Por disposición del gobierno de Estados Unidos, el Departamento de la Familia (DF) está en una carrera contra el tiempo para poner en marcha, a más tardar en el 2024, un nuevo modelo de prevención de maltrato de menores que le obliga a resolver, en dos años máximo, problemas que se han fermentado por décadas, que, además, le requerirá cuantiosos recursos económicos que no tiene ni ha identificado y que, de no cumplir, se quedaría sin acceso a decenas de millones de dólares en fondos federales para el tratamiento de la violencia contra niños y niñas.