstante, la medida fue aprobada en la Cámara de Representantes, pero en el Senado, según consta en el sistema de trámite legislativo.

Al ser cuestionado por El Nuevo Día sobre por qué la medida no fue aprobada por el Senado, Ferrer Santiago indicó que “se llegó a bajar a discusión en el pleno del Senado, y como ustedes bien saben, luego de las primarias, y el Partido Nuevo Progresista (PNP) y otras personas que no salieron victoriosas, decidieron votar en contra”.

El representante indicó que la medida se radicaría nuevamente en la Asamblea Legislativa y sería evaluada en un proceso de vistas públicas para conocer el sentir de todas las instituciones respecto a la propuesta.

Igualmente, Ortiz González destacó que “el proyecto iría a discusión, como debe ser, pero partiendo de la premisa de un gobierno que respalda la transformación del sistema de corrupción. En este caso, el PNP planteó sus objeciones y favorecía el sistema actual”.

Además de la creación de la Oficina Anticorrupción, Ortiz González precisó que se unificarán más de 20 leyes y reglamentos relacionados a la contratación gubernamental y que establecerán un nuevo marco legal para el cobro de multas y restitución de fondos.

Asimismo, el líder del PPD dijo que se creará por ley el Registro de Cabilderos del Gobierno y un grupo de trabajo especial para evitar el fraude en los Centros de Servicio al Conductor (Cesco), donde para el 2023 se reportaron pérdidas ascendentes a $30 millones.

“Vamos a prohibir las llamadas “puertas giratorias” con una prohibición de tres años para que un funcionario pueda contratar con el gobierno luego de cesar sus funciones. Esta propuesta es importante porque elimina la posibilidad de influencias indebidas de funcionarios que salen de una agencia, van a la empresa privada y regresan a cabildear a la misma agencia (para la que trabajaron)”, agregó.

Por su parte, Ferrer Santiago indicó que el plan anticorrupción es un “ofrecimiento distinto” al que ha realizado el PNP “que cada vez que llegan a la Asamblea Legislativa se han destacado porque sus miembros son arrestados y procesados”.

Añadió que “el equipo de pesadilla de Jenniffer González y el PNP representan más de lo mismo. Ese es el equipo de Johnny Méndez y Thomas Rivera Schatz que presidieron la asamblea legislativa de mayores casos y señalamientos de corrupción en la historia moderna”.

Por el contrario, indicó que el PPD presenta un equipo renovado y consciente de la responsabilidad histórica de darle al País un gobierno limpio y con nuevas herramientas para combatir la corrupción.