El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) sometieron el pasado viernes en la tarde ante el Departamento de Estado el reglamento que debe acompañar la Ley 51 de 2022, que prohíbe el expendio y utilización de plásticos de un solo uso, durante su implementación.

Como regla general, los reglamentos entran en vigencia una vez cumplidos los 30 días después de su radicación ante el Departamento de Estado, establece la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (Ley 38 de 2017). Este medio pidió a la dependencia pública precisar cuándo entraría en vigor el estatuto, pero la agencia no había ofrecido una respuesta al momento de esta publicación.

“Aquí hay una negligencia de los dos departamentos”, subrayó el abogado Pedro Saadé Lloréns, experto en temas ambientales, en torno a la tardanza en someter la normativa.

Sin embargo, el hecho de que el reglamento haya sido presentado al filo de la entrada en vigor de la ley -este lunes, 1 de julio- y que no se aplique junto con el estatuto, no es excusa para que se incumpla con ella y “no impide que (la ley) entre en vigencia”, sostuvo el abogado.

La Ley 51 de 2022 prohíbe el uso y venta de “plásticos de un solo uso”, definido como “el artefacto de material plástico vendido y utilizado voluntariamente, tales como los cubiertos, platos y sorbetos de plástico, así como los vasos, tazas y contenedores de alimentos hechos de poliestireno expandido (‘foam’) para su consumo inmediato o para llevar algún alimento sin procesar o procesado”.

El estatuto, firmado por el gobernador Pedro Pierluisi el 29 de junio de 2022, establecía un período de dos años para su implantación. La propia ley definía que los secretarios del DRNA y el DACO tenían 60 días, a partir de la aprobación de la ley, para establecer el reglamento que pondría en vigor las disposiciones del estatuto. No obstante, las agencias llevaron a cabo la primera vista pública para discutir el borrador del reglamento el 28 de marzo de este año.

Luego de la vista pública de marzo, el borrador del reglamento fue presentado ante la Secretaría Auxiliar de Pequeños Negocios de la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman).

“El reglamento por parte nuestra ya fue aprobado, una vez fue conformado el panel de revisión donde se tomó en cuenta los comentarios, sugerencias y propuestas de cambio del sector que tenía algún reparo en disposiciones”, dijo Ignacio Sánchez Carrera, procurador de Pequeños Negocios, en declaraciones a El Nuevo Día.

“Por ejemplo, aclarar en algunos de los artículos la exclusión de aquellos sectores que están regulados por el gobierno federal como farmacias, hospitales y otros. Mi impresión sobre las reuniones que se llevaron a cabo es que el sector comercial está acorde con el pensamiento de protección ambiental, lo que se hizo más bien fue aclarar el reglamento”, planteó.

El licenciado Samuel Acosta, oficial examinador del DRNA, confirmó que dicha agencia y el DACO recibieron el reglamento con las observaciones de la oficina del Procurador de Pequeños Negocios el jueves.

“Después de mantener numerosas comunicaciones entre las partes involucradas y considerar los comentarios, sugerencias y enmiendas propuestas por los sectores comerciales, se determinó que el reglamento no tiene un impacto sustancial negativo en los pequeños negocios. Por lo tanto, DACO y DRNA están trabajando para presentar el reglamento ante el Secretario de Estado”, expresó en declaraciones escritas a este medio el mismo día viernes.

El martes pasado, quedó derrotado en la Cámara de Representantes el Proyecto del Senado (PS) 1491, que buscaba posponer hasta el 31 de diciembre la entrada en vigor de la prohibición de plásticos de un solo uso. Saadé Lloréns reiteró, en reacción al intento de postergar la vigencia de la ley, que el periodo de dos años establecido por el propio estatuto fue suficiente y que es urgente frenar el impacto de los plásticos al ambiente y la salud de las personas.

“Cada día sale más evidencia de los problemas de salud y ambientales de los plásticos, sale evidencia médica de presencia en todas las partes del cuerpo humano a niveles micro, en los peces, en el mar, en el medioambiente. La situación de los plásticos es cada vez más seria”, argumentó Saadé Lloréns.

Aunque la ley entra en vigor este lunes, con la vigencia inicia un período de seis meses en el que no se multará a los negocios que incumplan lo dispuesto, sino que se les notificará y orientará para intentar remediar las faltas. Esa disposición de la ley, explicó, es suficiente como para que no se justifique aplazar la prohibición.

“Realmente (los comerciantes y el público) están notificados desde la aprobación de la ley, estamos a mediados de 2024 -dos años-, y hay seis meses de ‘break’ (receso) adicional para no multar, sino para notificar, así que lo que hay que hacer es cumplir con la ley, Hay alternativas para estos plásticos”, sostuvo el abogado.

En la vista pública de marzo, por entender que era vago, impreciso y sin parámetros para medir su efectividad, representantes de entidades ambientales, de composta y compañías de distribución, así como ciudadanos preocupados, criticaron duramente la versión del reglamento que fue presentada por las agencias en aquel momento.