Ante las presuntas “deficiencias” señaladas en una auditoría de Uticorp sobre los servicios de Physician Correctional –y ventiladas la semana pasada en una vista pública del Senado–, el presidente de la entidad médica, Rául Villalobos, rechazó este martes esas imputaciones y advirtió que tomarán acciones legales por “difamación intencionada“.

“Quiero dejar claro que las imputaciones presentadas por Uticorp son infundadas y carecen de sustento. Con evidencia concreta en mano, he desmentido sus alegaciones, que califico como vagas, llenas de supuestos y que no cumplen con los estándares mínimos de auditoría médica”, alegó el doctor Villalobos en declaraciones escritas que había revelado temprano en la mañana el medio digital Noticel.

El Senado investiga la excarcelación indebida de Hermes Ávila Vázquez, convicto por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, a quien le arrebató la vida el pasado 21 de abril. Ávila Vázquez, de 53 años, alegó paraplejia para lograr el año pasado su liberación al amparo de la Ley 25-1992.

En una carta abierta, Villalobos señaló que “es alarmante que se haya señalado que cada expediente médico evaluado por Uticorp le ha costado al pueblo de Puerto Rico más de $10,000, este gasto desmesurado plantea graves preguntas sobre la transparencia y la eficiencia de esta entidad”.

Asimismo, declaró que este viernes advinieron en conocimiento de que Uticorp había presentado una supuesta propuesta de renovación de contrato por “el doble de lo facturado previamente, lo que resulta alarmante”.

La secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, declaró, en vista pública, que el contrato de Uticorp venció en junio pasado. “La compañía Uticorp tuvo la oportunidad, antes del 30 de junio, de enviar una propuesta de servicios para que no interrumpiéramos la contratación de servicios. Sometió una propuesta de un aumento de un 100%, comparado con el año anterior, pero no sometió los documentos que regula la Administración de Servicios Generales”, detalló la funcionaria en un aparte con la prensa.

El representante legal y operativo de Uticorp, Jorge Galva Rodríguez, aseguró la semana pasada que existen cláusulas en donde “hubo incumplimiento” por parte de Physician Correctional y recomendó al DCR poner bajo un plan de acción correctiva al contratista, situación que, alegó, no fue acogida por la agencia.

“La aparente falta de acción del DCR ante los señalamientos, hallazgos y recomendaciones de Uticorp debe ser motivo de atención prioritaria debido a los efectos negativos que esto puede tener sobre la salud y bienestar de la población carcelaria”, insistió en la vista pública.

Asimismo, en agosto, Alexis Rodríguez Rivera, gerente de Investigaciones del DCR, recomendó evaluar la continuidad del contrato que mantiene Physician Correctional para la prestación de servicios médicos a la población penal por haber sido “negligente” y “prescindir” de los doctores que integraron el panel médico que evaluó a Ávila Vázquez.

En cambio, el doctor Villalobos defendió, en la misiva, que el DCR no ha concluido su evaluación y está en el proceso de preparar un borrador de plan de acción correctivo. “Esto desmiente las alegaciones mendaces de los oficiales de Uticorp, quienes han asegurado la existencia de tal plan”, comentó.

Tildó, además, de “cuestionable” la metodología utilizada por Uticorp para evaluar Physician Correctional al plantear que de 7,300 expedientes, solo se examinaron 30 (0.5%). “Esta muestra es estadísticamente insuficiente para llegar a conclusiones válidas sobre el desempeño general de Physician Correctional”, señaló.

Por último, Villalobos anticipó que instruyó a sus abogados para que inicien el proceso previo a la radicación de una demanda por difamación tanto en el ámbito personal como profesional. “La protección de nuestra reputación, de la de nuestros médicos y la integridad de nuestro trabajo es crucial, especialmente cuando se trata del bienestar de los individuos a los que servimos”, subrayó.