Mientras miles de familias del sur del país permanecen sin electricidad, cientos de personas protestaron este viernes frente a la sede de LUMA Energy, en Santurce, para exigir la eliminación del contrato del consorcio ante las continuas interrupciones del servicio, entre ellas, el último apagón masivo que impactó el miércoles a 350,000 abonados.

“La luz cada vez está más cara y el servicio es peor. Exigimos al gobernador de Puerto Rico (Pedro Pierluisi) que tiene ya que cancelar el contrato de LUMA, y no es para cambiar a otra compañía que nos haga lo mismo y estemos otros cuatro años. Queremos un sistema que esté en manos públicas”, sostuvo Ricardo Santos Ortiz, portavoz del Movimiento Socialista de Trabajadores y Trabajadoras.

La protesta “relámpago” inició a las 4:30 p.m., frente a las oficinas centrales de LUMA –encargada del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica–. La avenida Juan Ponce de León fue bloqueada por guardias de seguridad ante la llegada de cientos de ciudadanos, entre ellos, adultos mayores, familias con menores y trabajadores de distintos sectores.

Además, en medio de las controversias sobre el consorcio, trascendió la renuncia de José Juan Reyes, ex ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, quien abandonó su cargo como principal oficial de Servicios Corporativos de LUMA.

“Son síntomas de lo podrido que está LUMA. No pongo las manos al fuego por esta persona (Reyes) que no la conozco, pero demuestra que hay unas diferencias”, manifestó Santos Ortiz.

Al mismo tiempo, la ambientalista Gladys Myrna Conty, cuya candidatura a la Cámara de Representantes por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) fue recientemente anulada por el Tribunal Supremo, señaló que, “con todos los millones que está utilizando LUMA, ya se hubieran instalado muchas placas solares”.

“Nosotros sabíamos que esto iba a pasar desde el 2018. Lo peor es que una de las cláusulas del contrato dice que, si viene un huracán o un desastre natural, ellos se pueden ir mañana y nos dejan con el problema. Es bien importante que se cancele el contrato ya”, dijo la también integrante de la propuesta Queremos Sol.

En medio de la incertidumbre sobre cuándo se reanudará el servicio en Santa Isabel, Coamo y Aibonito, LUMA reveló, en una vista pública celebrada en la mañana de hoy, viernes, que les tomaría sobre cuatro semanas trasladar el megatransformador que requiere la región, lo que provocó indignación entre los manifestantes.

A principios de esta semana, decenas de abonados, acompañados por los alcaldes de estos municipios, afectados desde hace más de dos semanas, marcharon desde la plaza pública de Santa Isabel hasta las oficinas comerciales de LUMA, ubicadas en la calle Luis Muñoz Rivera.

“Eso es una de las cosas más representativas de la incapacidad de LUMA de manejar el sistema. Ha habido toda una comedia de errores en cuanto a cómo se hace ese traslado de un transformador. Pareciera que el (transformador) que llegó originalmente, llegó por el cielo. Es una cosa ridícula. Estamos sufriendo las consecuencias de un mal contrato”, opinó, por su parte, el planificador y urbanista Pedro Cardona.

Además, el exvicepresidente de la Junta de Planificación señaló que, al contrato del consorcio, no se le incluyeron unas cláusulas “que permitieran garantizar la protección de los ciudadanos”, como la pérdida de enseres electrodomésticos por los continuos apagones. Ante esta realidad, LUMA propuso subir el costo del servicio para pagar las reclamaciones de los clientes.

“Este contrato pasó por la Legislatura, pero no profundizó en las cláusulas del mismo. ¿Cómo es posible que hayan firmado esto? En el pasado, sucedió lo mismo con un contrato que dio la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a la compañía francesa Ondeo y hubo que cancelarlo. Fue difícil, pero se hizo. Aquí, hay que poner voluntad para cancelar el contrato de LUMA y buscar una forma en que podamos administrar el sistema”, dijo el también candidato del MVC a la Cámara por el distrito 1 de San Juan.

Gabriel Casal Nazario, candidato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) por el distrito 5 de la Cámara, coincidió en que hace falta voluntad para eliminar el contrato, ya que es “un sistema que llevamos años denunciando y sabíamos que la privatización iba a llegar a este problema”.

“Es trágico porque este problema tiene solución. Para cancelar el contrato, no hacen falta millones de dólares, ya esos se los damos; no hacen falta leyes o reorganizar nuestro sistema legal; lo que hace falta es la voluntad del gobernador y de todos los representantes que se han negado a fiscalizar a LUMA”, dijo el asesor de la senadora del PIP, María de Lourdes Santiago Negrón.