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Urgen a detener intención de la Junta Fiscal de acabar con el programa de medición neta

El ente alertó que el 30 de junio iría a la corte a anular la extensión del incentivo para los clientes que generan su propia energía

16 de junio de 2024 - 6:00 AM

El programa de medición neta, que se extendió hasta 2031, beneficia a sobre 125,000 familias en todo Puerto Rico, estimó Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de la SESA. (Archivo)

A dos semanas de que culmine el término que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dio para acudir a la corte, la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento (SESA, en inglés) volvió a pedir al ente que detenga su intención de anular la Ley 10 de 2024, que permitió extender el actual programa de medición neta que hace económicamente accesible instalar sistemas fotovoltaicos con baterías.

“Si la JSF no quiere enfocarse en la justicia energética ni que la gente pobre pueda instalar, debería, por lo menos, enfocarse en el desarrollo económico. Cada vez que se evita un apagón en Puerto Rico por los 800 megavatios de los (paneles) solares en los techos, eso significa no solamente esas familias corriendo, es la sociedad completa de Puerto Rico, los negocios y hasta el mismo LUMA (Energy) corriendo”, planteó este sábado el director de Política Pública de la SESA, Javier Rúa Jovet.

“Es impensable que se ataque las pocas cosas que están funcionando en este país”, abundó en entrevista telefónica.

El programa de medición neta se creó mediante la Ley 114 de 2007 para ayudar al consumidor a costear los sistemas de energía solar para sus hogares y negocios. Mediante esta iniciativa, el cliente recibe crédito al detal por la energía limpia que exporta a la red eléctrica.

La Ley 10 de 2024, aprobada de forma unánime en la Asamblea Legislativa, extendió, al menos, hasta 2031 el incentivo vigente bajo el programa de medición neta, que beneficia a más de 125,000 familias en Puerto Rico, estimó Rúa Jovet.

Sin embargo, la JSF ya ha enviado dos cartas a la Asamblea Legislativa y al gobernador Pedro Pierluisi exigiendo que se derogue esta legislación antes de que culmine la sesión legislativa o, de lo contrario, acudirán a la corte de la jueza Laura Taylor Swain para anularla.

El ente fiscal plantea que la Ley 10, supuestamente, atenta contra la independencia del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) e incumple con el plan fiscal certificado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Además, la JSF señala que el estatuto modificaría la disposición del plan fiscal que ordenaba al NEPR concluir un estudio sobre la medición neta.

“La Junta dice que apoya la energía renovable en Puerto Rico, pero sus acciones objetivas demuestran lo contrario. La Junta, en el 2020, de un plumazo, borró 450 megavatios de energía solar de fincas solares que se habían negociado a precios competitivos aprobados por el Negociado de Energía. Eso hubiese sido el 5% de la energía del país hoy”, argumentó Rúa Jovet.

A mediados de abril, El Nuevo Día reseñó un estudio de la SESA, comisionado a la firma Gabel Associates, que concluyó que, por cada kilovatio hora (kWh) que generan los denominados “prosumidores” –quienes exportan la energía que producen al sistema–, se derivan beneficios valorados en poco más de $1, superando ampliamente el crédito que reciben los participantes por aportar capacidad al sistema eléctrico.

“La medición neta es la política que permite que la gente de carne y hueso puede instalar, de formas económicas, energía solar en su hogar”, recalcó Rúa Jover, quien ha reclamado al Congreso nombrar nuevos miembros de la JSF comprometidos con fuentes renovables.

Mientras tanto, destacó que “una de las cosas positivas que ha hecho LUMA es que, por lo menos, ha mantenido la interconexión de (fuentes) renovables desde la transición de PREPA (AEE). Ha sido predecible, estable y positiva. LUMA ha sido capaz de interconectar sobre 100,000 clientes desde que entró”.

En torno a las diferentes vías de acción, Rúa Jovet mencionó que la SESA se unió a diferentes grupos de la sociedad civil para enviar una carta, a mediados de mayo, a la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que intervenga con la JSF. Asimismo, un grupo de 20 congresistas, al cual se unió la comisionada residente Jenniffer González, también dirigió una misiva a la Casa Blanca.

“La comisionada residente envió esa carta también a la Junta. Vale la pena ver si la Junta le ha contestado a Raúl Grijalva (congresista demócrata de Arizona), por ejemplo. Es fuerte el silencio también”, expresó.

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