El gobernador Pedro Pierluisi adelantó este martes que ve con buenos ojos la medida legislativa para que las personas convictas por agresión sexual y pornografía infantil no puedan beneficiarse del privilegio de libertad bajo palabra, pero indicó que la evaluaría con detenimiento una vez la reciba en su despacho en La Fortaleza.

“Yo, en principio, lo veo bien. Claro, cuando me llegue, la tengo que estudiar y recibir el asesoramiento de mi equipo y de los jefes de agencia. Esa, en principio, la veo bien”, sostuvo el primer ejecutivo.

Advirtió, sin embargo, que debía ser “juicioso”, porque también cree en la rehabilitación de las personas convictas.

“Tengo que ser juicioso, porque puede ser que uno viene y dice ‘no queremos que la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) tenga jurisdicción para determinar si alguien puede regresar a la libre comunidad’. Todos también favorecemos la rehabilitación”, destacó Pierluisi.

El Senado aprobó este lunes el Proyecto de la Cámara 2106, de la autoría de la representante Jocelyne Rodríguez, con 21 votos a favor. La medida fue aprobada sin enmiendas, por lo que pasa ahora a la consideración del gobernador.

El proyecto prohibiría que una persona convicta por agresión sexual y pornografía infantil se beneficie del privilegio de libertad bajo palabra, indistintamente de la fecha de la comisión del delito y el código penal utilizado para dictar sentencia.

A pesar de que la Ley 85 de 2022 dispone que los convictos por agresión sexual no cualifican para el beneficio, según una reciente interpretación de la JLBP –con fecha del 2 de abril–, dicha directriz solo aplicaría a los convictos bajo el Código Penal de 2012. De acuerdo con el organismo, el estatuto “no hace mención sobre el tratamiento de la ley con respecto a los agresores sexuales convictos bajo los códigos penales previos”.

Tras esta opinión, un grupo de mujeres agredidas sexualmente por Félix Hernández Dobles, quien solicitó su liberación condicional al amparo de la Ley 85, se dio a la tarea de abogar por legislación en vías de aclarar que ningún convicto por este delito podrá extinguir la pena fuera de cárcel, independientemente del código bajo el que fue procesado.

Hernández Dobles cumple una sentencia consolidada de 177 años de cárcel y fue procesado bajo el Código Penal de 1974.

La medida se aprobó en momentos en que la JLBP evalúa el caso de uno de los convictos por el asesinato de la fiscal Francelis Ortiz Pagán. Su viudo, el abogado Fermín Arraiza Navas, reclamó que se examine exhaustivamente el expediente social y de rehabilitación del confinado, al asegurar que su conducta en prisión no lo hace merecedor de ese privilegio.

La JLBP fijó, para el 17 de mayo, una vista para atender el caso de Abraham Rodríguez Cruz, quien fue sentenciado, en 2016, a 35 años de cárcel consecutivos, sin derecho a libertad bajo palabra.

Pierluisi defendió la labor de la JLBP y aseguró que hace un trabajo “muy juicioso”.