Casi seis meses después de que el gobernador Pedro Pierluisi firmara una ley que fija en $12 por hora el salario base de los empleados de comedores escolares, su cumplimiento se dificulta ante el cuestionamiento de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre cuál sería la fuente de financiamiento del incremento.

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El 3 de julio, Robert F. Mujica, director ejecutivo de la JSF, le envió una carta a Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), advirtiendo que el cumplimiento de la Ley 41 de 2024 cuesta unos $21 millones por año fiscal, lo que es inconsistente con el Plan Fiscal y la ley Promesa.

“El gobierno falla al no proporcionar un método para pagar los nuevos gastos por los aumentos”, señaló Mujica en la carta, concediéndole al gobierno hasta el 16 de julio para contestar al análisis fiscal del ente sobre el estatuto.

Sheila Angleró, secretaria de Prensa de La Fortaleza, informó este viernes que la Aafaf aún no ha enviado una respuesta, pues el análisis de la carta de la JSF continúa.

En la misiva, la JSF reconoce el importante rol de los empleados de comedores escolares y la necesidad de revisar sus salarios. Sostiene, sin embargo, que lo anterior debe ser manejado a nivel del gobierno central, particularmente, a través del Plan de Clasificación y Retribución del Departamento de Educación (DE), que está en revisión. La JSF advierte, además, que “se reserva todos los derechos de tomar las acciones que considere necesarias”, incluyendo anular la ley.

La Ley 41, firmada el 18 de enero, daba al DE 60 días para “enmendar los reglamentos existentes o crear nueva reglamentación” para ejecutar el alza salarial.

Nelly Ayala, presidenta de la Asociación de Empleados de Comedores Escolares, reconoció que el estatuto no identifica una fuente de pago para el aumento, por lo cual era de esperarse que la JSF no lo aprobara sin dicha garantía.

Comentó que, en virtud del Plan Fiscal, se les requirió a las agencias que crearan planes de clasificación y retribución. Agregó que la secretaria del DE, Yanira Raíces, presuntamente le comentó que, cuando solicitó el presupuesto del año fiscal recién iniciado, pidió un aumento para elaborar el plan –y, por consiguiente, cubrir el ajuste salarial–, pero no lo obtuvo.

“Aquí, hay un mal equilibrio, con $8.66 de salario base a una comunidad escolar que lleva más de 10 años esperando ese aumento”, denunció Ayala.

La líder sindical destacó que los empleados de comedores escolares son los primeros en responder luego de emergencias, realizando grandes sacrificios para servir en momentos de dificultades.

“(Sin este aumento) nos vamos a quedar sin empleados, va a ser más difícil su reclutamiento, cuando en otros lugares pueden ganar hasta $15 (por hora)”, señaló, al indicar que actualmente hay unos 3,000 empleados de comedores escolares.

“Esto no puede esperar más porque nos vamos a quedar sin empleados”, reiteró Ayala, quien afirmó estar dispuesta a defender el aumento de sueldo en los tribunales.

De acuerdo con la Ley 41, los empleados de comedores escolares son los que preparan y distribuyen el desayuno y almuerzo en los planteles. Recalca que, en recientes desastres naturales, así como durante la pandemia de COVID-19, su labor fue esencial para la comunidad.

“En circunstancias críticas, los empleados del comedor escolar de manera desprendida han respondido al llamado de pararse en la brecha”, reconoce la ley en su exposición de motivos, en la cual recuerda, además, que el 1 de julio entró en efecto el aumento del salario mínimo a $10.50 por hora.

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REFERENCIAS:

Ley 41 de 2024

Carta de la JSF, del 3 de julio, sobre comedores escolares