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La precandidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, propuso este martes remover el Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y mejorar la planta física de los cuarteles y comandancias, como parte de sus 15 propuestas sobre seguridad pública, de cara a las primarias del 2 de junio.

“Lo que buscaba (la consolidación de agencias), en un principio, era generar unas economías, uniformando personal, compras y distintas fases administrativas y la integración de las tecnologías para trabajar una visión holística. Lo que he visto, en los últimos años, es que, al ser la figura de la Policía una y la del DSP otra, hay un choque de poderes”, expuso la comisionada residente, en conferencia de prensa, desde su comité de campaña, en Hato Rey.

A 26 días de medirse en las primarias del PNP contra el gobernador Pedro Pierluisi, González señaló que el DSP no ha logrado integrar los servicios administrativos de los negociados, “ni se han reducido las burocracias”. Además, afirmó que, supuestamente, se han perdido millones de dólares en fondos federales dirigidos a seguridad pública. La precandidata hizo, recientemente, un señalamiento similar respecto al Departamento de Salud.

Según datos divulgados por el equipo de González, los negociados del DSP –entre ellos, Bomberos, Manejo de Emergencias y la Policía– han devuelto más de $16.8 millones de fondos federales porque ha expirado su fecha límite para utilizarlos. Las cifras fueron extraídas de un informe del Departamento de Hacienda.

Frente a ese escenario, la propuesta de González incluye centralizar las funciones administrativas y crear una oficina especializada para gestionar la solicitud, el manejo y monitoreo de fondos federales. Además, dijo que buscarían reclutar policías retirados para estas tareas de oficina.

“Creo uno tiene que darle la autonomía y las eficiencias a la Policía para que opere de manera directa. No descarto que la persona que dirija la Policía dirija el DSP, como fue en el caso de Pedro Toledo. En este momento, la realidad es que ambas agencias juntas no están funcionando. El DSP es importante para manejar el resto del conglomerado, pero tengo que darle la autonomía a la Policía de Puerto Rico”, agregó.

González comentó que sus propuestas de seguridad –que incluyen también robustecer el fideicomiso del retiro de los policías al revisar la Ley 42 de 2024, que enmendó los recaudos de los juegos de azar para redistribuirlos– se desarrollaron a partir de reuniones con diferentes sindicatos de la Policía.

“Soy de las que pienso que los policías arriesgan su vida todos los días por nuestro bienestar, y lo menos que podemos garantizarles es un retiro digno. Así que lo primero que voy a hacer es fiscalizar esta ley (42), y me voy a asegurar que los recaudos lleguen para solventar ese fideicomiso”, puntualizó.

A juicio de González, las condiciones en las que trabajan los policías “dejan mucho que desear”. “¿Cómo convocamos a hablar de seguridad si los cuarteles no están aptos? No hay razón alguna para que los cuarteles no estén en mejores condiciones”, manifestó.

Del mismo modo, propuso algunas iniciativas para no revictimizar a las víctimas de violencia doméstica, como mejorar las instalaciones del albergue de testigos del Departamento de Justicia. En la conferencia de prensa, también estuvo el precandidato a comisionado residente Elmer Román, a quien González apoya, y la exfiscal Janet Parra, a quien no descartó como su secretaria de Justicia, de ser electa.

“Ojalá con firmar un papel se acabara la violencia en Puerto Rico. Ojalá con firmar una orden ejecutiva se acabaran los delitos. Puede tener la mejor buena intención, pero esa intención tiene que venir acompañada de recursos, de nombramientos, de puestos claves, como es la procuradora de la Mujer, que al día de hoy no tenemos una procuradora en propiedad”, señaló González.

Como medida que clasificó como “clave”, destacó que establecería un curso obligatorio en las escuelas sobre manejo de emociones para “evitar al futuro agresor”. Asimismo, presentó un programa para atender el bienestar de los oficiales de seguridad pública para manejar el alto nivel de estrés de sus funciones, como apuntó que han implantado otras jurisdicciones.