El Senado derrotó el lunes a viva voz el Proyecto de la Cámara 1557, medida que buscaba “regular” los alquileres a corto plazo (STR, en inglés).

“No tengo duda que los alquileres a corto plazo pueden y deben tener un lugar en la economía vinculada al turismo, pero no puede ser -como propone el proyecto 1557-, convirtiendo en un sacramento el desorden”, señaló la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago.

El Proyecto de la Cámara 1557, de la autoría del representante José Rivera Madera, surgió, inicialmente, en respuesta a un reclamo de comunidades y organizaciones que han denunciado que la ausencia de reglamentación a los STR está impactando adversamente la salud, seguridad y bienestar vecinal. No obstante, desde su radicación el 1 de noviembre de 2022, la medida ha tenido una serie de enmiendas que han desvirtuado su propósito.

Legisladores reconocieron que la medida no atiende uno de los reclamos principales de las comunidades, que era que los alquileres a corto plazo fueran considerados como una actividad comercial. “Creo que no estamos siendo justos con las otras actividades comerciales a las que se les exige un sinnúmero de requisitos. Sin embargo, a estos negocios, que yo no tengo duda alguna que lo son, no se le está exigiendo ningún requisito”, expuso el senador por el distrito de San Juan, Juan Oscar Morales.

Otra de las preocupaciones que trajo ante la consideración el legislador es que el proyecto -tal y como estaba redactado- le restaba autoridad a los municipios para reglamentar la industria. “Ahora mismo en Puerto Rico, tenemos municipios como San Juan, Dorado, Isabela, Cabo Rojo y Lajas, que han tenido que aprobar ordenanzas para poder administrar este tipo de negocios”, aseveró.

Durante su análisis en el Senado, la Comisión de Educación y Turismo enmendó la medida, a los fines de fijar en 3% el dinero que iría a los ayuntamientos por concepto de los recaudos del impuesto por habitación, mejor conocido como “room tax”. Actualmente, quienes se alojan en un STR en Puerto Rico pagan un 7% de “room tax”, que es remitido a la Compañía de Turismo por plataformas de STR como Airbnb y Join a Join.

“El Municipio es la organización más cercana en estas comunidades y van a tener la responsabilidad de recoger la basura, de mantener las calles donde están estos negocios. Sin embargo, de cada $100 generados por esta industria pretenden darle a los municipios 21 centavos. ¿En serio?”, cuestionó Morales. “Una buena idea, muy mal implementada”, acotó.

La Hispanic Federation en Puerto Rico, una de las entidades que se propuso a la aprobación de la medida tal y como había sido enmendada, había sugerido aumentar a 11% el “room tax” aplicable a los STR y destinar el 4% adicional a los municipios y a Turismo para fiscalización.

Por su parte, la senadora por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, subrayó que la “proliferación desregulada” en Puerto Rico de este tipo de negocio ha sido perjudicial para las comunidades. “Si bien es cierto que estos (negocios) aportan a la generación de empleos directos e indirectos asociados a la limpieza y administración de propiedades, la realidad es que el desplazamiento y el efecto que tienen sobre la crisis de vivienda son temas de mayor peso”, dijo.

Sostuvo que, según un estudio del Centro para la Nueva Economía, un incremento de 10% de alquileres a corto plazo en un sector particular encarece en un 7% el costo promedio de la renta y en un 23% el precio de venta de las propiedades en el vecindario. “Un proyecto de tal envergadura debió haber sido ampliamente discutido con la participación del universo de sectores que se ven impactados por esta industria”, puntualizó.

Tanto Rivera Lassén como Santiago señalaron que a la medida no se le integraron ninguna de las propuestas presentadas por las comunidades durante una vista pública. “Se celebró la vista pública y no se incorporaron ninguna de las enmiendas importantes de la gente que compareció con preocupaciones legítimas, documentadas. Aquí se ha probado como el alquiler a corto plazo ha sido un factor determinante en el desplazamiento de comunidades”, expuso la senadora del PIP.

El proyecto derrotado, asimismo, ignoraba una solicitud para que en las comunidades históricas -como el Viejo San Juan- se establezca un límite de propiedades destinadas a este tipo de alquiler.

Mientras, organizaciones y portavoces de comunidades que se han visto impactadas por la proliferación de la medida se expresaron complacidos del resultado de la votación, aunque insistieron en la necesidad de desarrollar una regulación “justa y balanceada” para esta industria.

“Hay mucho camino por recorrer, pero podemos anotar esto como una victoria para las comunidades. Presentaremos nuestras propuestas durante la próxima sesión legislativa para promover una regulación justa y balanceada de los ACP en el archipiélago”, dijo Charlotte Gossett-Navarro, directora principal de Hispanic Federation en Puerto Rico.

Yvette Díaz Marchán, residente de la urbanización Villa Dos Pinos, en San Juan, sostuvo -tal y como destacaron algunos legisladores- que la medida no incluía los reclamos de las comunidades. “Este proyecto era totalmente insuficiente y nos alegra se haya derrotado. Nuestra comunidad abogó por cambios sustanciales, que fueron totalmente desatendidos. Esperamos que, en un futuro no tan lejano, se proponga una legislación que atienda todas las preocupaciones que hemos presentado” sentenció

Pese a que no hay datos oficiales sobre cuántos STR hay en la isla, Viva Puerto Rico, organización que agrupa a los dueños y operadores de estos alquileres en el archipiélago, recientemente estimó que existen unos 25,000.