A dos semanas para que cierren los trabajos de la última sesión ordinaria del cuatrienio, el Senado aprobó un paquete de 28 medidas legislativas, entre las que está el Proyecto del Senado 1458, de la autoría de la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, que buscar proteger y restaurar las dunas y reglamentar la extracción de arena.

Igualmente, la Cámara Alta le dio paso al Proyecto del Senado 954, de la autoría del senador Rubén Soto, para disponer que el nominado o nominada a la dirección de la Administración de Seguros de Salud (ASES) sea designado por el Ejecutivo y confirmado por el Senado. La medida, asimismo, extiende a seis años la vigencia del nombramiento.

Actualmente, según la Ley 72 de 1993, la responsabilidad sobre el nombramiento a este cargo recae en la Junta de Directores de la ASES. “Esta Asamblea Legislativa, entiende apremiante enmendar las disposiciones del nombramiento del director ejecutivo para que sea nombrado por el gobernador(a) con el consejo y consentimiento del Senado”, lee el proyecto de ley.

Además, la medida dispone que la persona a ocupar la dirección de la ASES debe “tener conocimiento en el campo de la administración pública, la gestión gubernamental y debe poseer preparación académica y amplio conocimiento y peritaje de la industria de seguros de salud”.

El funcionario, establece la pieza legislativa, podrá ser removido de sus funciones con el voto afirmativo de la mayoría de la Junta, si fuere hallado culpable y convicto de delito grave o menos grave. Mientras, su sueldo -el cual fijaría la Junta- “no podrá exceder el del miembro del gabinete de la Rama Ejecutiva que reciba la mayor compensación salarial.”

De otra parte, el Proyecto del Senado 1458 busca crear la “Ley para la Protección y Restauración de Dunas” y, en cierta forma, reconocer el trabajo que ha hecho la organización Vida Marina UPR, con sede en el recinto de Aguadilla, que se ha dedicado a crear estructuras -que impiden el tráfico de las personas- en zonas donde las dunas están amenazadas o prácticamente han desaparecido.

“Las dunas en Puerto Rico han sido tremendamente afectadas por diversos factores humanos. En los casos más brutales la extracción para fines comerciales han terminado con toneladas y toneladas de arena y, en otros casos, el paso descuidado por zonas que deberían ser espacios protegidos”, señaló Santiago durante el debate de la medida. El grupo ha desarrollado este tipo de estructuras en áreas de Loíza y Isabela.

La medida impone, además, cárcel y multas de entre $100 y $500 a cualquier persona e instrumentalidad -pública o privada- que realice actividades de extracción, excavación, remoción o dragado de los componentes de la corteza terrestre en terrenos públicos o privados sin previo permiso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

“La protección de las dunas, vale la pena también mencionar, es parte del plan del grupo de cambio climático cuya consideración ha sido arbitrariamente pospuesta para otra Asamblea Legislativa. La aprobación de este proyecto constituiría, al menos, un tímido gesto para atender unos de los problemas más apremiantes en la protección de la zona costera”, aseveró la senadora en referencia al Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, cuya aprobación quedó para la próxima sesión ordinaria en enero.

El representante Edgardo Feliciano, quien encabezaba la discusión del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, sostuvo la semana pasada que no recomendaría la aprobación del documento por deferencia al nuevo gobernador o gobernadora. Alegó también que el borrador no había sido entregado a tiempo a la Legislatura, señalamiento que ha sido negado por el grupo de expertos.

Por otro lado, la Cámara Alta aprobó los informes positivos de los proyectos del Senado 1431 y 1435, que proponen enmendar la “Ley de Reforma Educativa” con el fin de implantar en el currículo de enseñanza un curso -a nivel intermedio y superior- de economía y finanzas, así como otro, compulsorio, de tecnología.

“Los muchachos se gradúan de una escuela superior, algunos comienzan dentro de la industria laboral y desconocen elementos esenciales que debe conocer un joven a su edad en términos de lo que es, por ejemplo, una cuenta de cheques”, sostuvo el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) y autor de ambas medida, Javier Aponte Dalmau.

La misma suerte corrió el Proyecto de la Cámara 1681 que dispone la creación de un comité asesor para estudiar la crisis de vivienda asequible que enfrenta el país. Según la medida, en 180 días el grupo de trabajo debe presentar un plan específico para atender la falta de inventario.

El comité estará integrado por el secretario del Departamento de Vivienda, el director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), los presidentes de las comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano de Cámara y Senado, así como por dos expertos en economía y derechos civil, representantes del tercer sector, del liderato comunitario y del área de la construcción.

Entre los deberes del grupo, está la evaluación de proyectos a implementarse para ampliar el inventario de viviendas asequibles, como establecer zonas de “anti-desplazamiento” en las que existan medidas de control de rentas, diseñar políticas fiscales que proporcionen exenciones de impuestos sobre bienes inmuebles previamente abandonados y trabajar legislación para simplificar el proceso de declaración y expropiación de estorbos públicos.

En Puerto Rico, según datos provisto en 2022 por la organización Habitat Puerto Rico y recogidos en la medida, hacen falta más de 70,000 viviendas para alquiler asequible para poder atender la necesidad de techo seguro. Mientras, se estima en 300,000 el número de propiedades abandonadas. “Es irónico. En Puerto Rico hay más de 300,000 propiedades abandonadas. Sin embargo, no hay propiedades disponibles para comprar”, lee la medida.