La región educativa de Ponce será la primera que iniciará la transición, a partir de agosto, para convertirse en una agencia educativa local (LEA, en inglés), con mayor autonomía, como parte del plan de trabajo para descentralizar el sistema educativo, anunció la secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces Vega.

En los próximos cuatro años, se ampliará la cantidad de regiones educativas en las que se divide Puerto Rico, a medida que se otorga mayor autonomía a estas estructuras administrativas para que puedan tomar decisiones a un nivel más cercano a las escuelas, planteó este martes la secretaria. Al momento, el plan es tener 11 regiones que operarán como LEA, en su totalidad, para 2028.

“Es un reto, tanto administrativamente para el Departamento como para la región educativa, porque ya, en nuestra gobernanza, estamos empezando con un modelo totalmente diferente. Hay muchas cosas que debemos ver en ese proceso”, manifestó Raíces Vega.

Detalló que se seleccionó Ponce, entre las siete Oficinas Regionales Educativas (ORE) existentes, ya que cuenta con el personal necesario para asumir más responsabilidades, una buena estructura física y un buen desempeño académico entre sus escuelas. Asimismo, destacó los buenos resultados obtenidos, el semestre pasado, en el proyecto piloto de descentralización, en el que la ORE de Ponce participó bajo la zona piloto Sur con 28 escuelas en Yauco, Guayanilla y Guánica.

La transición hacia una LEA requiere que la ORE asuma más responsabilidades, lo que conllevará mover personal del nivel central o reclutar más empleados, indicó, por su parte, el director de la Oficina de la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (IDEAR), Roger Iglesias Sepúlveda.

“En el caso de las ORE en transición a LEA, se les van a estar dando ciertas responsabilidades, ciertas facultades que actualmente no las está llevando a cabo la región, como la División Legal (...), lo mismo con Recursos Humanos, algunos procesos de compra –ya se están llevando unos compradores a la región– y, lo más importante, el proceso de gobernanza”, precisó Iglesias Sepúlveda.

El Departamento de Educación federal se mostró complacido con la acción tomada por el gobierno local, y afirmó que se mantendrá vigilante a los avances en el proceso de descentralización.

“El anuncio de hoy (martes) de la región de Ponce como LEA provisional es un hito importante. Esperamos ver las acciones concretas que el Departamento de Educación toma para garantizar que sus líderes escolares estén listos para asumir nuevas responsabilidades y que las necesidades de los estudiantes se satisfagan exitosamente durante el año escolar”, indicó, por escrito, un portavoz de la agencia federal.

Raíces Vega abundó que ya se están transfiriendo responsabilidades desde el nivel central a las regiones para establecer la zapata de las futuras LEA. Mencionó, por ejemplo, que llegó a iniciar el reclutamiento de ocho compradores para la sede en Hato Rey, pero ordenó que se transfirieran a las regiones.

Para la región de Ponce, se podría reclutar entre 18 y 20 personas adicionales, detalló Iglesias Sepúlveda, pues, por ejemplo, no cuenta con una Oficina de Presupuesto o para el manejo de fondos federales.

La región educativa de Ponce comprende 12 municipios, 142 escuelas públicas y atiende una matrícula de unos 34,000 estudiantes, precisó el superintendente interino de la ORE, Andrés Ausúa Pagán.

En junio, el secretario de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona, urgió a la agencia local a tomar acciones concretas para adelantar la descentralización, y estableció que se debía crear una LEA provisional para el próximo año escolar, con miras a que la primera LEA en propiedad esté en funcionamiento para agosto de 2025. El proceso se retrasó, a nivel local, debido a que la Legislatura se opuso, inicialmente, a aprobar el Reglamento de las Facultades y Deberes de las Oficinas Regionales Educativas. El reglamento fue aprobado el domingo, último día de la última sesión legislativa del cuatrienio, apuntó Iglesias Sepúlveda.

