La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, contempla convocar, para el próximo lunes, al Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) para iniciar la transición formal de la presidencia de la colectividad tras su victoria en las primarias del 2 de junio frente al gobernador Pedro Pierluisi.

Todo dependerá, sin embargo, de la culminación del escrutinio general del PNP y de que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) la certifique oficialmente como candidata a la gobernación por la Palma.

“No me quiero adelantar a los acontecimientos hasta que no tenga mi certificación oficial”, señaló González este lunes, tras participar de la inauguración del Programa Domiciliario y de Recuperación Psicosocial del Departamento de Veteranos.

En una entrevista previa con este diario, González había adelantado que –una vez asumiera la presidencia del PNP– haría cambios en posiciones claves. Uno de ellos, anticipó, sería el nombramiento de Aníbal Vega Borges como comisionado electoral del partido, una posición que ocupó en el pasado y que ahora ostenta la licenciada Vanessa Santo Domingo, con quien la candidata a la gobernación ha mantenido controversias. También dijo que nominaría un nuevo comisionado alterno.

Otro asunto que está en agenda, pero que espera discutir más en detalle con su equipo de trabajo y el del gobernador, es la posibilidad de que el PNP tenga una sede. “Son elementos que tenemos que evaluar y, en algún momento, nos reuniremos ambos equipos de trabajo”, señaló la comisionada residente.

Aunque tras su victoria se ha comunicado con el gobernador, aún no han coincidido físicamente. Este lunes, la comisionada reconoció que lo más “prudente” es que ese encuentro ocurra una vez reciba la certificación oficial. “Obviamente, el gobernador y yo tuvimos una excelente comunicación en esa (primera) llamada, y nuestros equipos de trabajo han estado en comunicación, así que la realidad es que esas comunicaciones están ocurriendo”, sostuvo.

El viernes, durante la inauguración de un proyecto de viviendas en Guayama, Pierluisi indicó que el encuentro con la nueva líder del PNP no tenía fecha, pero que todo “está fluyendo bien”.

Otro encuentro que procurará la comisionada residente será con la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, para evaluar el proceso de primarias y presentar unas recomendaciones para las elecciones del 5 de noviembre. Una de ellas, adelantó, es que el adiestramiento de los funcionarios de colegio sea responsabilidad de la CEE y no de los candidatos.

Otro asunto a discutir serán los posibles cambios en la tecnología utilizada en las primarias, esto luego que un número indeterminado de máquinas de escrutinio, propiedad de Dominion Voting Systems, presentaran problemas técnicos con el expediente de exportación que generan para la transmisión de los resultados.

“Sobre otorgaciones o cancelaciones de contrato, no me voy a aventurar a hablar de eso hasta que no reciba ese insumo por la presidenta de la Comisión, por la comisionada electoral del PNP y, obviamente, las recomendaciones que me haga mi comisionado electoral”, aseveró.

En las pasadas semanas, otras dos empresas han mostrado interés en proveer nuevas máquinas de escrutinio.

González, de otra parte, catalogó de “ridículo” el retraso que hubo en la concesión de los permisos para trasladar –desde la zona metropolitana– el megatransformador que sustituirá la unidad que se averió, a principios de junio, en Santa Isabel.

“Me parece ridículo que estuviéramos esperando tanto por un permiso para transportar un transformador. Si en lo básico, que es otorgar un permiso para mover un transformador de un área a otra, tardamos más de una o dos semanas, eso habla de la falta de diligencia para atender un asunto medular para los pueblos del sur”, acotó González.

“Aquí, no puede ser que, si las cosas son para San Juan, el permiso sale rápido, y si las cosas son para la montaña, tarden. Hay que tener el sentido de urgencia de una cosa que así lo amerita en términos de como afecta la calidad de vida nuestra gente”, agregó la comisionada

Sobre el costo del traslado del megatransformador –estimado en $4 millones–, declaró que deja mucho qué decir sobre la infraestructura de la isla. “¿Cuántos transformadores como ese no pudimos haber traído bajo ese costo? ¿Por qué se dejan las cosas para última hora?”, cuestionó González, quien volvió a criticar el manejo del sistema de transmisión y distribución por parte de LUMA Energy y las advertencias del ente privatizador de la necesidad de fondos adicionales para cumplir a cabalidad con el mantenimiento del sistema energético el próximo año fiscal.

Mencionó, además, que el Departamento de Justicia, como principal abogado del gobierno de Puerto Rico, debe investigar el cumplimiento del contrato de alianza público privada y analizar las cláusulas que pueden invocarse para “resarcir daños”.