El Senado aprobó el jueves una medida legislativa, de la autoría de la portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara Alta, Joanne Rodríguez Veve, para establecer que toda menor de 15 años requeriría de la autorización de, al menos, uno de sus padres o custodios legales al momento de practicarse un aborto.

“Es la continuación de la agenda para limitar los derechos de las mujeres, sobre todo de las mujeres en las condiciones más vulnerables, como es una mujer joven enfrentando un embarazo no deseado”, dijo la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, al reconocer que la aprobación de esta medida podría desencadenar en el desarrollo de otras piezas de legislación que atenten contra los derechos de las mujeres.

“A juzgar por la votación, esa es la línea de mucha gente. Entiendo que solamente nos opusimos seis legisladores, así que me parece penoso que ese sea el legado de fin de sesión”, expuso la legisladora sobre la medida que dispone la implementación de un protocolo para el manejo de estos casos.

Como resultado de la discusión legislativa, se incluyó lenguaje para disponer que en aquellas instancias en que la menor de 15 años o menos alegue que el embarazo es resultado de una agresión por parte de su progenitor o tutor legal, la clínica o centro hospitalario, no vendrá obligado a cumplir con el requisito de exigir la presencia de uno de los progenitores o el custodio legal, así como de la prestación del consentimiento informado por parte de estos.

La clínica o centro sí vendrá obligado a ejercer una custodia de emergencia al amparo de la “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores,” (Ley 57-2023), según dispuesto en su Artículo 9. Deberá, a su vez, incluir en el expediente de la menor el número de referido al Departamento de la Familia.

Además de Santiago, votó en contra de la medida la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), integrada por Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe; el senador independiente José Vargas Vidot, y los populares Héctor Santiago Negrón y Javier Aponte Dalmau.

“Me parece que es terrible que el Senado haya aprobado esa medida que lo que permite es que se obligue a las jóvenes que no quieran completar un embarazo a que lo completen. No se debiera obligar a ninguna mujer a completar un embarazo que no desee completar. La maternidad debe ser una acción voluntaria”, aseveró Bernabe.

El legislador señaló que, según estadísticas, alrededor del 50% de las agresiones sexuales a menores las cometen familiares que, “en muchos casos van a ser las personas que ahora se les va a dar el derecho a decidir si una joven puede o no puede hacerse un aborto”. Agregó que la medida podría provocar que jóvenes con una relación problemática con su familia recurran a métodos no seguros en un intento por interrumpir el embarazo.

La medida -la cual fue aprobada sin debate legislativo- fue radicada por Rodríguez Veve el 22 de julio de 2021 y, desde entonces, estuvo ante la evaluación de la Comisión de Vida y Familia, que preside la senadora.

“Esta legislatura tiene amplia discreción al momento de regular el aborto en Puerto Rico, en especial en aquellos casos en donde una menor de 15 años o menos acude a una clínica de aborto con el propósito de terminar con su embarazo y cumple con los parámetros dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico para llevarse a cabo un aborto”, lee la pieza legislativa al citar el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Org.

Para sustentar su reclamo, la senadora señaló -al anunciar la celebración de vistas públicas- que 24 estados requieren algún tipo de intervención por parte de los padres o custodios legales en el proceso decisional de una menor de edad de someterse a un procedimiento de aborto.

La pieza legislativa pasa ahora a la consideración a la Cámara de Representantes, cuerpo que tendría hasta el 25 de junio para considerar el proyecto.