Bajo las normativas federales, una LEA tiene mayor autonomía fiscal, administrativa y académica y puede, por ejemplo, recibir directamente fondos federales y hasta competir con otras jurisdicciones estadounidenses por subvenciones. El nivel central de Educación, por su parte, operaría como una agencia educativa estatal (SEA, en inglés), lo que significa que estará a cargo de la política pública educativa, de velar por el cumplimiento de derechos civiles y la definición de los requerimientos de desempeño académico, entre otras funciones.

Iglesias Sepúlveda reiteró que trabajan para identificar a qué fondos federales, si algunos, la ORE de Ponce podría tener acceso directo mientras está en transición. Mientras tanto, en el nivel central, se recibirán las asignaciones para sus escuelas, pero será la región la que trabajará su plan y recibirá el dinero para manejarlo, expresó Raíces Vega.

El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y presidente del comité ejecutivo de IDEAR, Juan Carlos Blanco Urrutia, detalló que Educación contará, este año fiscal, con un presupuesto consolidado de $5,312 millones. De estos, $2,870 millones provienen del Fondo General, $2,433 millones en fondos federales y unos $9.3 millones en fondos propios. Para IDEAR, se asignaron $21 millones, los cuales estarán bajo custodia de la OGP y serán liberados a medida que se cumplan ciertos requisitos.

Blanco Urrutia defendió la contratación de empresas externas para asistir en la descentralización, como Iota o Consulting Integrated Transformation and Advancement, esta última para evaluación de recursos humanos, al indicar que se han cumplido con las licitaciones y procesos competitivos requeridos.

Con acceso directo a su presupuesto, una región que opere completamente como LEA puede tomar decisiones y financiar proyectos que permitan servir mejor a sus estudiantes, sostuvo Blanco Urrutia.

“Hoy en día, atender temas como cuántos estudiantes hay por salón, cuántas escuelas, es una decisión que se mira en toda la isla, y tú tratas de encontrar una solución que funcione para todo el mundo y, probablemente, llegas a una solución que no le funciona a nadie. Estamos creando un sistema más enfocado”, manifestó.

Como ejemplo de decisiones que se pueden tomar para atender necesidades particulares, Raíces Vega indicó que podrían establecerse horarios distintos en escuelas de municipios donde hay actividad agrícola, ya que se sabe que hay estudiantes que llegan tarde a sus clases porque ayudan a sus familias en las labores agrícolas. Asimismo, se pueden diseñar currículos afines con el mercado laboral de cada zona, añadió.

Raíces Vega insistió en que los planes trazados han incorporado sugerencias de diversos grupos, como las mesas de trabajo que fueron parte de IDEAR. Representantes del tercer sector renunciaron, en abril, a trabajos para descentralizar la agencia por considerar que no iban dirigidos en la dirección correcta.

Como parte de los pasos para dar mayor autonomía a la ORE y fortalecer la participación de las comunidades escolares en la toma de decisiones, el superintendente de esta LEA provisional será seleccionado en consulta con los miembros del consejo asesor local (CAL), un organismo cuyos integrantes, a su vez, son escogidos por integrantes de las escuelas dentro de la región, precisó la secretaria.

En julio, comienzan las orientaciones sobre lo que implica la transición de la ORE de Ponce hacia una LEA, con miras a que las convocatorias para las elecciones del CAL y los interesados en ser superintendente abran a inicios de agosto, indicó Iglesias Sepúlveda. La elección del CAL debe completarse para el 27 de agosto.

El actual superintendente de la ORE no confirmó si presentará su candidatura para ser considerado al cargo. “Estamos en ese proceso”, respondió Ausúa Pagán al ser cuestionado, y precisó que lleva más de 30 años de trabajo en la agencia desde que comenzó como maestro de Historia.

La designación del superintendente está prevista para ocurrir del 9 al 13 de septiembre. Iglesias Sepúlveda reconoció que han tomado en cuenta la cercanía con el período de veda electoral en el cual se limitan las transacciones de personal en el gobierno previo a los comicios. Adelantó que estarían exentos dado que es una designación de confianza, según las consultas que han realizado.