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Junta de Supervisión Fiscal objeta presunto déficit de $47 millones en la ACT debido a falta de sistema de multas de peajes

Aunque el gobernador Pedro Pierluisi exigió que para 2022 se reclutara un nuevo operador, todavía no se ha producido una contratación

27 de mayo de 2024 - 11:10 PM

El sistema de Autoexpreso no ha emitido multas desde 2022, cuando se registró un "hackeo" en las bases de datos. (GFR Media)

El presupuesto para el año fiscal 2024-2025 que preparó la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) proyecta un déficit operacional de $47 millones que sería cubierto con fondos de distintas cuentas de reserva, de acuerdo con la interpretación que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) plasmó en la carta de notificación de violaciones que remitió a la corporación pública.

En gran medida, el déficit proyectado responde a lo que, según el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, serían unos ingresos de apenas $3.1 millones por concepto de multas de peajes, en contraste con los $51 millones que se estiman en el plan fiscal certificado en 2023, una diferencia de casi $48 millones. En la misiva, el ente que controla las finanzas públicas consignó que la ACT anticipa que el nuevo sistema de multas entre en vigor en abril de 2025, es decir, al final del año fiscal entrante.

En entrevista con este diario, Marco García Gallina, ayudante especial del director ejecutivo de la ACT, Edwin González Montalvo, discrepó de los señalamientos de la JSF consignados en la comunicación del pasado viernes.

“Hasta ahora, el presupuesto que sometimos es balanceado y uno responsable; no incumple con lo que hemos discutido anteriormente. Siempre habrá diferencias en temas que se van a discutir con ellos. Es parte del proceso”, sostuvo García Gallina, al asegurar que la ACT presentará la información requerida por la JSF a más tardar el 10 de junio, según ordenado por el organismo.

La ACT no ha tenido recaudos por multas de peajes desde abril de 2022, ante las dilaciones en la selección de un nuevo proveedor privado del servicio. En aquel entonces, González Montalvo anticipó que se reclutaría un nuevo operador para inicios de 2023, pero el gobernador Pedro Pierluisi ripostó que su exigencia era que el proceso se completara para mediados de 2022, sin que se cumpliera ninguno de los dos plazos.

García Gallina, sin embargo, afirmó que la razón para la paralización del trámite fueron las negociaciones para ceder mediante alianza público privada las cuatro autopistas con peaje que, hasta el año pasado, administraba la ACT. Según el funcionario, la selección del operador de Autoexpreso debe producirse más adelante este año, con lo que iniciaría la transición que se extenderá hasta 2025.

“Las tres (empresas) interesadas (en administrar las autopistas) nos dijeron que querían tener participación en ese proceso (de Autoexpreso). Se tomó una decisión ejecutiva de aguantar ese proceso en lo que se completaba la transacción”, indicó García Gallina.

La JSF puntualizó que, luego de que la ACT cediera a la empresa Metropistas la administración de la PR-20, PR-52, PR-53 y PR-66 al final del año pasado, las multas representan “la principal fuente de ingresos propios para financiar gastos operacionales”.

“Cubrir ingresos dejados de recibir con las reservas no es una práctica sostenible ni el uso adecuado para estos fondos”, insistió Mujica, quien señaló que la inexistencia de las multas puede redundar en que más conductores utilicen los peajes sin pagar y que la ACT, a su vez, deba compensar a Metropistas.

“La ACT debe proveer una actualización detallada de los planes y el calendario estimado para reemplazar al operador de Autoexpreso, incluyendo una actualización del proceso de requerimiento de propuestas”, agregó Mujica.

Rechazan objeciones de la JSF

Específicamente, la JSF objetó que, para cerrar la brecha, la ACT propone recurrir a reservas de fondos no utilizados en año previos, incluyendo $29.2 millones guardados en el Bank of New York conforme a disposiciones del Plan de Ajuste de la corporación pública, $5.5 millones destinados a gastos legales, $4.6 millones asignados para reclutamiento y $8.8 millones que tienen como objetivo financiar un nuevo Plan de Clasificación y Retribución.

García Gallina replicó que los $29.2 millones fueron un sobrante de los ingresos de peajes que se solían utilizar para trabajos en las autopistas, propósito que mantienen en el presupuesto sometido. Lo mismo, dijo, ocurre con las otras tres partidas.

“Las cuatro cuentas que mencionan en la carta se están utilizando para el propósito que teníamos pautado y que la Junta aprobó en su momento. No estamos claros (de la objeción), pero a veces estas cosas pasan. Es típico de este proceso”, reiteró.

Otros señalamientos de la JSF incluyeron una partida de $31 millones que se contemplaron como ingresos disponibles, cuando debieron haberse ubicado bajo el renglón de fondos que se pagarían a Metropistas por concepto de peajes no pagados, y la asignación de $49 millones para cubrir proyectos de construcción.

La JSF argumentó que, si bien la partida de $49 millones se queda corta de los $68 millones que se estipulaban en el plan fiscal, “la ACT solo gastó 28% del presupuesto en el año fiscal 2023 y, hasta abril, solo había utilizado el 7% del presupuesto (para el año fiscal 2024)”.

“La ACT debe aclarar cómo planifica desembolsar todo el presupuesto”, expresó Mujica.

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