La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) denegó una petición del Departamento de Educación para tener acceso al presupuesto de $21 millones para la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (IDEAR) y, en su lugar, autorizó la transferencia de menos de $600,000 para cubrir los sueldos de empleados transitorios.

En una comunicación escrita con fecha del pasado lunes, 30 de septiembre, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, indicó que Educación no ha demostrado cumplimiento con los objetivos establecidos para acceder a los fondos asignados para la descentralización del sistema educativo este año fiscal, dinero que está bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

No tener acceso al presupuesto atrasará los trabajos para descentralizar la agencia, reconoció el director de la oficina de IDEAR, Roger Iglesias Sepúlveda.

Para obtener el dinero, Educación “debe presentar un análisis integral de personal a la Junta de Supervisión, detallando los roles, responsabilidades y justificaciones para el personal adicional necesario para el piloto de IDEAR”, estableció Mujica. Asimismo, la agencia debía “completar el proceso de solicitud de propuestas (RFP, en inglés) para todos los servicios profesionales en el presupuesto de IDEAR y proporcionar evidencia y el alcance del trabajo”.

“Se va a atrasar un poco. Nosotros tenemos unas fases de contratación del personal para irlos preparando de cara a las dos LEA (siglas en inglés de agencia educativa local) que tenemos proyectadas comenzar en agosto 2025 y se supone que ahora, entre los meses de octubre y noviembre, nosotros completáramos la segunda y tercera fase de contratación. Así que eso se va a detener hasta que nosotros podamos hacer todo el trámite con la evaluación, el análisis de mercado de salario”, expresó Iglesias Sepúlveda, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Los trabajos para descentralizar el Departamento de Educación cobraron fuerza este año escolar mediante la transición de la Oficina Regional Educativa (ORE) de Ponce hacia una LEA, que son estructuras con mayor autonomía fiscal, administrativa y académica. Los planes de Educación son, cada año, iniciar la transición hacia una LEA en más regiones educativas.

Mujica enumeró los cuatro incumplimientos principales de la agencia, entre ellos, que el análisis para sufragar los salarios y beneficios de 65 empleados no estaba a tono con la reforma del servicio público del gobierno de Puerto Rico, y que los documentos entregados no evidencian qué procesos prioritarios serán descentralizados y asignados a las regiones y cómo cambiarán bajo el nuevo modelo.

“Además, se necesitan organigramas y visualizaciones del estado actual y del estado futuro, ya que es difícil comprender completamente el alcance y el impacto de los cambios organizacionales propuestos para descentralizar el PRDE (siglas en inglés de Educación)”, sostuvo.

No obstante, la JSF autorizó el desembolso de $597,324 para financiar 62 puestos entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2024 para no interrumpir la implantación de la iniciativa de descentralización. No se autorizaron los 65 puestos solicitados por la agencia, ya que hay tres plazas que están vacantes, precisó Mujica. Educación deberá entregar el análisis sobre los puestos requerido por el ente fiscal en o antes del 30 de noviembre.

“Mientras que la Junta de Supervisión, a través de esta carta, solo está aprobando financiamiento para los 62 puestos transitorios que ya han sido ocupados por el PRDE durante los últimos tres meses de 2024, el PRDE aún puede presentar la información requerida de acuerdo con los estándares (de la reforma del servicio público) para los 395 puestos restantes solicitados para IDEAR (un total de 457 puestos)”, expuso Mujica.

Asimismo, la agencia deberá entregar un desglose de cómo utilizará $10.8 millones solicitados en fondos para gastos operacionales cada año fiscal.

“La Junta de Supervisión apoya una descentralización diseñada de manera reflexiva e implementada estratégicamente del PRDE para fomentar una mayor autonomía, reducir la burocracia y mejorar la toma de decisiones a nivel local”, expresó el director ejecutivo de la JSF.

Iglesias Sepúlveda explicó que, para cumplir con la reforma de servicio público, se deben realizar estudios de mercado en los que, entre otros elementos, se aseguren de que los salarios sean competitivos comparándolos con la empresa privada y con el mercado en Estados Unidos. Reconoció el incumplimiento, pero indicó que, en reuniones con la JSF, ha presentado que esto está fuera del alcance de los trabajos que hace IDEAR al no contar con expertos en esas labores.

“Lo que quieren es que cuando nosotros vayamos a contratar personal, cumplamos con esos estándares de cuando se implementó la reforma de servicio público y que demostremos que son salarios competitivos. Ciertamente, van a ser salarios más altos que los que tenemos actualmente. Lo que estamos conversando con la Junta es que IDEAR no vino con el propósito de hacer esas revisiones de escalas salariales, porque nosotros venimos para establecer una estructura efectiva y eficiente para la toma de decisiones del Departamento”, expuso.

No obstante, sostuvo que han acordado realizar el análisis, en primer lugar, de unos 140 puestos en conjunto con la Oficina de Recursos Humanos de Educación, pues destacó que este tipo de evaluación afectaría la agencia completa. Esto podría llevar a que el presupuesto requerido sea mayor al propuesto, apuntó Iglesias Sepúlveda.

“Tenemos unos puestos contratados en la región de Ponce, que son puestos transitorios, como parte de la descentralización. Logramos justificar que tenemos esos puestos contratados y son la partida que nos están aprobando para dar continuidad a estos proyectos”, expresó.

En cuanto al RFP para servicios profesionales, Iglesias Sepúlveda indicó que se trata de contrataciones de especialistas en el área académica que prevén realizar.

“Eso lo haremos más adelante”, expresó. “Nosotros estamos vislumbrando que vamos a necesitar unos expertos en asuntos académicos porque ahora mismo estamos más enfocados en la parte administrativa –presupuesto, finanzas, compras, manejo cultural– pero ya ahora entramos en la fase de traer expertos en la fase de asuntos académicos y Educación Especial”, agregó.